El exintendente de Paraná, Sergio Varisco, fue absuelto hoy en el juicio que se le sustanció tras la denuncia, en 2017, por parte del exdiputado provincial justicialista Gustavo Guzmán a raíz de un trámite de adelanto financiero solicitado por la Mutual Modelo en 2016 por $1,5 millones pero que finalmente no se concretó. También fueron desligados del proceso el exsecretario Legal y Técnico de la Municipalidad y actual concejal de Juntos por el Cmabio, Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual, Ángel Picazzo.

El adelanto de sentencia, firmado por unanimidad por los jueces Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo, supuso un duro revés para la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y la fiscal Patricia Yedro, quienes llevaron adelante la acusación por el delito de peculado en grado de tentativa contra Varisco, Rolandelli y Picazzo. Los magistrados reprocharon en duros términos las falencias de las investigación -no haber imputado por supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública a la exconcejal María Marta Zuiani, y a su pareja, Germán Bruffal, por el tráfico de influencias en el trámite de la Mutual Modelo, y haber citado como testigo y no como imputada a la exsecretaria de Hacienda, Cristina Ruberto- y el trato desigual para iguales trámites: los adelantos financieros otorgados a distintas mutuales en las gestiones de los exintendentes José Carlos Halle y Blanca Osuna.

«Ni el razonamiento ni la conclusión de la Fiscalía pueden ser considerados válidos», entendió el tribunal. En la lectura del adelanto de sentencia -los fundamentos se conocerán el próximo lunes 9 de marzo, a las 8-, el presidente del tribunal, Gervasio Labriola, aseguró que «Varisco contaba con autorización legal y reglamentaria para realizar el anticipo a la Mutual Modelo». Y agregó: «Varisco no hizo más que aplicar la normativa con la que contaba en materia presupuestaria, dictada por el Concejo Deliberante y por el Departamento Ejecutivo en gestiones anteriores».

La Mutual Modelo había pedido a la Municipalidad de Paraná en 2016, al inicio de la gestión Varisco, un adelanto de $1,5 millones, a devolver mediante la retención de los descuentos a los empleados municipales por préstamos otorgados. La Fiscalía entendió que hubo «connivencia» entre Varisco, Rolandelli y Picazzo para concluir con ese pedido de dinero y que se hizo caso omiso a las observaciones de los organismos de control. El razonamiento del tribunal fue otro: si realmente hubo delito, se debió imputar a la secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, que refrendó el decreto y el convenio de adelanto financiero, y que sin embargo fue llevada a juicio como testigo. «La modalidad de devolución y la afectación de garantías revisten escasa relevancia para la resolución del caso. Fue una decisión de gobierno», apuntó.

Al tribunal le llamó la atención que un pedido de adelanto financiero hecho por una mutual legalmente constituida -trámite que ya se había concretado en las gestiones de Halle y Osuna- derivada en la apertura de una causa por la probable comisión de un delito. «La Mutual venía realizando operaciones en gestiones anteriores lo cual le resta importancia a la acusación», dice el adelanto de sentencia, cuya lectura demandó casi dos horas. Y detalló que entre 2008 y 2013 se aprobaron 13 operaciones de adelanto financiero a mutuales en la Municipalidad de Paraná.

Por eso, observó duramente el trato desigual que hubo hacia trámites previos con el que se registró durante la gestión Varisco -todos amparados por el ordenamiento legal vigente- de parte de la Fiscalía. «Se mide con una vara a una operación, y otra vara a otras, según el criterio de la acusación, un trato desigual que no podemos convalidar», apuntó.

No les creyó a las fiscales el tribunal cuando anunciaron que, de haber fallo condenatorio, pedirían que se abran nuevas causas para investigar para atrás, las gestiones de José Carlos Halle y Blanca Osuna en trámites de adelanto a mutuales. «Tuvieron a su disposición durante dos años la documentación para hacerlo», señaló.

El caso

A la audiencia de hoy asistió solamente Picazzo, no así Varisco ni Rolandelli.

En los alegatos de clausura, la Fiscalía había solicitado la pena de 2 años de prisión condicional para Varisco; 1 año y 8 meses para Rolandelli; 1 año y 10 meses para Picazzo.  A los dos últimos, como partícipes necesarios del delito de tentativa de peculado. En tanto, para todos también solicitó la prohibición absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El debate oral arrancó el 10 de febrero y terminó el 19. Por los tribunales pasaron varios empleados administrativos y funcionarios de carrera de la Municipalidad, quienes dieron cuenta sobre cómo se realizó el trámite del adelanto financiero y también refirieron de otros anticipos concretados en gestiones anteriores.

La causa se inició por una denuncia que formuló el ahora exdiputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), y la investigación penal preparatoria la realizó la fiscal Patricia Yedro, quien consideró que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la mutual cuando el 22 de enero de 2016 pidió al entonces intendente un adelanto financiero de $1,5 millones.

La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.

En su acusación, la Fiscalía descató las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero de 2016. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la justicia.

Palabra de los acusados

Los tres acusados se negaron a declarar en el juicio, y sólo hicieron uso de su derecho a las últimas palabras antes de la sentencia.  El 18 de febrero, Rolandelli le dijo al Tribunal: “La verdad es que estoy devastado. Me han hecho mucho mal porque simplemente ejercí mi derecho para la cual estaba habilitado: una opinión jurídica. Una señor presidente, una sola opinión. He pasado dos años terribles de mi vida, mi esposa puede saber el escarnio público que hemos vivido por esto”, comenzó.

A su tiempo, el empresario Picazzo sostuvo que  “cuando surgió esta denuncia en julio de 2017, tanto yo como mi familia no la hemos pasado para nada bien”, dijo y agregó que tuvo que soportar “artículos nefastos hablando mal de mi persona”. Además, señaló que en el transcurso del proceso perdió a su madre.

Al día siguiente, Varisco dijo sus últimas palabras a través de videconferencia, puesto que sus problemas de salud le impidieron estar en el debate –sólo asistió el primer día de juicio-. El exintendente usó poco más de 5 minutos para «reafirmar mi inocencia de lo que se me acusa. Quiero agradecer al tribunal y a todos los allí presentes por haberme dado la posibilidad de esta video conferencia, y decir mis últimas palabras, reafirmar mi inocencia de lo que se me acusa,y también decir que en virtud de mis complejidades médicas, lo que me ha pasado en los últimos días, lamentablemente no he podido estar allí, como lo hice en la primera audiencia. Me hubiese gustado asistir».

La acusación

La tesis de la Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche y la fiscal Patricia Yedro es que existió una connivencia entre Varisco, Rolandelli y Picazzo. En los alegatos, Goyeneche pidió penas de cumplimiento condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Para Varisco, la pena de 2 años de prisión condicional; para Rolandelli, 1 año y 8 meses; y para Picazzo, 1 año y 10 meses. A los dos últimos, como partícipes necesarios del delito de peculado. «Los tres actuaron con dolo y con conocimiento de ilicitud», aseguró en su alegato de clausura.

Señaló que hubo connivencia entre los imputados para que la mutual se haga del dinero en “condiciones favorables” ya que lo iba a devolver en 10 cuotas de $150 mil y, según dijeron, con una tasa de interés irrisoria de 0,25% anual.

La novedad en los alegatos de clausura fue que la Fiscalía decidió cambiar la figura delictiva imputada: se pasó de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, a peculado en grado de tentativa.

En su exposición final ante el Tribunal, Goyeneche aseguró que si se condenaba a los imputados se desglosarían los expedientes de los antecedentes de adelantos financieros de las gestiones de Juan Carlos Halle (2007-2011) y el de Blanca Osuna (2012 a 2015). En el primero se dieron la mayoría: 15 en total. En el 2012 hubo un trámite por parte de Sidecreer, pero no prosperó, al igual que en el caso de la Mutual Modelo en la gestión Varisco.

