• Por Juan Rossi (*)

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos es un fondo de reparto solidario para el sostenimiento de nuestros adultos mayores, con los aportes obligatorios de las y los trabajadores estatales y las contribuciones patronales del Estado provincial, municipalidades y entes adheridos.

La Ley N° 8.732 establece que, mensualmente, los empleadores realizan los descuentos jubilatorios sobre las remuneraciones de los afiliados para su depósito en una cuenta bancaria a nombre de la Caja en los primeros veinte días del mes anterior al mes del pago de los haberes. Si los fondos resultaren insuficientes, el Estado Provincial y demás entidades patronales están obligados a solventar el déficit producido en la proporción que lo originaron.

En abril de este año, la última publicación sobre las estadísticas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones informa que esta entidad liquidó prestaciones a 56.978 personas, las cuales corresponden unas 44.737 a jubilaciones (78%), a 11.980 pensiones (21%) y a 625 beneficiarios de leyes especiales (1%). Por su mayor impacto, esta nota se abocará al análisis de las jubilaciones, previo a las modificaciones introducidas por la reciente sanción de la “Ley de Emergencia” pública, ya que aún resultan inciertas las consecuencias económicas de su aplicación.

Es de conocimiento público y de larga data, que todos los meses el déficit financiero de la Caja amenaza el sistema previsional en su conjunto. Desde el Gobierno provincial afirman que con 3 trabajadores afiliados por cada jubilado se garantizaría el autosostenimiento financiero de la Caja. Este “3 por 1” se basa en lo siguiente: dado que en Entre Ríos la remuneración mensual media es muy cercana al haber promedio mensual ($54.956 en abril 2020, ¿deterioro salarial se llama?), y como en la medida que egresa de la Caja un 82% de tasa de sustitución por cada beneficiario, e ingresa al mismo tiempo un 32% de la remuneración por cada trabajador (16% aporte personal más 16% contribución patronal), se necesitan para un resultado financiero positivo, 82%/32% = 2,56, número menor a 3 activos, lo cual deja margen para cubrir beneficios no contributivos.

Según el oficialismo, en la actualidad los afiliados se dividen en 119.654 activos y 56.978 pasivos resultando en 2,1 activos por cada pasivo. La diferencia aproximada de 3-2,1 expresada en dinero por el número de pasivos por doce meses, se convierte en un déficit aproximado de $13.500 millones, que representa el 10,2% de los gastos corrientes del Tesoro provincial,según el Proyecto de Presupuesto 2020. Un agujero enorme y en constante expansión.

Pasemos al análisis de la tasa trabajadores activos / jubilados. Considerando nuevamente próximas las remuneraciones y haberes promedios, matemáticamente existen tres formas de mejorar el resultado de la tasa 2,1:

1) Aumentar la cantidad de trabajadores activos. Es inviable mientras exista un Estado sobrepoblado de funcionarios y empleados administrativos, con dificultades para el sostenimiento adecuado en la prestación de servicios básicos, para el pago de salarios, etc.

2) Disminuir la cantidad de jubilados. Si bien el beneficio jubilatorio cesa ante la muerte del beneficiario, la duración de la percepción de dicho haber continúa prolongándose en el tiempo. Las y los jubilados entrerrianos afiliados tienen una edad promedio de 60 años y 1 mes (abril 2020); y según el INDEC, la esperanza de vida a los 60 años en Entre Ríos es de 20,6 años más, viviendo entonces un entrerriano en promedio hasta los 80,6 años de edad, mayor que la esperanza de vida al nacer de 75 años. Tampoco el crecimiento natural de la población resolverá el problema, al contrario, lo empeorará.

3) Aumentar la cantidad de trabajadores activos y disminuir el número de jubilados simultáneamente. Siendo inviable la primera y la segunda opción, la tercera también lo es.

Exploradas las alternativas que relacionan la población activa con la pasiva, mencionamos los factores, derechos conquistados y defendidos por el pueblo trabajador entrerriano, que constituyen las salidas de la Caja: 1) tasa de sustitución del 82%, 2) base del cálculo sobre el promedio de la remuneración mensual percibida durante los últimos diez años de actividad, 3) 25-30 años de servicio, 4) movilidad o reajuste automático con cada incremento salarial y 5) edad mínima, 62 y 57 años para varones y mujeres, respectivamente, conforme a la jubilación ordinaria común. Evitando análisis exhaustivos que escapan al objetivo de esta nota, interesa destacar que cualquier combinación de factores que signifique una mejora para los jubilados, a saber: incremento de la tasa de sustitución, base ampliada del cálculo, menor tiempo de servicio, reajuste automático a tiempo y menor límite de edad, implicaría la profundización del déficit mediante el aumento y/o dilatación de los haberes.

Por lo tanto, de lo expuesto hasta aquí, es fácil concluir que el déficit de la Caja es un déficit estructural progresivo que aumenta con la incapacidad del Gobierno para subsanarlo. La sanción de la “Ley de Emergencia Pública” en menos de una semana desde su remisión al Poder Legislativo, así lo demuestra.

Sin embargo, el uso de las matemáticas tiene la limitación del análisis abstracto, de la eliminación de toda diferencia de sus elementos, de su tratamiento como iguales. Pero cuando uno observa con mayor detalle la composición de la Caja, las erogaciones de la misma indica desigualdades enormes, privilegios inauditos y anomalías varias. Alcanza con mirar los haberes promedios por escalafón. Por ejemplo en abril 2020, el último informe estadístico sobre los haberes promedios fue el siguiente: judiciales (sin pago de ganancias durante el período de sus aportes) $222.844, EPRE $216.239, Tribunal de Cuentas $189.181, Legislatura $160.725, etc. Asimismo, se conoce que las jubilaciones más altas son mayores al doble o triple de los promedios citados. En el otro extremo los trabajadores municipales y provinciales con haberes promedios de $32.252 y $41.882 respectivamente. Esta brecha genera desigualdades escandalosas, como por ej.: una jubilación de $550.000 representa 17 veces más que la jubilación promedio de un trabajador municipal. También existen privilegios legalizados, como los que genera la ley N° 4.506, que otorga una pensión vitalicia móvil del 75% de la remuneración para los cargos de gobernador y vicegobernador, la cual habilitó a que el actual intendente de Paraná Adán Bahl iniciara el pedido de la pensión con 52 años de edad y 4 años como vicegobernador, y más recientemente, el 5 de junio, el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 788 mediante el cual se otorga a Pedro Guastavino, ex gobernador de Jorge Busti, una pensión de 270.000 pesos nominales mensuales.

Entonces, si el autosostenimiento de la Caja es inviable en el corto y mediano plazo, y ello coexiste con desigualdades y privilegios, la solución deberá llegar desde lo político. La solidaridad entre los trabajadores y jubilados, la Multisectorial con su histórica defensa de los derechos de los jubilados, entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales y los profesionales interesados, ejercida sobre la base de un acuerdo amplio y fundado sobre reformas técnicamente sostenibles que apunten a reducir el déficit de manera progresiva, será la mejor defensa para conservar los derechos. Asimismo, se debe exigir al gobierno entrerriano un plan de desarrollo productivo integral capaz de generar crecimiento económico, a fin de que el déficit represente una porción menor en nuestro presupuesto provincial. También, en pos de honrar nuestra rica historia de luchas federalistas, se debe reclamar el envío de fondos nacionales adeudados. También deben ser objetivos de trabajo en pos del sostenimiento de nuestro sistema previsional y del resguardo de los derechos de nuestros trabajadores, la eliminación de privilegios, la formalización de los trabajadores informales y los códigos no remunerativos, la relación directa entre las remuneraciones de los funcionarios de los tres poderes del Estado y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, la proporcionalidad adecuada entre los aportes y las contribuciones, y el reconocimiento de las diferentes trayectorias de varones y mujeres en el mercado laboral, ente otras.

(*) Juan Rossi es militante del Partido Socialista.