La Justicia ya notificó por exhorto al cura Justo José Ilarraz que debe hacer frente al pago de honorarios por una suma próxima a los $100 mil, tal cual la resolución que adoptó hace una semana el Tribunal de Juicios y Apelaciones, al rechazar la apelación a la decisión de elevar la causa a juicio oral.
Ilarraz carga sobre sus espaldas con una causa penal en la que siete víctimas lo acusan de graves abusos ocurridos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, adonde el cura cumplió las funciones de prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993. En ese rol, ejerció la función de cuidador de un grupo de adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos y a los que luego abusó.
El juez Pablo Zoff, titular del Juzgado de Transición Nº 2, comunicó al cura Ilarraz, residente en la provincia de Tucumán, de la disposición judicial de imponerle el pago de honorarios a los abogados querellantes. Ahora, se aguarda la respuesta. En caso de rechazar el pago, el camino para demostrarlo será mediante un nuevo recurso de apelación, que podría frenar el inicio del juicio oral por los abusos en el Seminario.
El tribunal conformado por los jueces Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata, rechazó la apelación de los abogados Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, y confirmó la resolución de elevación de la causa a juicio oral, que emitió el 17 de agosto último el juez Pablo Zoff.
Fornerón y Muñoz cuestionaron como válida la prueba incorporada al expediente judicial que contiene las actuaciones que en 1995 ordenó realizar el entonces arzobispo Estanislao Karlic cuando supo de las denuncias por abusos que pesaban sobre Ilarraz.
Pero los jueces rechazaron esa objeción de la defensa. Sostuvieron al respecto que “lo que en verdad se está cuestionando, bajo la excusa de la existencia de actos nulos, no es otra cosa que la valoración que de los mismos, libremente, han realizado distintos magistrados que expresaron su opinión en la causa, insistiendo nuevamente con ello, olvidando el carácter no definitivo de la etapa procesal en la que nos hallamos, y que será en el plenario en el que los jueces llamados a integrar el tribunal habrán de resolver, en primer lugar, su admisibilidad como pruebas y luego, en todo caso, su valor convictivo”, dice la resolución judicial.
Además, lo condenaron a pagar una suma de $94.500, según dispuso la Justicia.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones resolvió así favorablemente una petición hecha por la querella de regular honorarios.
La disposición judicial dice que Ilarraz deberá pagar a los querellantes Rosario Romero $43.200; a Marcos Rodríguez Allende, $ 37.800; y a Milton Urritua, $ 13.500.
Ahora, en Tribunales están a la espera del próximo movimiento de Ilarraz.
¿Pagará?

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.