La ciudad se quedó este miércoles otra vez sin el servicio de colectivos y esta vez, de modo sorpresivo, la concesionaria Buses Paraná salió públicamente a endilgar la responsabilidad por la huelga a una interna dentro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes que dirige aquí Juan Carlos Dittler.
Pero desde el sector de los choferes toman distancia de esa posición empresaria, y les achacan un nuevo incumplimiento del pago de compromisos salariales. «Tenían que pagar una suma de $4.000 el 29 de febrero, y todavía no lo depositaron. Y el descuento de dos días de paro que se comprometieron a devolver», contó un delegado a Entre Ríos Ahora.
Y para eso exhiben un acta acuerdo firmada en el Ministerio de Trabajo de la Nación el último 12 de marzo entre la UTA y la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) por la cual se fijó la posición del sindicato de los choferes que planteó que los paros sucedidos fueron consecuencia de la falta de pago de sueldos, y “de ninguna manera se admitirá el descuento de salario, sobre los días referidos”.
Pero Buses Paraná, concesionaria el servicio, sostiene otra cosa: dice que la medida de fuerza que dejó a pie a los usuarios en Paraná este miércoles «esconde un conflicto gremial interno: durante las pasadas semanas, empresas y usuarios hemos sido rehenes de las tensiones y desentendimientos internos del gremio. Durante toda la madrugada presenciamos peleas entre delegados, entre conductores, entre delegados y conductores, y pudimos confirmar que había un amplio grupo de colaboradores que querían y promovían la prestación del servicio».
«Utilizan la crítica situación que la pandemia de coronavirus reviste para vehiculizar sus propios intereses, siendo que desde el lunes se realizan desinfecciones permanentes en las unidades, bases y puntas de línea, y se puso a disposición de todos los colaboradores alcohol en gel para que cuiden su higiene personal», indicó la concesionaria.
Buses Paraná aseguró que «en la jornada de hoy se violó el decreto provincial 361 (al que adhirió el municipio) que prohíbe las reuniones de más de 40 personas como medida preventiva para evitar la propagación del virus». Al respecto, la empresa dijo que «procederá a realizar la denuncia penal antes las autoridades pertinentes. Buses Paraná se encuentra trabajando intensamente para restablecer el servicio y llevando adelante las medidas de higiene pertinentes en el marco de lo establecido por el Gobierno Nacional».
La declaración de la empresa deja abierta la posibilidad de que el conflicto sindical desemboque en los Tribunales.
En diciembre, hubo una protesta de choferes que también dejó sin servicio a la ciudad y entonces hubo una intimación de la Municipalidad de Paraná.
Pero de momento ninguna de las partes, ni el concesionario ni el gobierno de la ciudad han apelado a una ley votada por la Legislatura que declara «servicio esencial» al transporte.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora