“Sin perjuicio de afectar el derecho de información y la libertad de prensa, dispuse una medida que garantice estas libertades, pero que proteja a estas víctimas. Esos audios las afecta en su integridad”.
De ese modo, la jueza de Garantías y Transición de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, justificó su peculiar resolución que hizo pública el miércoles 6 en la que vedó la reproducción de audios y videos que darían cuenta de una situación de presunta violencia familiar que ocurriría hacia el interior de una vivienda de Gobernador Mansilla.
La viralización de esos videos por parte de vecinos de Mansilla llevó a las autoridades municipales de esa ciudad a tomar intervención en el caso. Y publicó el caso en su muro de Faccebook:
“Visto los últimos acontecimientos en relación a un video que se está difundiendo a través de las redes sociales, el área de acción social y la oficina de la mujer, dependientes de la gestión municipal, comunican a la población que la joven involucrada ya está siendo asistida y contenida. Para esto han intervenido las autoridades de salud y las responsables de las áreas mencionadas.
“Asimismo, como corresponde en estos casos, se ha puesto en conocimiento de manera inmediata al Juzgado Local, Defensoría , Fiscalía de Rosario del Tala y Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Estas dependencias ya están tomando las medidas correspondientes frente a este tipo de situaciones.
“Cabe destacar la inmediata intervención de las autoridades municipales, judiciales, policiales y de salud de la localidad, atentas a estas situaciones que se pueden generar en el ámbito de nuestra comunidad”.
O sea: el Estado tomó conocimiento de un supuesto hecho de violencia familiar a partir de la viralización en las redes, algo que ahora la jueza de Rosario del Tala juzga inconveniente y contrario al ordenamiento legal, y por eso prohibió toda difusión.
Con bastante voluntarismo y escaso conocimiento del funcionamiento de la lógica de las redes sociales, la magistrada pretende que la prohibición alcance a una red de mensajería como whatsapp.
En Mansilla, una ciudad de poco más de 2 mil habitantes, a 158 kilómetros de Paraná, en el departamento Tala, aseguran que la voz que se escucha en la filmación es de Cintia, una de las hijas de Horacio Coccoz, que hoy tiene 78 años y cuya historia de sometimiento familiar se conoció en 2012.
El sometimiento fue contado por la periodista Marta Marozzini, en El Diario. Entonces, relató el padecimiento de Cintia, quien a los 26 años escapó de la violencia de su padre. Primero estuvo alojada en el Hospital Nuestra Señora del Carmen; y luego fue evaluada por un equipo interdisciplinario del Hospital Escuela de Salud Mental, de Paraná.
En aquella época, la joven negó abusos, pero contó que su padre la privó de su libertad durante 13 años. “Horacio Coccoz es un hombre muy preparado, licenciado en Física, aunque su historia personal quedó estropeada luego de la última dictadura cívico-militar. Padeció la cárcel al igual que su hermano, Javier Coccoz, miembro del comando de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que hoy integra la lista de desaparecidos”, detalló la crónica de El Diario.
“Todo empezó a ser así en 1999. Ese año decidió que ninguno de sus hijos siguiera en la escuela; una de las hijas ni siquiera pudo concluir el 7º grado. Desde ese año, los aisló socialmente. Sin violencia, sin abusos, de un modo enfermizo los mantuvo a distancia del resto del mundo, de los vecinos, lejos de cualquier contacto”, agregaba en aquella nota escrita hace 8 años.
Este jueves 30 de abril último, Coccoz volvió a ser noticia. Una vecina, al escuchar los gritos provenientes del domicilio, decidió grabar los gritos desesperados y denunció por violencia de género al hombre.
Ahora, la jueza Cabrera prohibió la difusión de los videos filmados por los vecinos de los Coccoz. La medida se adoptó a pedido de la defensora oficial Débora Vanesa Cosatti, que solicitó que «se disponga, en carácter de medidas inhibitorias» el «cese de la publicación, reproducción, circulación de los audios e imágenes que están siendo publicados referidos a los hechos de investigación en este legajo en los diferentes medios de comunicación tanto televisivos, radiales, escritos, como digitales locales, provinciales y nacionales, como así también en las redes sociales, facebook, instagram, wattss app (SIC), google, etc, ordenando asimismo procedan a retirar de los portales las informaciones, videos, audios, noticias, y/o similares de los hechos referidos ya publicados, impidiendo la publicación de los mencionados en aquellos medios que aún no lo han hecho, como también la prohibición de realizar comentarios, ya sea directa o indirectamente respecto a los hechos que están siendo investigados en esta causa».
Publicado por Radio Municipal Maciá en Jueves, 7 de mayo de 2020
Durante una entrevista con Radio Municipal de Maciá, la magistrada explicó que la medida que adoptó «no implica que no se hable del caso, porque no se puede prohibir. El tema es la divulgación de esos videos, de esas imágenes, que lo que hacen es exponer a estas mujeres». Al respecto, apuntó: «No se las puede exponer públicamente de esa manera. Este es el sentido de la resolución. No es una afectación al derecho de la información, sino impedir que sigan divulgando, porque implica afectación a la intimidad, y una revictimización».
Dijo la jueza que su resolución se adoptó en base a un pedido de la defensora oficial en representación de Rosa Pereyra, Cynthia Coccoz, Gisela Coccoz,Vanesa Coccoz y Silvana Coccoz, ya que la divulgación de audios y videos afectan su intimidad y “las revictimizaba, en el caso de que sean víctimas de algún hecho, o no”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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