El sistema de salud está que se funde, dice Fernando Cañete, presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y dice que todavía no se funde por cuanto la pandemia de coronavirus retrasó esa involución. “La salud –dirá entonces- no tiene precio pero tiene un costo y ese costo es financiero y hay que tener los recursos para cubrirlo”.
Ese costo es cada vez mayor, y el sistema solidario que tiene Iosper, entiende Cañete, estalla cuando se observa una situación particular: muchos recursos se concentran en la atención de pocos afiliados, la más de las veces vía recursos de amparo que acoge favorablemente la Justicia. Así, sobre un padrón de 300 mil afiliados en la Provincia, 16.380 absorben el 61,1% del gasto prestacional. Esos poco más de 16 mil afiliados representan apenas el 5,4% del padrón total, datos que contiene un informe oficial de Iosper al que accedió Entre Ríos Ahora
«El 61% del presupuesto prestacional de Iosper lo absorbe el 5,4% del padrón total en medicamentos de alto costo»
Fernando Cañete, titular de iosper.
Son tres las variables que determinan esa distribución desigual de los recursos: medicamentos de alto costo –muchas veces se utilizan en pacientes terminales en forma experimental-, las nuevas tecnologías en medicina y la aplicación de las denominadas “leyes especiales”. Ese 61,1% del gasto prestacional que se ocupa en la atención de 16.380 afiliados se explica así: el 7,36% del gasto prestacional anual en 2019 se destinó a pacientes con diabetes; el 29,29% a medicamentos de alto costo; y el 24,45% a discapacidad.
Cañete se detiene en dos ítems: medicamentos de alto costo y discapacidad. Y recuerda que en 2019 debieron pagar 3 millones de dólares mediante recursos de amparo en medicamentos “de uso compasivo”. Cita el caso de un paciente con cáncer de pulmón a quien su médico recetó “Atezolizumab”, una medicación todavía en etapa de experimentación. El caso se discutió en la Justicia, y en la Justicia el profesional admitió que no está probado que el medicamento en cuestión aporte beneficios, pero argumentó que tampoco hay evidencia de que no tenga resultados. El forense, cuando tuvo que argumentar a pedido del tribunal, dijo: “Conozco al médico. Es un profesional sumamente responsable. Si indica el tratamiento es porque realmente el paciente lo necesita atento al estado de salud”. No argumentó con elementos científicos.
«Iosper paga 407 maestras orientadoras integradoras (MOI), que es un gasto en educación, no en salud, y corresponde al CGE»
fernando cañete, titular de iosper.
Iosper fue condenado en primera instancia a financiar esa medicación, $1,4 millones de costo. En el ínterin, la obra social apeló al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que anuló el fallo de primera instancia. Pero la medicación ya había sido comprada. “En alguna droguería de Canadá se aprueba un medicamento (sin importar su efectivida) y automáticamente en Argentina se puede comercializar”, dice Cañete, algo que hay que corregir, demanda, porque “perjudica los pocos recursos que maneja el sistema”.
La otra distorsión que observa Cañete es en el gasto prestacional por discapacidad: el pago de maestras orientadoras integradoras (MOI) para afiliados con alguna discapacidad, y que insume $60 millones al año, Iosper sostiene que es un gasto en educación y no de salud. Y que el gasto debe salir del Consejo General de Educación (CGE) y no del Iosper.
El presupuesto de Iosper en 2019 fue de $5.644 millones; el CGE, $23 millones. “Para este año –dice Cañete, y se refiere a 2020- el presupuesto de Iosper es de $6.923 millones; el de Educación, $36.348 millones (el 81,16% es para salarios). Ellos tienen recursos para pagar, no la obra social. Nosotros atendemos salud somos financiadores del sistema de salud”, sostiene.
El desfase financiero provoca, entre otras cosas, el atraso en la devolución de reintegros. Ahora, la obra social provincia adeuda $53 millones en reintegro.
En 2019, pagó $390 millones en reintegros, pero a veces los pagos se demoran porque la obra social prioriza otros gastos en un marco de recursos limitados, dice Cañete. “Muchas veces tenemos que debatir entre pagar 3 millones de dólares en un medicamento de alto costo que es de uso compasivo, que tenemos que asumirlo por recurso de amparo o distribuir recursos en lo que muchas veces nos exigen, o pagar $60 millones de MOI, cuando los recursos los tiene el CGE, que hoy esos $690 millones representa lo que tenemos en demora de reintegro de internaciones”, asegura.
Iosper –con 857 empleados y 87 delegaciones en la provincia-, sostiene Cañete, es la obra social más pobre” de Argentina. Financieramente se sostiene con el aporte de los afiliados, empleados de la Administración Pública, y el aporte del Estado, como empleador. En Entre Ríos el aporte es del 7,5% -el empleado activo, un 3%; la patronal, el 4,5%- pero en Buenos Aires ese aporte es del 9,6%.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora