El finado arzobispo emérito de Paraná -falleció este domingo, pronto a cumplir los 86, en Rosario- Mario Luis Bautista Maulión supo siempre de los abusos a menores que cometió el cura Justo José Ilarraz en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, condenado en 2018 a 25 años de cárcel por la Justicia tras siete denuncias presentadas en su contra.
¿En efecto sabía Maulión de todo lo que sucedía con Ilarraz? Puiggari aseguró en la Justicia, cuando declaró en la instrucción de la causa penal, que en el momento que asumió como arzobispo, en 2003, “le comuniqué que en el Archivo de la Curia obraba un proceso investigativo sobre el Padre Justo Ilarraz”. Puiggari fue obispo auxiliar de Paraná, después fue trasladado y ejercició como obispo de Mar del Plata, y en 2010 devuelto a Entre Ríos como arzobispo.
Maulión pero también Estanislao Karlic y Juan Alberto Puiggari conocieron al detalle lo que ocurrió con los menores que cursaban la escuela secundaria en el internado del Seminario y estaban al cuidado de Ilarraz, quien cumplió el rol de prefecto de disciplina entre 1985 y 1993.
Karlic estuvo al frente de la Iglesia de Paraná desde 1983 y hasta que asumió Maulión, el 9 de julio de 2003. Este último se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puíggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011.
Cuando ocurrieron los abusos de Ilarraz, Puíggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funcionaba en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer año, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.
Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la Curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán.
La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban Andrés Emilio Senger (ya fallecido), y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga.
En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza.
De acuerdo a lo que se sabe, el caso estalló cuando una de las víctimas le comentó los pormenores de los abusos del cura Ilarraz a un bedel de ese momento, el actual sacerdote Pedro Barzán. Barzán se lo comunica a su inmediato, Puiggari, y éste toma la decisión de poner en alerta al arzobispo Karlic.
¿Qué dijeron en la Justicia?
Los tres obispos declararon, por escrito, en 2014.
Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”. Una de las respuestas da cuenta por qué actuó como actuó: “Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”.Karlic respondió a preguntas de los querellantes, el fiscal y los defensores de Ilarraz.
“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.
También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.
El dato relevante de su testimonio está en la respuesta a la pregunta 26. Dijo Karlic: “No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.
“El padre Ilarraz manifestó ante mí su reconocimiento de los hechos, y pidió perdón”, reveló.
Puiggari dijo que se enteró de los abusos de Ilarraz “meses antes del comienzo de la investigación dispuesta por el Arzobispado de Paraná, en 1995”, y cita, con nombre y apellido, a tres víctimas: los únicos casos que conoció. Y vuelca todas las responsabilidades sobre las espaldas de Karlic: “No conozco cómo se llevó a cabo el procedimiento, ni las conclusiones ni las sanciones adoptadas sino hasta que tomé conocimiento de las actuaciones a mi llegada a Paraná (en 2011)”, dice su declaración.
Dijo que al tomar conocimiento de los hechos, no se comunicó la situación a los padres de las víctimas “porque ya tenían 18 años y era un delito de instancia privada”. Y luego abunda sobre lo mismo: “El delito investigado es de instancia privada y no podía hacer la denuncia en forma personal. Tomado conocimiento de los hechos, comuniqué enseguida al arzobispo de Paraná (Karlic) como es el proceder normal y ordinario dentro de la Iglesia Católica”.
Pero Maulión manejó otra información.
Dos años antes de que estallara públicamente el caso del cura Ilarraz -en 2012, , en septiembre de 2010 un grupo de ocho sacerdotes le hizo conocer la “gran preocupación” que generaban los comentarios acerca de la existencia de casos de abuso de menores por parte de sacerdotes.
Pero se centraron en uno: el caso del cura Ilarraz, y por dos motivos. Primero, porque Ilarraz continuó ejerciendo el sacerdocio a pesar de la investigación que hubo en 1995 a partir del testimonio recogido de las víctimas de sus abusos, sin que siquiera se le hubiera aplicado una sanción canónica o se haya llevado su caso a la Justicia. A Ilarraz lo mandó a investigar el ahora cardenal Estanislao Karlic en 1995, y tras una instrucción sumarísima, en 1996, le aplicó la sanción del destierro y le prohibió volver a Paraná.
Fue así que Ilarraz se mudó a Tucumán, y allá siguió siendo cura hasta 2012, cuando fue suspendido, medida que todavía se mantiene.
Aquella carta dirigida a Maulión fue firmada por grupo de sacerdotes del denominado decanato III –que incluye las parroquias Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San José Obrero, San Francisco de Borja, San Benito Abad, Santa Ana (de Aldea María Luisa), Inmaculada Concepción (de Villa Urquiza), Santa Lucía, Jesús Maestro y Señor de la Humanidad (de Oro Verde), Nuestra Señora de Pompeya y Santo Domingo Savio– , que se mostraron perplejos por el silencio de las autoridades eclesiásticas que, dijeron, podría ser interpretado por los fieles como un acto de “encubrimiento”.
Aquella carta no llegó sólo a las manos de Maulión, sino a la de quienes integraban entonces su consejo presbiteral, una especie de consejo de ministros que componen los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.
En 2007, Maulión reformó los estatutos de ese consejo –la última modificación había sido aprobada en diciembre de 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic– y fijó como función esencial la de “ayudar eficazmente con sus consejos al arzobispo en el gobierno de la Arquidiócesis”.
En una reunión posterior a la presentación de aquella nota, el consejo presbiteral trató la preocupación de ese grupo de sacerdotes. Pero a no ser por los gestos y las palabras de acompañamiento, no hubo ninguna otra medida: no se actuó en función del tenor del escrito.
El 15 de septiembre de 2010 ese grupo de ocho sacerdotes, pertenecientes al decanato III de la diócesis de Paraná –la jurisdicción de la diócesis de Paraná, que comprende los departamentos Diamante, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, y los distritos Achiras, Banderas y Sauce de Luna del departamento Federal, se divide en 9 decanatos– trató por primera vez el caso Ilarraz.
Volvieron sobre el asunto en una reunión extraordinaria, el jueves 23 de ese mes, y entonces se acordó transcribir en una carta esa preocupación y presentársela a las autoridades eclesiásticas.
Allí, pusieron de manifiesto la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná.
Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.
Nadie hizo nada.
El texto
«Paraná, septiembre de 2010
A Monseñor Mario Maulión y su Consejo presbiteral
Los sacerdotes del Decanato III nos hemos reunido en nuestro encuentro mensual el pasado miércoles 15 del mes en curso. Y vuelto a reunir extraordinariamente el pasado jueves 23 del corriente.
Uno de los temas abordados con gran preocupación en estas reuniones de Decanato es el relativo a lo abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio. Sobre todo nos preocupa la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias, el del p. Justo Ilarraz, quien fuera formador en el Seminario menor a principios de la década del 90.
Nuestra preocupación es doble por un lado, el hecho de que el p. Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio sacerdotal, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica ni haya sido convenientemente investigado y juzgado por la autoridad civil. Es un hecho que quien padece de pedofilia puede cambiar solo con mucha dificultad. En todo caso, es una imprudencia y así lo confirma la praxis actual de la Iglesia que siga ejerciendo el ministerio y estando en contacto con fieles con los cuales puede volver a ocurrir lo mismo que aquí en Paraná.
Recordamos las profundas afirmaciones de Benedicto XVI en su viaje a EE UU, «no hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa, para quienes dañan a los jóvenes”.
Por otra parte, nos preocupa el hecho de que el silencio de las autoridades eclesiásticas sea interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad. Creemos que tarde o temprano el caso va a salir a la luz y tememos por el impacto negativo que pudiera tener para la fe de nuestros creyentes y la confianza que depositan en nosotros. Nos parece que prolongar este silencio, a la larga, puede dañar mucho más la imagen de la Iglesia en Paraná, que reconocer los sucesos y nuestra parte de responsabilidad en los mismos.
Creemos que es necesario entonces una acción que con toda claridad ponga de manifiesto nuestra profunda aversión a lo sucedido, nuestra disponibilidad a que se lleven a cabo las acciones legales pertinentes, tal como ha pedido el Santo Padre: ‘Los responsables de estos males deben ser llevados ante la Justicia’, y nuestro sincero empeño en que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más.
Sin otro particular, y deseando que el Señor ilumine a quienes tienen la delicada tarea de decidir lo mejor para la Gloria de Dios y la Salvación de las almas, nos despedimos implorando la protección de Nuestra Señora del Rosario.»
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.