Además planteó que “el crédito –que se pretendió dar a la entidad- no tenía sustento normativo, tampoco causa ni justificativo alguno”. Y agregó que la entidad adujo problemas financieros al solicitar el anticipo, pero que ello “no surgía de la documentación obrante”. “La maniobra estuvo orientada favorecer a la Mutual Modelo, y poder disponer dineros públicos del ciudadanos, sin ningún tipo de amparo normativo”, sentenció la acusadora.

Los defensores dicen que no hubo delito

La tesis que defendieron los abogados de los acusados es que no existió ningún delito. Los defensores de Varisco y de Rolandelli, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces, insistieron en la teoría de que se juzga un «no hecho» -el adelanto nunca se concretó, porque el trámite fue dejado sin efecto-, y además resaltaron el trato diferencial del Ministerio Público Fiscal que nunca antes había investigado como delito una práctica en el Municipio de Paraná de otorgar anticipo a las Mutuales a cuenta de los montos que debían devengárseles a los empleados por préstamos o servicios que esa entidades brindan a sus asociados.

En los alegatos, el abogado Fouces consideró que los argumentos de la Fiscalía fueron pobres  y que los testigos que pasaron por el juicio derribaron la tesis acusatoria al decir que se trataba de un trámite habitual, con antecedentes y que contaba con respaldo administrativo.

Al respecto, al igual que sus colegas, remarcó que en el Presupuesto municipal está prevista la cuenta “adelanto a mutuales”, que se encuentra dentro de la cuenta “Personal”.

“No hay prueba de que esto fue un ardid de la Mutual Modelo para detraer fondos públicos de la municipalidad. Ya lo había hecho en varias oportunidades y nunca hubo inconveniente”, dijo el letrado. “No podemos criminalizar un acto claro, transparente, regulado por el presupuesto en el que intervinieron los organismos de control sin poner objeción al acto”, agregó.

Por su parte, Pagliotto sostuvo que se estaba ante actos transparentes y con antecedentes de adelantos de las gestiones de Halle y Osuna –este último frustrado-. Al respecto de este último, indicó que con el de Varisco son similares. “Son actos jurídicos mellizos con distintas motivaciones”, afirmó.

En el debate, todos los abogados señalaron que entre los antecedentes se encuentra un trámite de adelanto financiero firmado por Alejandro Cánepa, que en la gestión de Halle fue secretario Legal y Técnico. Luego pasó a ser fiscal y ahora es juez de juicio en el Poder Judicial.

Los testigos

En el juicio, los testigos citados explicaron cómo fue el trámite del adelanto financiero solicitado por la Mutual Modelo y confirmaron que en gestiones anteriores se concretaron anticipos de similares características.

El contador general de la Municipalidad, Eduardo Javier Campedsuñé; y la exsecretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, fueron los primeros testigos que escucharon los jueces. Ambos detallaron cómo se inició el trámite, formulado por la entidad, y dieron cuenta que la discusión interna fue cómo asegurar la cobrabilidad del dinero adelantado.

Por otro lado, señalaron que existían antecedentes similares de adelantos dados a mutuales durante la gestión de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011; y que en 2012 hubo un trámite con Sidecreer que no prosperó durante la gestión de Blanca Osuna.

Otros testimonios de relevancia en el juicio fueron los del subtesorero de la Municipalidad Rubén Aníbal Correa; el tesorero general César Ferrari; el director de Liquidaciones de Haberes, Omar Darío Beltzer; y el de la empleada contable María Elena Vega. Todos dieron cuenta de sus intervenciones en el trámite del adelanto a la Mutual Modelo, y hablaron de antecedentes similares en las gestiones de Halle y Osuna.

También refirieron que el exintendente Halle fue quien creó el Centro único de Autorización de Descuentos (CUAD), sistema que centralizó todos los descuentos que se le hacen a los trabajadores municipales, ya sea para el pago de una cuota alimentaria o por ser socio de una mutual. En ese sentido, se dijo que la dinero para el adelanto a las mutuales estaba previsto en la subcuenta “adelanto a mutuales”, también creada en la gestión Halle para reflejar la operatoria en las cuentas públicas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora