- Por Ramiro Pereira (*)
El 15 de junio pasado se publicó una entrevista al presidente del Iosper, Fernando Cañete, en la cual manifestó su preocupación sobre el estado financiero del sistema de salud entrerriano y en particular de la obra social que preside (1).
En verdad, el funcionario centró su discurso en que un porcentaje escaso de afiliados -el 5,4%- absorbe el 61,1% del gasto prestacional, señalando la incidencia que sobre un presupuesto que juzga escaso, tienen las prestaciones por discapacidad y los medicamentos de alto costo, reconociendo la existencia de una importante deuda por reintegros de prestaciones.
He reflexionado sobre sus conceptos a fin de contribuir a una discusión pública sobre el sistema de salud que estimo necesaria y que no debiera quedar bloqueada por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Al contrario, han de pensarse y diseñarse instrumentos para conseguir un sistema de salud equitativo y eficiente, más allá de la pandemia.
Desde luego preocupa el eje puramente contable de la línea de pensamiento de la conducción del Iosper. En efecto, de ella se infiere que el problema es la cobertura que debe reconocerse a las personas con discapacidad y a quienes, aquejados por crueles enfermedades, encuentran posibilidades en desarrollos científicos y tecnológicos recientes. De ahí el reproche hacia las decisiones judiciales que traducen en realidades derechos reconocidos en tratados internacionales de Derechos Humanos, las Constituciones Nacional y Provincial y las leyes consecuentes (2).
Si tuviera que resumir las ideas del funcionario, pareciera decirnos que debemos sacrificar a las personas con discapacidad y a muchos de los enfermos graves.
No se puede compartir tal enfoque. En cambio, la preocupación debe centrarse en cómo se brindan las prestaciones necesarias para la salud de los afiliados y en particular para aquellos que más lo necesitan. Esto es sentido común y a lo sumo, una percepción elemental del humanismo que impregna nuestro sistema político y jurídico. Quizás habría que recordar que a mediados del siglo pasado se dijo que “donde existe una necesidad nace un derecho”.
Por cierto que los derechos necesitan recursos para su efectivización. No sólo financieros, pues central la distribución de tales recursos, la organización racional del sistema y la calidad en su inversión.
Señalo entonces que sí el mercado es el mecanismo apto para el desarrollo económico -con regulaciones y controles de alta densidad institucional- en materia de salud y educación el centro no está en el mercado sino en el sector público.
Pese a tal ideario básico, la salud pública argentina ha estado fragmentada y descoordinada. No es de extrañar el fracaso de dos iniciativas análogas, una durante la tercera presidencia de Perón y la otra durante el gobierno de Alfonsín, que buscaban instituir un Seguro Nacional de Salud para integrar los distintos sectores del sistema de salud, en particular el Estado -en sus distintos niveles- y las Obras Sociales sindicales.
Se trata pues de una cuestión nacional y no de un problema puramente provincial, lo que no justifica la carencia de una política de salud con vocación integral para Entre Ríos. Menos aún que se haya apunte a disminuir las decisiones judiciales que reconocen los derechos de quienes necesitan prestaciones. Se ha dicho que tal fue el sentido de la Ley N° 10.704.
En principio, debiera buscarse mayor transparencia en la ejecución de un presupuesto que, para 2020, asciende a casi ocho mil millones de pesos (3), de los cuales el diez por ciento (821 millones de pesos) se previó destinar al personal. (4)
En tal dirección resulta crucial revitalizar el control sobre las contrataciones del sistema de salud, tanto el interno como desde el Tribunal de Cuentas, además de -eventualmente- una política convencida del Ministerio Público Fiscal.
No debe olvidarse que el Iosper brinda cobertura de salud a un quinto de la población entrerriana, por lo cual, sin adentrarme en un análisis jurídico institucional, la responsabilidad política por su situación excede al directorio y se proyecta al gobierno.
(*) Ramiro Pereira es abogado y dirigente de la Casa de la Reforma – UCR Evolución.
1. https://entreriosahora.com/salud-los-numeros-que-preocupan-en-el-iosper/
2. Debe mencionarse especialmente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la República Argentina por Ley N° 26.378 promulgada el 6/06/2008 y con jerarquía constitucional desde el 11/12/2014 en que se promulgó la Ley 27.044.
3. https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2020/pdf/03_452_CONS_FINCPINC.pdf
4. https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2020/pdf/03_452_CONS_FINCPINC.pdf