El miércoles 5 de abril el cura Marcelino Ricardo Moya llegó a los Tribunales de Villaguay, presentó a su abogado de defensor, Gustavo Amílcar Vales, y en los Tribunales hicieron lo que hacen con cualquier persona que tiene una causa judicial abierta: lo sometieron a una pericia, le entintaron los dedos, le tomaron las huellas dactilares.
Fue la primera vez que el cura Moya se presentaba en la Justicia, luego de que en junio de 2015 dos denunciantes lo acusaran de graves hechos de abuso ocurridos en Villaguay, cuando el sacerdote fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima. Esa denuncia está tramitándola ahora la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay.
Y parte de ese expediente judicial, fue ahora girado al Vaticano.
Así pues, Roma ya tiene en su poder la investigación que inició la Justicia el lunes 29 de junio de 2015 cuando un médico y un estudiante de Derecho testimoniaron frente al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull de qué modo el cura Marcelino Ricardo Moya, abusó de ellos cuando eran adolescentes, estudiantes del Colegio La Inmaculada y miembros de los grupos juveniles de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.
La situación es, al menos, curiosa.
La Iglesia, no bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995.
Pero la averiguación interna jamás avanzó. La Iglesia no demostró demasiado interés en ubicar a los denunciantes, de modo que éstos no tuvieron la oportunidad de dar su testimonio en la curia. Una de las vícitmas de Moya se lo hizo saber de modo descarnado al arzobispo Juan Alberto Puiggari cuando éste visitó Villaguay, en la última Navidad.
Esa vez, Puiggari se excusó con el argumento de que las víctimas fueron citadas a declarar en la investigación diocesana, pero que “prefirieron no presentarse”.
Esa investigación diocesana, así, nunca prosperó, la Iglesia se desentendió de conseguir el testimonio de las víctimas, y optó por un camino más sencillo: aceptó el ofrecimiento de la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay, donde se tramita la causa contra Moya, y envió a Roma copia de lo que las dos denuncias formuladas en los Tribunales.
En marzo, la fiscal Benedetti había hecho una petición al revés.
Le había solicitado al arzobispado de Paraná que le remitiese la investigación que abrió por el caso del cura Marcelino Ricardo Moya.
De ese modo, la fiscal buscó conocer el avance que se había registrado en ese trabajo investigativo, y cotejarlo con los elementos reunidos en la Justicia.
Ya antes la fiscal había pretendido, sin éxito, conocer algunos datos clave de Moya: pidió toda la información que hubiera en el “archivo secreto” de la curia. Pero le respondieron que no había tal información, de modo que se tuvo que conformar con disponer del archivo público del cura.
Ahora, ocurrió el viaje inverso.
Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada. El cura, de 47 años, fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.
De todos modos, la Justicia investiga en otros puntos de la provincia. El miércoles, por ejemplo, funcionarios judiciales viajaron a Seguí, donde tomaron varios testimonios, y no descartan también rastrear testimonios en Viale y Victoria.
Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.
La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.
Cuando el caso llegó a la Justicia, Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
En el marco de la causa judicial, designó como su defensor al abogado Gustavo Amílcar Vales.
El 5 de abril último, Moya estuvo en los Tribunales de Villaguay para cumplir el trámite de designación de abogado, y en esa ocasión se le hizo una pericia por parte del médico forense y se le tomaron las huellas dactilares.
El abogado Vales es hijo del exmiembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Hipólito Vales, a quien el Estado estuvo a punto de iniciarle una demanda por una presunta jubilación lesiva para los intereses del erario público.
Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
En Twitter: @ricleguizamon