Las deficiencias del servicio de colectivos de Paraná volvieron a ser materia de discusión en la sesión del Concejo Deliberante de este martes. Esta vez, la problemática se puso en agenda a raíz de un proyecto de resolución del concejal David Cáceres (PJ), quien propuso que se inste al Departamento Ejecutivo Municipal a conformar una comisión auditora para analizar los registros contables de las empresas que integran Buses Paraná, unión transitoria entre Ersa Urbano y Transporte Mariano Moreno.
El tratamiento del proyecto no estuvo exento de un breve cruce entre el autor del proyecto y su par radical, Walter Rolandelli, exsecretario Legal y Técnico durante la gestión de Sergio Varisco. Fue cuando tocaron los vínculos de las empresas con la gestión municipal.
En primer término, al argumentar su propuesta, el edil peronista se anticipó a las críticas de quienes pueden ver el proyecto como un intervencionismo excesivo del Estado en una empresa.

“Quiero llevarle tranquilidad a algún otro crítico pro gobierno neoliberal que podrá hacer seguidismo de lo que escucha o peor aún que salen a repetir lo que le dicen que tiene que decir. A veces escuchan mal y repiten peor. En este proyecto lo único que intentamos hacer es que se cumplan las cláusulas que fija la normativa vigente: la ordenanza del marco regulatorio, la de los pliegos y el contrato de concesión”, dijo.
En ese sentido, recordó que los concejales radicales Walter Rolandelli y Francisco Avero, cuando fueron funcionarios del gobierno de Sergio Varisco –el primero fue Secretario de Legal y Técnica; y el segundo Fiscal de Estado – fueron “los grandes responsables del servicio de transporte porque por ellos tuvieron que pasar estas licitaciones y el contrato de concesión”.
Y agregó que en la actualidad se debería discutir cuál es la real situación económica de Buses Paraná. “Tenemos que saber si fue rentable el servicio en algún momento, cuándo empezaron a perder ganancias, si las perdieron, si son deficitarios. como por allí muestran las empresas”, planteó.
Por ello, aseveró que “para empezar a diagramar solución debemos hacer un exhaustivo análisis de los registros contables para empezar a ensayar una solución” y especificó que esa facultad de solicitar información contable está prevista en la ordenanza N° 9.472, del Marco Regulatorio del Servicio de Transporte, en sus artículos 13, 20 y 43.
“Argumentos fundados tenemos de sobra, porque si hay algo que discutimos siempre es que prometieron un servicio de avanzada, y no solo que no resolvieron las deficiencias, sino que los empeoraron”, añadió.
Al finalizar su alocución, afirmó: “Realmente hay que ponerse firme. Celebro que esta gestión no tenga ningún tipo de vinculación con la firma, entonces esto le da independencia para poder avanzar en este tipo de iniciativas”.
Enseguida, el concejal del bloque de la UCR, Walter Rolandelli, tomó la palabra y le respondió a Cáceres que la gestión de Bahl sí tiene vínculos con la empresa. “Queremos acompañar el proyecto y decirle al concejal Cáceres, que celebra que no tienen ninguna vinculación con la empresa, que no nos olvidemos que quien ejercía el SITU (Sistema Integral de Transporte Urbano), era el gerente (Sebastián) Lischet y hoy es parte del funcionariado del contador Adán Bahl”.
Los dichos del edil radical fueron en referencia a Sebastián Lischet, actual coordinador del área de Movilidad y Habilitación y que antes de recalar en la función pública integró el SITU en representación de la empresa Mariano Moreno, de la cual su padre, Marcelo, es gerente general.
La designación del hijo del empresario en un área del Gobierno municipal fue cuestionada por el bloque radical en enero de este año.
Tras ello, pidió acompañar el proyecto. “Es necesario que desde el Concejo acompañemos la propuesta de David porque es necesario saber qué pasa con el transporte de colectivo. Celebramos esta comisión auditora para analizar los registros contables de las empresas. Es necesario que como sepamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando con la empresa Buses Paraná”.
Finalmente, el proyecto para estudiar los registros contables de la firma fue aprobado para comenzar a analizarlo en la Comisión de Legislación y la de Servicios Públicos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora

