El 6 de noviembre de 2018, la Justicia entrerriana impuso penas leves a tres dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y absolvió al exministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, quienes habían sido llevados a juicio por los supuestos delitos de coacciones agravadas en perjuicio de Noelia Trossero, directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante.
Entonces, se juzgaron hechos que sucedieron entre el 5 y 7 de junio de 2017, cuando en el establecimiento asistencial diamantino se dio un fuerte reclamo del gremio que conduce el exdiputado provincial José Allende. El juicio se desarrolló del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2018.
A 1 año y 4 meses del fallo de primera instancia, el caso llega para su revisión ante la Cámara de Casación Penal. Ya tenía fecha de la audiencia ante el tribunal de alzada pero el receso en la Justicia que impuso el aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus aplazó el trámite que en principio estaba previsto para el miércoles 18 de marzo último.
A esa instancia se llega por la apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, que insiste con la tesis de que los dirigentes de UPCN, junto al exministro, apretaron a la directora Trossero. El fiscal a cargo de esa tarea es Jorge Gamal Taleb.
En el fallo de primera instancia, la justicia condenó a un año de prisión condicional por el delito de resistencia a la autoridad a Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato e integrante del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Y a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones simples a José Zarza y Noemí Santamaría, ambos integrantes de la conducción de UPCN.
En tanto, fueron absueltos el exministro de Salud; la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y los dirigentes Zunilda Suárez y Guillermo Barreira.
Al dictar el veredicto, los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala señalaron que no encontraron suficientes elementos para sostener los delitos que recaían sobre las espaldas de los seis dirigentes de UPCN y del exministro De la Rosa.
Al exfuncionario, la Fiscalía le reprochó haber “apretado” por teléfono a la directora Trossero tras una llamada telefónica exigiéndole reincorporar a una enfermera despedida. Al respecto, el Tribunal dijo que “es erróneo afirmar que la llamada de De la Rosa fue una amenaza. La reincorporación de Migueles era una decisión del ministro y no de la directora. El ministro ordenó”.
A la secretaria gremial de UPCN, Carina Dominguez, se la había acusado de organizar y facilitar la presencia de dirigentes de UPCN en Diamante para “apretar” a Trossero y obligarla a recontratar a la enfermera Migueles, a quien despidió el 1° de junio de 2017, desoyendo el amparo gremial que tenía por ser delegada sindical. El tribunal entendió como probadas las comunicaciones entre Domínguez y el dirigente José Zarza durante aquellos días, “pero las mismas no contienen elementos para comprobar la acusación”. “La acusación no superó el plano de la conjetura”, entendieron los jueces.
Tampoco dio lugar el tribunal a la acusación contra Domínguez, Zarza y Zunilda Suárez de haber ingresado en forma violenta al despacho de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante el 7 de junio. El hecho “no existió en la forma en que fue atribuido”. Y agregaron que la acusación de los fiscales no encontró fundamento en la prueba colectada.
Respecto de Fabián Monzón –que fue condenado a un año de prisión condicional-, el tribunal entendió que con la prueba reunida se acreditó “tanto el hecho imputado y la autoría” por el delito de resistencia a la autoridad el día miércoles 7 de junio de 2017 cuando intentó que la Policía no detuviera a cinco dirigentes de UPCN, al grito de “a ustedes los van a trasladar, yo soy director de Iosper”.
La causa
La causa penal se abrió el 7 de junio de 2017 tras una violenta incursión de la cúpula de la UPCN en la Colonia de Salud Mental de Diamante, cuya directora, Noelia Trossero, había dispuesto la baja de una suplencia extraordinaria que cumplía, desde 2013, la enfermera Yanina Migueles, delegada gremial. La medida la adoptó por cuanto Migueles se había resistido a cumplir un cambio de sala -de la 2 a la 3- y por sus antecedentes: se le reprochó haber administrado erróneamente la medicación a dos pacientes.
El caso provocó la renuncia del entonces ministro de Salud Ariel de la Rosa, quien fue reemplazado por Sonia Velázquez. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado su antecesor.
Los aprietes, según denunció Trossero, habían empezado el lunes 5, y siguieron el martes 6, con una supuesta llamada del exministro De la Rosa a la directora exigiéndole que volviera atrás con el despido de Migueles. En esa comunicación, el exfuncionario la habría apurado recordándole que sabía «cositas» de ella y que podría hacerlas jugar en su contra.
Según la acusación de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, hubo situaciones de “apriete” y actitudes “patoreriles” de parte de dirigentes de UPCN para conseguir que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, reincorporase a una enfermera, Yanina Migueles, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja el 1° de junio de 2017 luego de que resistiera un cambio de sala dispuesto por la directora.
Lo cierto es que el caso terminó con tres penas leves y cuatro absoluciones, que ahora la Fiscalía buscará revertir.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora