La causa de los contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana cumplirá 2 años el 20 de septiembre próximo. La investigación se abrió en 2018 cuando detuvieron a los primeros sospechosos en una operatoria irregular con tarjetas de débito.

En una primera etapa, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el juicio oral y público llegaría en 2019. Pero no ocurrió. La acusación medular de la Fiscalía es que se está ante una organización que operó en la Cámara de Senadores y Diputados y que, a través de contratos apócrifos, le produjeron al Estado una pérdida de $2.000 millones a lo largo de una década, entre 2008 y 2018. Ese número fue determinado por un contador de la Procuración, Héctor Enrique.

Sin embargo, tras varias audiencias durante 2019, los abogados defensores de los principales imputados lograron poner en duda esa cifra que parecía inamovible. Así, se llegó a que se practique una pericia contable nueva -y con participación de las defensas técnicas- para determinar si hubo contratos truchos y, si los hubo, establecer de cuánto fue el monto de la presunta estafa.

A la cabeza de la pericia se encuentra la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell. Se trata de una perito oficial del STJ, es decir, es independiente de la Fiscalía y los defensores.

La tarea comenzó el 4 de noviembre del año pasado, pero se vio interrumpida por el receso judicial de diciembre, primero; y, después, por la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus.

El miércoles 6 de mayo, tras varios meses de inactividad, se reanudó el trabajo pericial. El mismo se realiza en el edificio del Ministerio Público Fiscal, en Paraná, todos los miércoles, de 8 a 12.

Sin embargo, la tarea parece demorada ya que no todos los contadores de las defensas se han presentado a realizar la labor. Así quedó registrado en una comunicación judicial remitida a los defensores vía correo electrónico este lunes 11, supo Entre Ríos Ahora.

Allí, se recordó que las operaciones periciales contables se reanudaron el miércoles 6 y que al mando se encuentra la perito Oficial del STJ Andrea Battisti, “quien desde el día en que se inició lo ha hecho con aquellos peritos de parte designados y que han concurrido en las fechas y horarios señalados”.

Tras recordar el lugar donde se lleva a cabo la pericia, se requirió a los peritos de parte contadores “Vuconich y Fernandez Burzaco, como así también a los demás contadores de parte designados, teniendo en cuenta que hasta el momento solo se ha hecho presente el contador Dumé, que informen con antelación en caso de concurrir a participar de la pericia contable que se seguirá desarrollando los días miércoles en el horario de 8 a 12 horas, en miras a habilitar más oficinas en dependencias de esta Fiscalía, todo ello a fin de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y todas las normas de higiene requeridas conforme la situación sanitaria de público conocimiento”.

El miércoles 13 será la segunda vez que las partes se reunirán para continuar con la salomónica labor de determinar cuáles son los contratos legales, cuáles no y, finalmente, si existió una defraudación al Estado con la maniobra de contratos ficticios.

La causa

La tesis de la Procuración es que esas operaciones -en los que estaban involucrados funcionarios de Diputados y de Senadores, estudios contables externos y particulares- le produjo un perjuicio al fisco en el período 2008 a 2018 del orden de los $2.000 millones.

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, una organización compuesta por empleados del Estado, contadores y contratados, se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Esos números, sin embargo, han sido puesto en tela de juicio por los abogados defensores de los imputados, entre los que están Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; Guido Krapp; Pedro Oppromola; Héctor Falco; Flavia Beckman; Hugo Mena; Roberto Faure; María Victoria Alvarez; Esteban Scialocomo; Jorge Balladares; Viviana Mena Giovenni; Jazmín Mena Giovenni; Nicolás Beber; y Reinaldo Mansilla; Guillermo Vartorelli, que junto a su colega Patricia Valín defiende a Juan Pablo Aguilera –cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-, a la esposa de éste, Luciana Almada; a Alejandro Almada, Jorge de Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla; Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sonia Marozzini; y, entre otros, Iván Vernengo, que representa a Alfredo Bilbao.

Qué dice la imputación 

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En esta descripción del hecho se menciona al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora