La Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche confirmó que el fiscal Pablo Zoff presentó un escrito de apelación a la resolución que firmó el juez de Transición N° 1 Carlos Hugo Ríos, quien determinó que no hubo fraude al Estado en la voluminosa causa de las «cosechadoras truchas a raíz de lo cual¡ dictó el sobreseimiento de todos los imputados, entre los cuales estaban los empresarios de Grandes Máquinas-Grupo Senor, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y los ex ministros de Economía, Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa), y de Producción, Roberto Schunk.
La novedad de la apelación la dio a conocer hoy el sitio Análisis Digital. Aunque la decisión ya había sido adelantada por Goyeneche a Entre Ríos Ahora cuando se conoció la decisión del sobreseimiento. Lo curioso del caso es que el fiscal que introdujo la apelación es Pablo Zoff, quien antes de integrar el Ministerio Público Fiscal ocupó el lugar que ahora tiene Carlos Ríos como juez de Transición. En ese despacho estuvieron, sucesivamente, Paola Firpo, Zoff, Firpo, y Ríos. Ahora, Firpo es jueza de Garntías. Zoff fue de los jueces que más activó la investigación penal sobre la operatoria de la denominada «cosechadoras truchas».
En diciembre de 2017, Zoff dejó de ser juez al ser designado fiscal interino en la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, cargo que luego titularizó. Entonces,el lugar de Zoff fue ocupado por Susana Paola Firpo, quien hasta el 1º de enero de 2018 tuvo una doble función: titular del juzgado de Transición y jueza de Garantías N°1. De ese modo, Firpo regresó al juzgado que estuvo a su cargo hasta agoto de 2016, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la designó como Jueza de Garantías Nº 1 suplente, en reemplazo de Marina Barbagelata. Entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, Zoff estuvo a cargo del despacho del Juzgado de Transición. Pero Firpo volvió a dejar ese juzgado en octubre de 2019, cuando fue designada jueza de Garantías en reemplazo de Elvio Garzón, que fue promovido a juez de juicio. Entonces, su lugar fue ocupado por Carlos Ríos.
La causa de las cosechadoras está caratulada “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”. Aquí están imputados por el supuesto delito de fraude a la Administración Pública los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y por la parte pública, el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Roberto Schunk.; Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).
En la causa se investiga el destino de $5,5 millones que recibió en concepto de créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA (del Grupo Senor), dinero que fue otorgado por el Gobierno de Sergio Urribarri, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), para la fabricación de cosechadoras en un galpón en Concepción del Uruguay.
Este año que se va, Zoff emitió una serie de exhortos a empresas y exempleados. Uno de los exhortos fue dirigido a juzgados penales de Córdoba y San Luis , con un formulario de preguntas dirigidos a tres empresas que, en principio, formarían parte del Grupo Senor, a saber: “Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A.”, “Matrimet S.R.L.” y la “Cooperativa de Trabajo Septiembre LTDA (Cotrasep)”. Ante la salida de Zoff del juzgado, será la juez Paola Firpo quien deberá resolver si procesa a los imputados o declara la falta de mérito.
Ahora, una investigación que lleva ocho años en la Justicia, el juez suplente Carlos Ríos -asumió en octubre de 2019- resolvió sobreseer a todos los invol
La investigación se inició con una denuncia del abogado Guillermo Mulet a mediados de 2012. En la causa, la Fiscalía buscó desentrañar qué sucedió con los créditos millonarios que otorgó el Gobierno de Sergio Urribarri a la empresa Grandes Máquinas S.A., del Grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.
La Justicia investigó el destino de los $5,5 millones en créditos del Estado entrerriano que recibió la firma, entre 2009 y 2012, para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La empresa quebró en 2014 y no se construyó ninguna cosechadora.
En la resolución de sobreseimiento, el juez Ríos concluyó que “se encuentra acreditado que el Finver ante el incumplimiento de los empresarios hizo todos los reclamos administrativos tendientes a la ejecución de las garantías, no así los judiciales, que son responsabilidad del Fiscal de Estado, al que también se peticionó instrucciones referidas a la efectivización de la cauciones y se informó respecto de los trámites realizados en el tema”.
n la resolución, el magistrado consideró que todos los funcionarios actuaron con diligencia y dentro de las normas legales, y que no cometieron ningún delito. No obstante, reconoce que no toda la prueba llegó a la justicia para tomar una resolución, como las respuestas a las empresas de otras jurisdicciones que pertenecerían al Grupo Senor, y que los mismos presentaron como avalistas para el proyecto de las cosechadoras.
Asimismo, dijo que en el expediente se constató la “remisión de una nueva nota al IAPSER que adjunta copias de las cartas documentos enviadas y de la resolución N° 2 del FINVER, firmada por los Ministros Schunk y Valiero, tendiente a la efectivización del seguro de caución, que respaldaba el crédito otorgado a la empresa GMCU SA”.
Dice también que “en fecha 14/5/13 se verifica otra misiva al Área de Siniestros Patrimoniales del IAPSER por parte de la encartada, con remisión de copia de póliza No 000086130/000000, carta documento, recibo del correo, nota de información del concurso preventivo, nota del Ministro de Producción poniendo en conocimiento de la finalización del expediente administrativo, nota del Ministro Schunk, informe jurídico de la Dra. Sandra Varas (Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía), quien en todos los casos es quien asesora y persona de confianza del entonces Ministro de Economía y presidente del FINVER -Contador Valiero- y expediente donde obra la resolución N° 3”.
En otros párrafos, hace mención a otras diligencias realizadas para conseguir el pago del seguro de caución.
“Como sostuve al inicio, no surge del análisis de los elementos probatorios colectados, la defraudación por parte de los encartados Ricardo Javier y Ricardo Vicente Senor, Scravaglieri y Boll, quienes buscaban financiamiento para encarar el proyecto de instalar una fábrica de cosechadoras agrícolas, que luego de comenzar auspiciosamente se frustró, seguramente por alguno de los motivos expresados por Ricardo Vicente Senor, Scravaglieri, Aguirre, Ripani y Larrivey -Sindico del Concurso Preventivo de GMCU SA-, correspondiendo por ello rechazar la imputación fiscal”, dijo el juez Ríos en el fallo al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora.
En cuanto a Schunk y Valiero, el juez Ríos sostuvo que “ actuaron en forma proba y en cumplimiento de su deberes legales y reglamentarios no beneficiando ninguna apropiación -o desviación de dichos fondos- distinta al destino del mencionado emprendimiento en perjuicio del estado provincial”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora