El diputado provincial Eduardo Solari (UCR-Juntos por el Cambio) pidió a la Justicia que no apruebe el acuerdo de juicio abreviado que alcanzaron la Fiscalía y el exdiputado y dirigente de UPCN, José Allende, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, abierta en 2012.
La audiencia en la que se presentará el acuerdo, y en la que Allende admitirá de forma pública que se enriqueció ilícitamente, será el 14 de octubre de la semana que viene. La pena que aceptó el dirigente es de ejecución condicional, es decir, no va preso; más una multa y entrega de bienes.
El trámite será ante un Tribunal colegiado integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa.
Por el contrario, el legislador opositor quiere que Allende sea juzgado en un juicio oral y público y vaya a la cárcel por los delitos que cometió.
En ese marco, el diputado Solari llamó a la Justicia a “comprometerse con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho” y volvió reclamar que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley de su autoría que busca prohibir los juicios abreviados en los delitos contra la administración pública, a partir de una modificación del Código Procesal Penal.
“Ya hemos dicho que resulta inaceptable que el ex legislador canjee su libertad por dos mansiones robadas y algunos miles de pesos, como si el saqueo sistemático al erario público durante más de una década fuera un delito menor que se puede perdonar sin más”, remarcó el legislador.
En ese sentido, dijo que “avalar el acuerdo propuesto sólo consagraría una impunidad inaceptable, evitando que Allende vaya preso y que se lleve a cabo un juicio oral y público donde se ventilen tanto los detalles de los delitos investigados como el esquema de complicidades y testaferros del cual forman parte referentes sindicales y políticos del entorno de este deleznable personaje”.
“Más grave aún es que los fiscales hayan habilitado un acuerdo a partir de una especie de “canje”, donde junto al enriquecimiento ilícito se están juzgando también amenazas y actitudes patoteriles contra una funcionaria pública y un periodista, que dejan a las claras lo poco que le interesan los derechos humanos a este sindicalista devenido en multimillonario”, afirmó el también vicepresidente de la UCR entrerriana.
El abreviado de Allende
El dirigente peronista llegó a un acuerdo con la Fiscalía por tres causas: la de enriquecimiento ilícito; y las de amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y al periodista Martín Carboni, de NoticiasUno.
En el mismo, reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y aceptó entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares).
También admitió el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso aceptó pagar una multa de $3 millones. Además, acordó una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.