Un hombre de la Paz es el primer entrerriano con coronavirus que enfrenta una denuncia penal por violar la cuarentena obligatoria que se le impuso para evitar contagios.
El paciente afectado, de unos 34 años, enfrenta un cargo gravísimo: propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa. Esta acusación tiene una pena de entre 3 y 15 años de cárcel.
Precisamente, el artículo 202 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Este sábado por la madrugada, el Comité de Emergencia en Salud de La Paz emitió un comunicado de urgencia que conmocionó a la sociedad paceña: el hombre que el jueves 26 dio positivo en el test de coronavirus rompió la cuarentena y fue denunciado penalmente en la justicia federal.
La grave falta se detectó gracias a una denuncia anónima formulada a las 22:15 del viernes, que provocó que el Comité revisara las cámaras de seguridad de una empresa privada donde terminó comprobando la violación al aislamiento.
“Por tal motivo el COES Local procedió a realizar la denuncia penal pertinente en la Jefatura Departamental La Paz, poniendo a disposición de la justicia federal las pruebas correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos”, informaron en el parte de prensa enviado a los medios.
Y agregaba que “dicho incumplimiento correspondería a la persona que dio como resultado el primer caso positivo del COVID-19 en la ciudad de La Paz el día 26 de corriente”.
Asimismo, se indicó que “se procedió a notificar a Vigilancia Epidemiológica de la provincia y a las personas que pudieron haber tomado contacto con esta persona para que cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio”.
El revuelo local y la palabra oficial
El caso del paciente paceño generó un revuelo en la localidad el jueves, cuando el Ministerio de Salud de la provincia informó de cuatro nuevos casos. Entonces, el Comité de Emergencia en Salud de la localidad armó una rápida conferencia en la que hablaron el intendente Bruno Sarubi; el director del Hospital 9 de Julio, Darío Engelman; y el subdirector del nosocomio, Federico Cejas.
Allí, a un grupo de periodistas contaron que el paciente afectado con COVID-19 llegó a La Paz el 15 de marzo, cinco días después de haberse declarado la cuarentena preventiva y obligatoria.
“La personas no presentaba síntomas al llegar a la ciudad. Luego de 24 horas de haber llegado de Brasil y de enterarse de que el país estaba dentro de las zonas de riesgo se hizo el test correspondiente dando positivo en el día de la fecha”, señaló el jefe comunal.
Entonces, Cejas informó que “el paciente se encontraba asintomático y en cuarentena y podemos asegurar que desde que contrajo la enfermedad no ha tenido contacto con otras personas. Esto nos da la tranquilidad de que pudimos detectar a tiempo la enfermedad y evitar el contacto con otras personas”.
“Podemos dar fe que durante el periodo de contagio no tuvo contacto con el exterior”, dijo luego. Además detalló que el hombre tuvo el síntoma compatible con el coronavirus el 21 de marzo y que la muestra para estudio le fue tomada el 23. El 26 el instituto Malbrán informó del positivo.
En aquel momento una parte de la sociedad paceña exigió conocer la identidad del enfermo, pero las autoridades correctamente explicaron que difundir su nombre y apellido constituye una violación al secreto profesional médico y a la intimidad del paciente.
Ahora el panorama cambió, y la Justicia Federal abrió una causa para investigar lo sucedido. Seguramente, más temprano que tarde, la identidad del ahora acusado será revelada.
El caso de Chaco
Hasta ahora, la única causa penal del país contra un enfermo por coronavirus se llevaba adelante en la provincia de Chaco. Allí los acusados son dos: Gabriela Monzón, jefa de Consultorios Externos del Hospital J. C. Perrando de Resistencia; y su hija.
El caso se abrió cuando los vecinos de la profesional se comunicaron con la fiscalía a cargo de Francisco de Obaldía Eyseric para denunciar que la vieron salir en varias oportunidades de su domicilio. La Justicia actuó rápido y se resolvió el arresto domiciliario para la médica y toda su familia.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.