Tres funcionarios y una empleada de la Municipalidad de Nogoyá, que administra Rafael Cavagna (Juntos por el Cambio), debieron designar abogados en el marco de la causa en la que se investiga el presunta retención ilegal de sueldos de empleados y el desvío de ayuda social.

Se trata de una investigación delicadísima porque que al poco tiempo de iniciada tuvo un doloroso capítulo: el suicidio de la Jefa de Área de Limpieza, que había sido denunciada.

La causa, que se tramita a 107 kilómetros de Paraná, se inició a fines de febrero y principios de marzo, cuando una empleada del área mencionada denunció una irregularidad con el cobro de su sueldo, hecho que motivó que la Fiscalía local realizará las primeras indagaciones.

Ahora, se supo que el fiscal de la causa, Federico Uriburu, pidió a tres funcionarios y una empleada que designen abogados, para que estén informadas del avance de la Investigación Penal Preparatoria.

Los funcionarios que debieron designar abogados son el secretario de Gobierno, Marcelo Barreto; Gustavo Gabriel Aga, tesorero; Gerardo Beltramino, director de Servicios Públicos; y a una asistente social, del área de Acción Social, Carina Gómez.

Según supo Entre Ríos Ahora, Barreto designó al abogado Carlos Chemez; mientras que los demás funcionarios designaron a los abogados Luciano Peñaloza y y otro de apellido Da Ros. La asistente social- hasta el cierre de esta nota- aún no ha designado letrado.

Fuentes conocedoras del expediente señalaron que los funcionarios y la empleada aparecen mencionados por algunos testigos que dieron cuenta de diferentes cuestiones inherentes a la causa. No obstante, cabe aclarar, aún a ninguno se le endilga un delito.

La denuncia que abrió la causa

La causa se abrió en la justicia de Nogoyá a raíz de la denuncia de una empleada del área de Barrido y Limpieza que afirmó que la Jefa se quedaba con el sueldo de los empleados y que realizaba un uso indebido de ayuda social.

En los Tribunales, contó que todo comenzó cuando fue a cobrar al municipio y le comunicaron que alguien ya había retirado su haber. A raíz de esa irregularidad, la empleada elevó una queja al intendente Rafael Cavagna, quien habilitó que se le abone el sueldo.

Pero el tema no quedó ahí. Y es que al momento de firmar la planilla del cobro la mujer observó que el casillero donde debía estampar su rúbrica estaba borrado con liquid paper. Esa marca, presumiblemente, escondía la firma de la persona que se había quedado con su pago en primera instancia.La mujer decidió no firmar, y se dirigió a la Unidad Fiscal de la ciudad donde denunció que la Jefa del Área se quedaba con el dinero de los empleados.

Una de las primeras medidas de Unidad Fiscal de Nogoyá fue el secuestro de las planillas del sector de Barrido y Limpieza, que tiene un personal de alrededor de 50 personas. En esa documentación,  trascendió que se observaron 14 casilleros con la misma firma. La sorpresa fue mayor cuando varias de ellas señalaron en declaración testimonial que no prestaban servicio en ese sector y que no cobraran ningún subsidio, que era de $2.500 por quincena.

Algunos testimonios señalaron que funcionarios del municipio estaban al tanto de la presunta retención salarial y del uso indebido de la ayuda social.

El capítulo más triste del caso fue el jueves 12 de marzo, cuando la mujer denunciada fue encontrada muerta en su domicilio de calle Palacios, tras haber sido allanada.

En ese operativo, en ese entonces, el fiscal del caso contó a los medios locales que se secuestraron celulares, agendas, herramientas, alimentos, bebidas, y cartelería con el logo de la Municipalidad, entre otros elementos.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora