El exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, deberá aguardar a que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije día y hora para que un juez avale el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, con la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, el fiscal coordinador Álvaro Piérola y los fiscales Laura Cattáneo Leandro Dato, que cerraría así las tres investigaciones penales que pesan sobre sus espaldas: una por enriquecimiento ilícito; otra por amenazas al periodista Martín Carboni; y una tercera por aprietes a la ministra de Salud, Sonia Velázquez.
El artículo 391° del Código Procesal Penal prevé que el “defensor podrá convenir con el fiscal la solicitud de un juicio abreviado a partir del reconocimiento del hecho intimado. Esta solicitud podrá ser escrita u oral y deberá contener la acusación de acuerdo a las previsiones del artículo 403, el pedido de penas y consecuentemente, la confesión y expresa conformidad del imputado y su defensor”.
Allende firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y en el marco de la condena que se le impondrá -un juez deberá rubricar el acuerdo entre defensor y fiscales- tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares). También reconoció el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso deberá pagar una multa de $3 millones. Además, se le impondrá una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos, según reveló Análisis Digital.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, dijo que ya «está presentada la petición de juicio abreviado firmada conjuntamente por el acusado, su defensa y los fiscales Piérola, Cattáneo y la Procuradora Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. La presentación se hizo ante la Oficina de Gestión de Audiencias, que ha de fijar fecha de audiencia».
«Es una condena que queda firme y se cumple de inmediato -sostuvo el Procurador-. Hemos tenido muchísima dificultad con la prueba pericial en la causa de enriquecimiento. El Tribunal de Cuentas se negó a darnos un perito, pese a tener un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de hace años; la Policía Federal hizo un informe muy malo que no nos sirvió para nada. Y la suma de enriquecimiento injustificado de Allende que constató nuestro perito no estuvo lejos de lo finalmente acordado: la entrega de los inmuebles y la multa de $3 millones».
Según García, al decomiso de propiedades y al pago de la multa millonaria se le suma la inhabilitación perpetua para la función pública. Claro que podríamos seguir investigando con el riesgo de que después de muchos años alguien alegue vulneración de plazo razonable y con suerte obtengamos una condena igual, como los antecedentes de (Raúl) Taleb, (Domingo) Rossi o (Mario) Yedro lo demuestran. Lo importante es que se admiten los delitos; también las amenazas, obvio. Entre Ríos tiene la mayor cantidad de condenas por estos delitos de corrupción en comparación con el resto del país. Parece que en la Nación o en otras provincias los funcionarios son santos».
-Generó mucho ruido este acuerdo.
–No nos fijamos mucho en las repercusiones públicas de las causas.Solo analizamos la legalidad constitucional. Después, el juez o el tribunal deberá resolver lo que a su juicio corresponda. Después de nuestra trayectoria en materia anticorrupción, hablar de «operación » suena ridículo, más allá que todo el mundo puede pensar lo que quiera.
-¿Qué rol tuvieron las víctimas de los delitos que se le imputaron a Allende?
-Se les avisa a las víctimas. No tiene ningún efecto procesal porque no son querellantes. Es decir, el juicio abreviado se admite o no por el Tribunal según estime, sin que sea dirimente que se oponga una víctima. Solo en los casos de abuso o violencia de género no abreviamos sin conformidad de las víctimas Tengo entendido que la ministra (de Salud, Sonia) Velázquez dio su conformidad. En el caso del periodista (Martín) Carboni tuve la deferencia de avisarle telefónicamente.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora