En el Ministerio Público Fiscal se registró el primer movimiento de relevancia durante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio: un fiscal con experiencia en causas de corrupción y apremios ilegales por parte de funcionarios policiales pasa a Paraná.
Se trata del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, quien desde este martes se desempeñará en la Fiscalía de Paraná. El acusador público es conocido por haber investigado causas de relevancia a nivel social y político en el mencionado departamento.
Según supo Entre Ríos Ahora, el fiscal asumirá una suplencia en la Unidad de Niños y Adolescentes de la capital entrerriana y reemplazará a Viviana Margarita Ferreyra. En tanto, su lugar en La Paz será ocupado por María Constanza Bessa.
En Santa Elena, Alfieri es conocido por haber estado al frente de la investigación por el femicidio de la joven Gisela López, causa cuyos tres imputados fueron absueltos en primera instancia y luego por el Tribunal Superior de Justicia. Hoy el caso se encuentra a la espera de que sea tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También es reconocido por investigar a varios dirigentes políticos en el departamento La Paz: Domingo Daniel Rossi, en la causa por supuestos sobreprecio en una obra; y a su concuñado y rival político, Silvio Moreyra, a quien investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas causas se iniciaron por denuncias cruzadas de ambos dirigentes.
La deuda que se generó en el departamento es si el funcionario judicial seguirá al frente de dichas investigaciones. Sin embargo, fuentes tribunalicias confirmaron que seguirá al frente de todas las causas corrupción que le fueron asignadas.
Rossi es uno de los dirigentes que más ha embestido contra Alfieri. En 2019, buscó apartarlo –junto al Jefe de los Fiscales, Jorge Amilcar García- de la causa por sobreprecio en la obra de 20 cuadras. En el planteó, argumento que ambos no tenían objetividad y que tendrían cierta «animadversión» hacia su persona. En el caso de García, recordó que integró el Tribunal que lo condenó en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la pretensión de apartar a ambos funcionarios judiciales obtuvo fallos adversos. El último fue emitido el 25 de octubre de 2019 y lo firmó el juez Hugo Perotti, uno de los tres integrantes de la Cámara de Casación Penal.
A su vez, Alfieri tiene en manos la investigación sobre 8 policías de la Comisaría N° 15 de Santa Elena, que están acusados de dos serios delitos: vejaciones y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de un menor de 16 años.
También a su cargo está la investigación por apremios ilegales a un joven de 22 años en la Jefatura departamental de Policía de La Paz.
Causas de corrupción
En la Unidad Fiscal de La Paz Alfieri tiene a su cargo ocho causas por presunta corrupción. La mayoría de Santa Elena. La del actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; la de su concuñado Silvio Moreyra, que estuvo en el cargo en el periodo 2015-2019; y la de Asunción Olmedo, que lo fue entre 2007 y 2011.
Rossi tiene en esa jurisdicción la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 20 cuadras en 2014, en su anteúltima gestión. La misma se abrió por una denuncia de Moreyra.
Moreyra, en cambio, está siendo investigado en el legajo N° 6119, caratulado “Moreyra Silvio Alejandro/ Peculado”. La investigación se abrió en 2014 tras una denuncia del abogado de Rossi, Carlos Reggiardo. Se investiga el uso que se le dio a dinero enviado por el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) –que dirigía Moreyra- para el sponsoreo de los carnavales. En el expediente están involucrados familiares.
A su vez, en otro legajo se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y en un tercero se busca determinar si la obra de acceso a la ciudad fue realizada con sobreprecios. Ambas se abrieron por denuncias de Rossi.
La exintendente Olmedo, en tanto, está involucrada en una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita e incumplimientos de deberes de funcionario público por el uso de fondos del Iosper que realizó una comisión organizadora del carnaval.
Además, hay tres expedientes con investigaciones sobre dirigentes de La Paz. Uno fue abierto en 2013 a raíz de una denuncia de la entonces concejal radical y ahora exdiputada provincial María Alejandra Viola (UCR); el otro caso se abrió en 2016, durante la primera gestión del intendente Bruno Sarubi (UCR); y el tercero es la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exsenador y actual director del Ente Portuario La Paz, Aldo Ballestena.
El legajo N° 808, caratulada “Viola María Alejandra s/su denuncia”, se trata de una denuncia formulada a fines de 2013 por la dirigente radical María Alejandra Viola, cuando era concejal de la ciudad.
Viola denunció a los responsables de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de La Paz por la supuesta malversación de fondos que eran girados desde Provincia para los comedores municipales y provinciales que funcionaban allí. Entonces, la intendencia estaba en manos del peronista José Nogueira y su esposa Maru Seib estaba al frente del área cuestionada. Antes estuvo como responsable Claudio Quintana.
El expediente N° 5484, se trata de la causa que se abrió a mediado de 2016, cuando el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, denunció al ingeniero Cristian Galván, quien fuera su secretario de Obras y Servicios Públicos, por presuntas irregularidades en la certificación de obra de la firma constructora El Peruano, de Sergio Winitzky, conocido en la zona por integrar Puerto Buey. Galvan, antes de ser funcionario, fue ingeniero del empresario.
Por otra parte, también figura el expediente N 10677 caratulado “Agente fiscal s/investigación de oficio”. Se trata de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exsenador del departamento La Paz, Aldo Ballestena. La misma se abrió en 2018 tras la publicación de un informe periodístico de Daniel Enz, director de la revista Análisis, en la que indicó que el entonces legislador es un “nuevo millonario de la clase política”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora