La Justicia no sólo no hizo lugar a los planteos de nulidad formulados por los defensores del cura Justo José Ilarraz en la causa penal por los abusos en el Seminario de Paraná, sino que le impuso al sacerdote el pago de honorarios a los abogados querellantes.
El tribunal conformado por los jueces Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata, rechazó la apelación de los abogados Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, y confirmó la resolución de elevación de la causa a juicio oral, que emitió el 17 de agosto último el juez Pablo Zoff.
Fornerón y Muñoz cuestionaron como válida la prueba incorporada al expediente judicial que contiene las actuaciones que en 1995 ordenó realizar el entonces arzobispo Estanislao Karlic cuando supo de las denuncias por abusos que pesaban sobre Ilarraz.
Pero los jueces rechazaron esa objeción de la defensa. Sostuvieron al respecto que “lo que en verdad se está cuestionando, bajo la excusa de la existencia de actos nulos, no es otra cosa que la valoración que de los mismos, libremente, han realizado distintos magistrados que expresaron su opinión en la causa, insistiendo nuevamente con ello, olvidando el carácter no definitivo de la etapa procesal en la que nos hallamos, y que será en el plenario en el que los jueces llamados a integrar el tribunal habrán de resolver, en primer lugar, su admisibilidad como pruebas y luego, en todo caso, su valor convictivo”, dice la resolución judicial.
Ahora, el expediente de la causa Ilarraz vuelve al juez de Transición Pablo Vírgala para ordenar, sí, la elevación de la causa a juicio oral. En ese plenario se debatirá la responsabilidad del cura Ilarraz en los abusos que denunciaron 7 víctimas en la Justicia.
Pero antes, el sacerdote, que en 2012 fue apartado del ejercicio sacerdotal y que reside en la provincia de Tucumán, deberá hacer frente al pago de honorarios a los abogados querellantes en la causa. Se trata de una suma total de $94.500, según dispuso la Justicia.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones resolvió así favorablemente una petición hecha por la querella de regular honorarios.
La disposición judicial dice que Ilarraz deberá pagar a los querellantes Rosario Romero $43.200; a Marcos Rodríguez Allende, $ 37.800; y a Milton Urritua, $ 13.500.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.