Los fiscales que llevan adelante la causa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y que derivó en la detención del ahora exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, no descartan pedir la prisión preventiva por al menos 45 días.
Así lo revelaron a Entre Ríos Ahora fuentes cercanas a la investigación que llevan adelante los fiscales Ignacio Arramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull. También, aportaron otro dato: durante la mañana de este jueves, Righelato, que permanecerá hasta el viernes detenido en Tribunales, declarará como imputado.
Righelato ya designó abogado defensor. Se trata de Matías Argüello de la Vega, socio de Hugo Gemelli, quien se mencionó primeramente como defensor del exfuncionario. Gemelli y Argüello De la Vega participaron, entre otros casos resonantes, en la defensa de Pablo Actis, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa.
El caso Righelato explotó públicamente luego de que la revista “Análisis” publicara en su última edición una nota bajo el título “Vivir del Estado”, en el que reflejó la larga permanencia del ahora exfuncionarios en un cargo público: desde 2004.
“El titular de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Righelato, hace ya varias gestiones que se encuentra en el cargo y nadie lo ha podido remover. En los últimos años instaló un sistema de negocios con empresas de amigos, que siempre son los beneficiados y que el Tribunal de Cuentas nunca pudo detectar. Esas firmas prácticamente no tienen personal ni maquinaria, por lo cual las obras siempre se hacen con empleados, maquinaria y movilidad a cargo del Estado. Righelato tiene a varios de sus familiares en OSER y vive en una amplia residencia en la zona del Thompson”, contó la publicación.
Y amplió: “Nadie sabe explicar muy bien por qué durante tantos años se mantuvo en el mismo cargo. Pese a que los que fueron observando sus movimientos en más de diez años, notaron su habilidad para los negocios con el Estado -y en particular en licitaciones con Obras Sanitarias de la provincia-, como así también su abrupto crecimiento patrimonial, que lo llevó a vivir en una residencia millonaria en la zona del balneario Thompson. Siempre se movió con inteligencia, con bajo perfil y ni siquiera tuvo necesidad de contar con algún “jefe político” que avalara sus negociaciones incompatibles con la función pública. La jugarreta fue, por lo general, siempre la misma por muchos años: no aparecía en empresas con las cuales se ganaban licitaciones en OSER, pero sí obligaba a otras que resultaban adjudicadas, a contratarlas sí o sí, por lo cual sacaba una tajada importante de dinero del Estado. El mecanismo funcionó no solamente dentro de la estructura provincial, sino también en municipios del territorio entrerriano”.
Pero no fue el único material que utilizaron los fiscales para iniciar la pesquisa sobre Righelato, a quien detuvieron en la casi medianoche del martes mientras intentaba retirar documentación de su vivienda particular. Luego de su detención, hubo dos allanamientos, y en uno de esos procedimientos se le secuestró una suma próxima a los $70 mil.
También echaron mano a una presentación que hizo la ONG ambientalista M´Biguá, la misma que motorizó la pela judicial contra los acueductos chinos durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri.
En poco más de 20 días -entre el 29 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015-, diputados y senadores oficialistas trataron sobre tablas el proyecto de los acueductos chinos.
La Ley Nº 10.352 autorizó al Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz– Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego –Mandisoví Chico”. Y lo habilita a tomar un crédito “por hasta u$s 430.387.551, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.
Y para eso, el Gobierno podrá afectar en garantía “y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.
Una Multisectorial, de la que participó M´Biguá interpuso una demanda de inconstitucionalidad que se fundaba en por lo menos cuatro aspectos: el argumento procedimental, la sospecha de un monumental sobre precio, la razón ambiental y, como señaló la entonces diputada María Emma Bargagna, el “secretismo” con el que se llevó adelante todo el proceso.
Pero la Justicia no avanzó, ni resolvió nada al respecto.
Ahora, la ONG va contra Righelato, un defensor acérrimo de los acueductos chicos que, en su opinión, “serán un aporte para el norte entrerriano que estuvo totalmente postergado por quienes hoy se oponen a este tipo de obra, dirigentes que desconocen o no quieren admitir las necesidades básicas de un sector tan castigado como es la población de esa zona”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.