El ex ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, entabló un reclamo legal con la Municipalidad de Paraná para que le renueve su permiso de conducir.
La demanda es una más de las tantas que interponen vecinos de la ciudad por alguna situación burocrática, pero ésta tiene una particularidad: el pleito se originó porque al exfuncionario le reclaman el pago de $210 mil en multas, por la supuesta existencia de 75 infracciones de tránsito realizadas desde el año 2015 a la fecha en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
“Es una situación ridícula; nunca estuve en esos lugares”, dijo el ex funcionario al ser consultado por Entre Ríos Ahora.
Ariel de la Rosa fue ministro de Salud de la provincia de 2015 al 10 de junio de 2017, cuando se vio involucrado en el escándalo desatado en el hospital Colonia de Salud Mental de Diamante con la detención de los delegados gremiales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) tras una fuerte protesta contra la directora del nosocomio.
En ese caso fue juzgado en noviembre de 2018, cuando fue absuelto de los cargos que le imputaron. Entonces, los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, no encontraron suficientes elementos de peso en la acusación de los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato para sostener los delitos que recayeron sobre las espaldas de seis dirigentes de UPCN y del exministro. Al exfuncionario le reprochaban haber “apretado” a la directora Noelia Trossero para que reincorpore a una enfermera despedida.
Lejos de aquel episodio judicial que lo tuvo en el centro de la escena política, hoy el exministro volvió a los Tribunales pero con un reclamo de vecino: presentó un recurso de amparo para que se ordene a la Municipalidad de Paraná a que, según dice el escrito presentado, “cese en su actitud manifiestamente ilegítima de exigir el pago de supuestas multas de extraña jurisdicción como condición previa a la expedición de la renovación de la Licencia Nacional de Conducir, lo cual restringe, altera, limita y lesiona de manera manifiestamente ilegítima derechos reconocidos por la Constitución Nacional y nuestra Carta Magna Provincial”.
La acción la promovió con el patrocinio del abogado Diego Beber Brunner. En el recurso, reseñó que el 21 de febrero concurrió al municipio para tramitar la renovación del permiso de conducir y tomó conocimiento de las multas a su nombre.
Por ello, accionó asegurando que las multas no le corresponden y pidió que se le otorgue el permiso puesto que debido a su profesión “necesita realizar viajes por el interior de la provincia a fin de realizar controles a sus pacientes, provocándole este impedimento, un perjuicio grave a su derecho a trabajar, circular libremente y ejercer su profesión”.
El municipio, por su parte, solicitó rechazar el recurso de amparo, ya que planteó que el exfuncionario debió cuestionar oportunamente cada multa, mediante el procedimiento establecido por las leyes que regulan la materia.
Finalmente, el 17 de abril el juez de Garantías Mauricio Mayer le dio la razón al municipio y rechazó la pretensión de De la Rosa. Sin embargo, el pleito no quedó allí puesto que el exfuncionario apeló y llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El 8 de mayo, el STJ rechazó nuevamente el planteo de De la Rosa y confirmó lo resuelto por Mayer. “Surge claramente que la pretensión actoral no logra superar los requisitos y condiciones de procedencia, y admisibilidad de la Ley de Procedimientos Constitucionales”, dijo en su voto el juez Germán Carlomagno.
Luego agregó: “No advierto aquí una cuestión que ponga en riesgo el trabajo o libertad de circulación del actor, sino de una problemática, merecedora de una solución acorde, pero que corresponde ser canalizada por otros procedimientos creados para tal fin”.
A su voto adhirieron Susana medina, Emilio Castrillón, Juan Ramón Smaldone y Miguel Ángel Giorgio.
«Esta es una situación ridícula»
Consultado por Entre Ríos Ahora, De la Rosa se manifestó molesto por la situación a la que calificó de “ridícula” puesto que no tuvo una respuesta acorde a su planteo. “No me renuevan el registro porque me quieren cobrar infracciones que yo no cometí. Presenté prueba que no estuve en esos días en Capital Federal. La fotomulta es de un vehículo que era de mi propiedad, pero ya no lo es y ahora vienen a mi nombre. Yo planteo que esto limita mi actividad profesional porque no puedo renovar mi registro de conducir”, explicó.
En esa línea, señaló que ahora el reclamo debe hacerlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): “Me dicen que resuelva el tema en CABA; y ahí me dicen que me tienen que renovar el carnet automáticamente porque la renovación en las oficinas está suspendida por 200 días. En definitiva, todos se lavan las manos: la Justicia que no me hace lugar y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene todas las oficinas cerradas y en este momento es imposible hacer el reclamo”.
En cuanto al municipio local, dijo que “puede hacer caso omiso y renovarme mi carnet sin problema, pero me reclaman un monto superior a los 200 mil pesos; si fueran 2 mil es otra cosa. Pero esta es una situación ridícula”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora