La Iglesia de Santa Fe tiene una denuncia penal y una investitación penal ordenada a partir de la creación de un sistema propio de denuncias de los delitos de abuso sexual a menores por parte de miembros del clero.
El domingo 5 del actual, los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, fueron denunciados penalmente luego de dar a conocer a través de una comunicación que en la Iglesia santafesina se estableció un sistema para presentar informes sobre «sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos».
La denuncia la radicó el abogado Carlos Ensinck de manera online desde la ciudad de Rosario, quien el miércoles 8 tuvo reuniones con representantes del Ministerio Público de la Acusación de esa ciudad del sur santafesino. La presentación judicial, según el letrado, se basa en que «el organismo para recibir denuncias por delitos es el Estado, específicamente el Poder Judicial y las fiscalías» y que «no hay otro lugar en el que se reciban denuncias, justamente con la gravedad de un caso de abuso sexual, encubrimiento y demás que no sea el Estado», según publicó diario Uno de Santa Fe.
En el documento eclesiástico se detalla que se instituyó para el funcionamiento del «sistema», como responsable de recibir esos informes a Alicia Ramonda de Vogliotti y como asistente a la abogada María José Gaggiamo de Pane. Desde el Arzobispado se describió también que «los informes que involucren a laicos que desarrollen tareas en ámbitos eclesiales como presuntos autores, si bien no están contemplados en el motu proprio, igualmente se recibirán a los efectos de informar a las autoridades correspondientes”. Se llamó a hacer los «informes» de manera escrita para entregarlos por mail o en carta, para que luego las personas denunciantes sean citadas «para ratificar su denuncia o declaración».
Al mismo tiempo, desde el Arzobispado se explicó que «los informes» deberán tener ciertas características específicas: «Contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los mismos. En todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas. Deberán estar firmados, con número de DNI y un teléfono o dirección de correo electrónico».
«Atribuirse una facultad del Estado está previsto como delito», sostiene Ensinck en advertencia y agrega: «No me interesa generar más nada que eso, solo que las denuncias que se tomen sean en el Poder Judicial donde hay un código previsto, garantías constitucionales, procedimientos, derechos, obligaciones que en otro lugar no hay. Básicamente las denuncias se tienen que realizar en el Poder Judicial y no en otro ámbito».
Este lunes se conoció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga a la institución religiosa por «usurpación de funciones» a partir de una denuncia penal contra el Arzobispado de Santa Fe y los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, por la implementación un sistema para presentar informes sobre «sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos».
La fiscal a cargo, Jorgelina Mosser Ferro, remitió al Arzobispado una serie de preguntas sobre el funcionamiento del sistema creado la semana pasada en el marco de la investigación. La funcionaria judicial aclaró los tantos y dijo: “Creo que la comunidad debe tomar conocimiento en que están errados en cuanto a que los delitos cometidos a menores de edad son dependientes de instancia privada, es decir que entran dentro del marco del artículo 72 donde es el padre madre o tutor es el encargado de efectuar la denuncia ante la justicia. A partir de la Ley 27.455 se modifica este artículo 72 del Código Penal y se establece que en los marcos de menores la denuncia ya es de carácter público. No es más dependiente de instancia privada. Es decir que toda persona o institución que toma conocimiento de delitos de abusos sexual de cualquier tipo respecto de un menor de edad tiene que dar conocimiento porque es perseguible de oficio. Ya no depende si el tutor, el padre, o el encargado quiera hacerlo o no», informó la fiscal Mosser Ferro.
El antecedente de este caso tiene su raíz en lo que ocurrió en Paraná, en 2018. Ese año el arzobispo Juan Alberto Puiggari dio a conocer el “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales en los que sean víctimas menores o adultos vulnerables”, cuya implementación anunció el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari en la reunión general del clero en el Centro Mariápolis El Salvador, el Miércoles Santo de ese año.
El documento fue redactado por la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores, creada en agosto de 2017. «Es inconstitucional hasta la médula», dijo el abogado Carlos Lombardi, entonces abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, cuando analizó el documento.
«Es inconstitucional en tanto y en cuanto no se ajuste al marco constitucional y de los Derechos Humanos. Y por eso, se puede pedir la inconstitucionalidad de ese protocolo. La Iglesia, como persona jurídica pública no estatal, debe ajustar su funcionamiento al estado constitucional de Derecho».
Como publicó Entre Ríos Ahora, en ese protocolo se establece:“Todos aquellos que sospechen o tomen conocimiento de que se hubieran cometido o se estuvieran cometiendo delitos de abuso sobre menores o adultos vulnerables, o de que se hubieran violado las normas de prevención existentes, tienen la responsabilidad de proteger a los menores o adultos vulnerables en todo aquello que esté a su alcance -dice el documento eclesiástico-, y aclara que aquellas personas “que por su profesión se encuentran obligadas por procedimientos civiles de actuación son exhortadas a seguirlos “.
«El argumento de que pueden tener sus propias normas (o las que se les antoje), es falso. El concordato, si bien tiene jerarquía superior a las leyes, no está por encima de la Constitución Nacional. En Mendoza, hemos logrado que la Justicia declare eso: el Derecho Canónico no prevalece sobre los Derechos Humanos. Y en otro caso, logramos que se declare la inconstitucionalidad de los cánones 1717 y 1719, precisamente, los que Puiggari aplica en su protocolo», apuntó Lombardi.
En octubre último, la Justicia de Mendoza condenó a la Congregación Salesiana de Don Bosco a pagar una indemnización a un ex alumno, quien había denunciado por abuso sexual a un sacerdote de esa institución religiosa. En 2008, la víctima acudió a la Justicia penal y a la Congregación para acusar a Raúl Del Castillo –quien hasta el año pasado daba misas en Paraguay– por abusos tanto en el colegio como en una parroquia de la ciudad de Maipú cuando él asistía a la secundaria del colegio.
El fallo resultó clave por cuanto los magistrados dispusieron que el derecho humano a la información prevalece por sobre el Derecho Canónico, al declarar inconstitucionales los cánones 1717 y 1719 del Código de Derecho Canónico.
Ahora, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico volvió a fijar posición sobre la decisión de la Iglesia de Santa Fe respecto de las denuncias de las víctimas de abuso. «Una vez más, la iglesia católica intenta evadir y burlar el debido proceso. Una vez más intenta quebrar la Justicia, la única justicia para delitos graves cometidos por quienes forman la iglesia», señaló a través de un pronunciamiento.
Red Sobreviviendas Abusos S… by Entre Ríos Ahora on Scribd
Luego de recordar que el Papa Francisco diera a conocer la carta apostólica “Vos estis lux mundi” (“Eres la luz del mundo”) en el que se detallan las normas que entraron en vigor el 1 de junio de 2019 y que son el fundamento para la puesta en marcha -el pasado 29 de junio de 2020- de “un canal, un sistema estable y fácilmente accesible al público donde realizar denuncias, “con el objetivo de detectar casos de abusos protagonizados por clérigos y consagrados contra menores y personas vulnerables”, la Red señala: «Lo propuesto por los Arzobispados de Rosario y Santa Fe ya fue ensayado por el Arzobispo Juan Alberto Puiggari, en Entre Ríos, en abril del 2018, tanto en similitud, como en su historicidad todo es sospechosamente llamativo. El proyecto de Puiggari data de abril del 2018, cuando aún la carta apostólica de Bergoglio no estaba en marcha. ¿No es esta, una prueba de que su actuación es orgánica y consecuente a un orden único?».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora