El Superior Tribunal de Justicia (STJ) utilizó un tono vehemente para responder a un planteo de magistrados y funcionarios de la Justicia de Entre Ríos que cuestionaron la vuelta al trabajo, dispuesta por el alto cuerpo, a partir del lunes 13 del actual sin contar con los elementos de bioseguridad necesarios, ni con las condiciones técnicas para aplicar el denominado teletrabajo como modo de mantener el distanciamiento social en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
A través de un documento firmado por el presidente del STJ, Martin Carbonell, y dirigido a la Asociación, el Poder Judicial desmintió categóricamente que no se hayan garantizado las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud del personal judicial que se desempeñó a partir del 13 de abril. Y negó enfáticamente que se haya expuesto a los trabajadores judiciales a un riesgo injustificado, y mucho menos haber vulnerado su derecho a trabajar en condiciones seguras.
El STJ sostuvo que la decisión adoptada en el acuerdo especial del 8 de este mes pasado surgió tras previa evaluación y análisis con el conjunto de los representantes de la totalidad de los operadores del sistema de justicia llevada a cabo el día anterior. Durante ese encuentro se consideraron incluso opciones de mayor apertura que habían sido evaluadas por todos los fueros e instancias, como la opción del doble turno, habiendo participado la Asociación sin haber manifestado objeción alguna a la propuesta original ni a la alternativa más restringida que finalmente se implementó.
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La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó la «disconformidad» de sus asociados en una nota que presentó el 12, pero al no obtener respuesta, la reiteró el domingo 19. «Sin perjuicio de que desconocemos si se ha procedido o no a dar formal tratamiento a nuestro planteo, ciertamente sentimos profunda preocupación por la ausencia de toda resolución al mismo, atento a la gravedad de las cuestiones que allí manifestamos», dijeron los magistrados y funcionarios.
«Sostuvimos en esa oportunidad y lo reiteramos por la presente, que dado que son muy dispares las condiciones en las que se presta el servicio de justicia en nuestra provincia, tanto por la naturaleza de cada fuero e instancia, como por la localización de los organismos encargados de cumplirlo, resulta muy difícil y hasta imposible respetar las estrategias de higiene, aislamiento social y demás recaudos establecidos por las autoridades sanitarias tanto de la Nación como de la Provincia. Les hicimos saber también la incertidumbre respecto a la suficiencia de las medidas de cuidado dispuestas, atento a que en algunas jurisdicciones no se habían recibido las partidas presupuestarias para la adquisición de material de limpieza, ni aportado los elementos que asegurasen una adecuada protección, como tampoco había uniformidad de criterios en cuanto a la asistencia de los agentes de cada organismo a los edificios tribunalicios», destacó la Asociación.
Y en forma directa plantearon que «no estaban dadas las condiciones para el inmediato reinicio de la actividad, sin el indispensable, obligatorio y oportuno cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene y capacitación de las personas, tanto en esa materia, como en lo que respecta a las nuevas formas de trabajo impuestas, nada de lo cual puede considerarse subsanado con la cuantiosa comunicación de extensos anexos a través de WhatsApp a escasas horas del reinicio dispuesto, sin dejar obviamente de reconocer el esfuerzo desplegado en aras de lograr aquellos objetivos».
Y destacaron que no fue posible «garantizar en tiempo oportuno las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las personas que debieron reintegrarse a trabajar a los juzgados y tribunales de toda la provincia a partir del pasado lunes 13 de abril, ni capacitarnos oportuna y debidamente acerca de las nuevas modalidades y protocolos de trabajo».
Reacción
Las observaciones de los magistrados merecieron un extensa respuesta del STJ. «La totalidad de las medidas adoptadas en consecuencia, especialmente las referidas a higiene, limpieza y seguridad, se impulsaron siguiendo los lineamientos de la médica auditora del Área de Salud Ocupacional», dice el texto que distribuyó hoy el STJ. Y agregó: «En relación a la modalidad de trabajo a puertas cerradas, importó un desempeño presencial mínimo del personal judicial, reducido a menos del 40 % de la dotación permanente, garantizándose en cada organismo un número máximo de 3 personas (en 3 ambientes), permitiendo el distanciamiento sugerido, sin atención al público y con franjas horarias espaciadas para el ingreso y egreso. Sumado a eso, la no concurrencia de matriculados garantizó una tasa sumamente baja de circulación de público y un nivel de exposición nulo».
En la respuesta a jueces y funcionarios, el STJ sostuvo que hubo «seriedad» en la implementación de las medidas y que el de justicia es un «servicio público esencial». Y añadió: «En cuanto a la posibilidad de hacer uso de la herramienta del teletrabajo, el STJ recordó que el 1° de abril pasado remitió a todos los organismos de la provincia una circular instando a que indicaran los usuarios -hasta un máximo de dos- que podrían llevar adelante la modalidad de teletrabajo. Sólo 150 requirieron su usuario en tiempo, habiéndose interesado otros con posterioridad, alcanzando actualmente el número de trescientas 300 solicitudes».
«Aun así -aseguró el alto cuerpo-, comenzada la modalidad a puertas cerradas, de las 300 habilitaciones requeridas se corroboró diariamente la conexión simultánea de solo un tercio, aproximadamente. Numerosos magistrados se manifestaron en contra de la modalidad por considerar que su labor resulta de imposible adaptación al trabajo remoto. Sin perjuicio de ello, una de las jurisdicciones con más sentencias dictadas durante la semana de implementación de la modalidad (Diamante), operó con un puesto de teletrabajo, y se siguen recibiendo solicitudes, estando actualmente en condiciones de suministrar un número mayor a las interesadas».
Por otra parte, el STJ recordó que de «ninguna manera se impuso a cada organismo que comunique al público el número de teléfono personal de algún integrante del mismo, y menos aún que deba ser el del secretario del organismo. Por el contrario, lo que pidió el alto cuerpo fue que el organismo suministre un celular de contacto a fin de cumplir con eventuales consultas de matriculados y público en general a través de mensajería instantánea; cuestión que fue unánimemente propuesta por los propios magistrados».
En relación a las partidas para la adquisición de elementos de limpieza, «el STJ las transfirió a las jurisdicciones con la regularidad habitual, habiéndose duplicado su importe por acuerdo especial del 8 de abril. Los envíos se efectuaron ese mismo día y durante el hábil subsiguiente. No obstante, por razones ajenas al Poder Judicial, se dificultó su percepción por la falta de atención en las sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. Fue así que el 14 de abril se autorizó por Presidencia el giro de los importes correspondientes a las cuentas ingresos de los habilitados que prestaron su conformidad para ello».
Finalmente, el STJ expresó que «debió enfrentar, al igual que el mundo entero, la escasez de insumos de bioseguridad en el mercado, así como la falta de escrúpulos de sus proveedores al momento de cotizar su valor. Pese a ello, pero sin perder de vista que se trata de fondos públicos que exigen una inversión responsable y eficiente, el STJ autorizó la adquisición de elementos de limpieza por más de 1.700.000 pesos a través de una contratación directa por vía de excepción justificada por razones de urgencia, a partir de la cual se adquirieron la totalidad de los insumos indicados por el Departamento Médico Forense y el Área de Salud Ocupacional, y bajo su control».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora