La titular de la Fiscalía Federal N°10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paloma Ochoa, solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que llame a declaración indagatoria al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani y los suboficiales de la Policía Federal Argentina, por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Es en el marco de los hechos ocurridos el 28 de julio de 2016, cuando el juez Gemignani ordenó a los agentes de la PFA la detención e incomunicación de la prosecretaria de la Sala I de ese tribunal, María Amelia Expucci.

El magistrado desarrolló casi toda su carrera profesional de abogado en Paraná, y aunque es nacido en Santa Fe, todos lo consideran “entrerriano”.
Nació el 22 de julio de 1962 en la ciudad de Santa Fe. Su padre, del mismo nombre, integró el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe y formó parte del primer Consejo de la Magistratura creado luego de la Reforma Constitucional de 1994.
Gemignani hijo se recibió de abogado en 1985 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y realizó posteriormente una especialización en Criminología en la misma universidad, que tuvo a su padre como decano durante ocho años. Desde el comienzo de su carrera se dedicó al ejercicio independiente de la profesión.
A partir de 2001 se transformó en representante de distintos organismos públicos nacionales ante las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En 2003 fundó junto a sus hermanos la empresa Turismo La Paz, dedicada a la actividad hotelera en la provincia de Entre Ríos.
En 2008 Gemignani se inscribió en el Concurso 197 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir tres vacantes (que luego serían cuatro) en la Cámara Federal de Casación Penal. Entre los jurados iniciales se encontraba su padre, que debió excusarse de intervenir.
Estuvo casado con Mercedes Lescano, concejal de Paraná que falleció en diciembre de 2003 en un accidente en el Acceso Norte mientras acompañaba a Sergio Varisco. Con Lescano, Gemignani tuvo tres hijos.
Su nombre ganó la consideración pública el 28 de julio último. El juez de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó a los suboficiales de la Federal la aprehensión por considerar que María Amelia Expucci se había negado a realizar el inventario de unas cajas existentes en la sala de audiencias, alegando que debía esperarse a la presencia de otro camarista de feria.
Según se desprende del dictamen, la fiscal señaló que la prosecretaria fue, cuanto menos, “víctima de una detención ilegal (…), los malos tratos y la innecesaria urgencia con la cual el Dr. Gemignani compelió a la Dra. Expucci a participar de lo que denominó un procedimiento con el cual se pretendía inventariar unas cajas existentes” no encuentra otra explicación. En este sentido, la representante del MPF manifestó que el juez hizo caso omiso a las dudas de la víctima vinculadas con la “procedencia y formalidades” de aquella actuación, y ordenó su detención “interpretando tendenciosamente sus preguntas sobre el procedimiento como una desobediencia funcional”.

Ochoa entendió que existió una orden infundada de detención e incomunicación impartida por el camarista Gemignani, respecto de María Amelia Expucci. Asimismo, refirió que no existió un elemento objetivo que validara el accionar del juez y de los agentes policiales, y agregó que dicho comportamiento “sólo puede ser entendido como propio de una situación de abuso de poder en una relación desigual”.

Así también, y a partir de la declaración de algunas personas en el expediente, la representante del MPF señaló los padecimientos que Expucci y otras mujeres sufrieron, por parte del juez Gemignani, precisamente, por la circunstancia de ser mujeres. En este sentido, Ochoa sostuvo, “este señalamiento remite a los ya conocidos, pero aún lamentablemente no superados, patrones socioculturales de violencia hacia las mujeres, que refuerzan y mantienen la desventaja estructural en la que todavía hoy nos encontramos”.

En el requerimiento de instrucción la Fiscalía Federal N°10 ya había hecho referencia a los mandatos legales de orden nacional e internacional que llaman a resguardar los derechos de las mujeres y protegerlas de toda violencia y en todos los ámbitos. Además, puso de resalto los tratados internacionales en defensa de los derechos de las mujeres y “lo prescripto por la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, en la que se define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.