Una investigación del diario Página 12 reveló lo que ocurre hacia el interior de la red de colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta): en su enseñanza, promueve un adoctrinamiento homo y lesbofóbico y discursos de odio hacia el movimiento feminista. Se trata de un grupo católico integrista, fundado por un sacerdote con vínculos con la última dictadura militar y con el criminal nazi Erich Priebke, que fue adquiriendo escuelas de congregaciones religiosas en crisis en distintos puntos del país, y hoy ostenta la propiedad de 23 colegios en 18 ciudades de 11 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, además de institutos de formación superior, una universidad en Mar del Plata –con dos subsedes– y una editorial donde editan sus propios libros escolares. El 76 por ciento de sus escuelas recibe algún nivel de subvención estatal. En el 48 % de los casos, el aporte del Estado llega al 100 por ciento, de acuerdo al último relevamiento anual de la Dirección de Información Educativa, del Ministerio de Educación.
Según la publicación, a sus alumnas y alumnos les dicen que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a adoptar. Y describen a las feministas como “sumamente agresivas”, “prepotentes” y “enemigas de las maternidad”. Definen al “lesbianismo” como “un despropósito” y “una depravación”. Enseñan que el divorcio es “la ruina de la familia”, el matrimonio igualitario “la aniquilación del concepto de familia”, que el ser humano “por naturaleza es varón o mujer” y que el preservativo no es efectivo para prevenir el VIH. Todo, con subsidios del Estado. La ventilación de lo que ocurre hacia el interior de los colegios Fasta movió a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, a denunciar la situación. “Entendemos que existen elementos suficientes para que las autoridades judiciales investiguen si los contenidos educativos emanados por la Red Educativa FASTA alientan el odio sobre el feminismo, y la diversidad sexual, entre otros grupos de personas”, dijo Donda.
El caso movió a un grupo de diputados nacionales a presentar un proyecto de resolución en la Cámara Baja de la Nación a través del cual manifiestan la preocupación ante la gravedad de las denuncias que se han realizado sobre estas instituciones educativas y recalca: “Instamos a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la verificación de los hechos y a intervenir en el marco de su competencia, en el control de los contenidos y las prácticas educativas que se imparten en esas instituciones”. Entre los firmantes, están las entrerrianas Carolina Gaillard y Blanca Osuna.
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Enterada de esa presentación, la Red de Familias Entrerrianas, que aglutina a un colectivo que se ha opuesta férreamente a la discusión parlementaria de la legalización del aborto y que también disiente con los lineamientos de las Ley de Educación Sexual Integral (ESI) entendieron que se trata de “un grave ataque” por parte de las legisladoras. La ONG redactó un pronunciamiento dirigido especialmente a Gaillard y Osuna, como antes personalizó sus publicaciones en las redes contra los legisladores nacionales por Entre Ríos que apoyaron la legalización del aborto.
La Red de Familias Entrerrianas –a cuyas movilizaciones se ha sumado el exdiputado provincial peronista y ahora funcionario de Anses Gustavo Guzmán- entendió que las legisladoras entrerrianas “firmaron un proyecto de resolución en el que incitan a iniciar investigaciones e intervenir los colegios por no impartir ideología de género en sus aulas, cosa que va en contra del ideario de la institución”.
“Las diputadas Blanca Osuna y Carolina Gaillard incurren en un grave ataque contra los derechos y no hacen más que perseguir e intentar coartar la libertad de quienes piensan, creen y viven de manera distinta haciendo uso pleno de sus derechos constitucionales”, subrayó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora