Los supervisores de nivel inicial primario y secundario del departamento La Paz formularon sus quejas por la Ley de Emergencia, sancionada el jueves pasado en tiempo récord. Una vez promulgada, la instrumentación de la norma supondrá fuertes recortes en los salarios de los activos y los jubilados.

Según un estudio de la Asociación Gremial del magisterio de Entre Ríos (Agmer), el 64% de los ingresos que tendrá la Provincia por aplicación de la ley de Emergencia saldrá del bolsillo de activos y pasivos. En ese marco, los supervisores escolares, el escalón más alto de la carrera docente, han comenzado a reclamar la vuelta atrás con esa disposición aprobada por la Legislatura.

Ahora, el planteo lo formularon al director departamental de Escuelas de La Paz, Carlos Genre Bert, quien asumió en el cargo en febrero. Genre Bert fue en forma previa dirigente de Agmer y también ocupó un cargo de vocal en los organismos colegiados del Consejo General de Educación (CGE). El funcionario es hermano del senador provincial Amílcar Genre Bert, del bloque del Frente Creer Entre Ríos, que votó el proyecto de la Emergencia.

Al igual que los supervisores de Concordia, Victoria y Nogoyá, los del norte entrerriano manifestaron su descontento con la Ley que aplica un aumento sobre los porcentajes de aportes personales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y también podas sobre haberes jubilatorios más altos.

“¿Por qué los trabajadores, los jubilados y los docentes siempre somos la variable de los ajustes? ¿Por qué no se pide solidaridad a otros sectores como el político, el judicial y otros?“, expresaron en una extensa nota.  

Se refieren al proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Bordet que consiguió rápida aprobación en la Legislatura y que en su artículo 4° estipula que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%;  c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.

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En una nota enviada al Director Departamental, doce supervisores expresaron su desacuerdo y disconformidad con la “Ley de Emergencia Solidaria, cuya denominación no  armoniza con su aplicabilidad, pues no existe solidaridad cuando se promueven descuentos para docentes, directivos y trabajadores de la educación”.

“Queremos manifestar el efecto que provoca es el deterioro notable en el ánimo y la fuerza con que se venían desarrollando las clases a distancia. Aparte de causar un gran dolor, desánimo y decepción en todos nosotros y en todo el colectivo docente que lo afecta directa o indirectamente ya que somos un equipo con un único fin que es cumplir con los objetivos propuestos por la provincia”, agregaron.

Asimismo, aseguraron que “es una medida que genera una brecha más profunda en los trabajadores de la educación, ya que en esta emergencia provocada por el Covid-19, el sistema educativo se sostuvo y sostiene gracias al esfuerzo de los docentes en sus diferentes roles que con vocación y verdadera solidaridad pusieron a disposición sus tiempos, su escasos recursos económicos para que los niños entrerrianos puedan continuar con los vínculos pedagógicos logrados, sosteniendo así las trayectorias escolares”.

En otro párrafo le hicieron notar que cada docente, directivo y supervisor “tuvo que sostener y financiar, junto a las familias, la actividad virtual que conlleva gastos extras de servicios de internet, dispositivos electrónicos y tecnológicos, mantenimiento de éstos, sumados a gastos de traslado para poder hacer llegar las actividades y propuestas pedagógicas a los niños y familias carentes de recursos, en zonas rurales, suburbanas y periféricas, además de asegurar el derecho a la alimentación, con la atención de Comedores escolares, que no es inherente a la función y que aun así los equipos directivos continúan trabajando para sostener estos derechos”.

Tras señalar que el sistema educativo se financia muchas veces con el dinero del propio docente,  remarcaron que “nuestra función es la de sostener las políticas educativas garantizando el derecho de los entrerrianos a la educación, pero ¿en qué condiciones lo hacemos? ¿Por qué los trabajadores, los jubilados y los docentes siempre somos la variable de los ajustes? ¿Por qué no se pide solidaridad a otros sectores como el político, el judicial y otros?».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora