«No está claro», observa Mario Brmusak , secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), a la resolución que este lunes adoptó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en adhesión a la medida conocida el viernes, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, que dispuso conformar un fondo extraordinario para enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, mediante el aporte del 50% del salario de abril del funcionariado.
El aserto lo dijo por una situación peculiar: el texto de la acordada del Poder Judicial no se distribuyó y no estaba tampoco en poder del gremio de los empleados judiciales.
El aporte extraordinario que resolvió Bordet a través del decreto N° 486, del 27 de marzo último, se funda en la necesidad de “incrementar los fondos disponibles para volcarlos a todas las medidas paliativas que puedan adoptarse para contrarrestar los efectos que esta pandemia produce”.
El texto legal considera “conveniente –además de otras medidas que se irán adoptando- la creación de un Fondo Extraordinario para atender la adquisición de bienes e insumos que se requieren para hacer frente a la emergencia sanitaria” declarada en la provincia, “pudiendo dichos recursos destinarse asimismo a paliar la emergencia económica que dicha pandemia genera”.
Ese Fondo Extraordinario, apunta el decreto firmado por el Gobernador, “se conformará con los recursos provenientes de las diferencias de haberes que se indicarán sobre las liquidaciones de los salarios de todos los funcionarios y autoridades superiores fuera de escalafón, comprendiendo asimismo a todos los demás funcionarios cuyos elementos no estén determinados por otra norma de superior jerarquía”.
El decreto explica que el Ministerio de Economía depositará en una cuenta a determinar los fondos retenidos a los funcionarios. A esa medida adhirió el Poder Legislativo, pero en la Justicia el mecanismo resulta sui generis. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) fijó un mecanismo de aporte voluntario, según el cual será descontado de la remuneración correspondiente al mes de abril, salvo que expresamente el magistrado, funcionario o empleado manifieste su negativa al descuento, mediante una comunicación a la Contaduría General, que deberá efectuarse desde la publicación de la presente en la página del Poder Judicial y hasta el 7 de abril de 2020 a las 13.
El aporte será del 50% del sueldo básico de cada categoría. Pero como el salario en la Justicia goza de intangibilidad constitucional, el STJ hizo una invitación a jueces y funcionarios judiciales.
Qué dicen en la Justicia de ese aporte.
Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, dijo a Entre Ríos Ahora: «Lo que hemos dialogado entre los miembros del comisión directiva es que cada uno es libre de donar o no. Nosotros no podemos disponer del salario de nadie. De todas maneras, es una manera de responder a la crisis desatada con esta pandemia, que no deja a nadie afuera».
«Como aporte solidario, nos parece importante por el especial momento que estamos viviendo todos los cuidadanos -agregó López Arango-, y como una manera de aportar a la crisis sanitaria que se avecina. Todos tenemos que colaborar en estos momentos cada uno dentro de sus posibilidades».
Mario Brmusak, secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), plantea sus reparos porque «no está clara la deisión del Superior Tribunal. La acordada tiene zonas grises. No sabemos cómo va a ser el aporte entre los empleados. Está claro que como sindicato no podemos deidir sobre el sueldo del compañero. Es una situación muy personal. Acá se impone que cada uno decida».
La AJER inició este mismo lunes una serie de asambleas on line con todas las seccionales de la provincia para poner a consideración de todos los afiliados lo resuelto hoy por el STJ. El máximo tribunal de justicia de Entre Ríos «solicitó» al gremio de los empleados judiciales que «gestionen» un aporte de sus asociados. Brmusak dijo a Entre Ríos Ahora que una de las primeras observaciones que hacen los trabajadores es que ese «aporte» no sea en la misma proporción para magistrados y empleados. «Muchos piden que el porcentaje sea menor, no del 50%», explicó.
Pero AJER no adoptará una posición institucional sin antes contar con la opinión de todas las seccionales.
Otras definiciones que se aguardan es la de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, organismos autónomos dentro de la Justicia que, de momento, no se han expresado respecto a si se plegarán, o no, a las disposiciones del decreto de Bordet para donar parte de sus salarios al fondo extraordinario por la pandemia.
En la Procuración hay reparos sobre quién administrará los recursos que se aporten. El STJ dispuso que sea la Contaduría General del Poder Judicial. «La Justicia no es un poder administrador», observó un fiscal consultado por Entre Ríos Ahora.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.