«Luego de 11 años de investigación, denuncia e impunidad creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes de mis hermanos».

De ese modo, Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agroindustrial de la gestión de Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, inicia una declaración que subió a YouTube y en la que ventila una serie de delitos cometidos por sus tres hermanos: Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, todos socios además de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario.

La mujer habla del «complejo entramado de actividades delictivas» desarrollado por sus hermanos durante décadas «con corrupción, violencia e impunidad: administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral y violencia económica a partir del despojo de mis derechos hereditarios».

Dolores Etchevehere denunció a sus dos hermanos por gravísimos delitos, por quedarse con tierras fiscales a precio vil, y con sus explotaciones agropecuarias atentar contra el medioambiente. Los acusa de haber falsificado su firma y la de su padre, el fallecido Lus Felix Etchevehere, y de ese modo «tomaron de facto la administración de todos los bienes. Administración absolutamente constituida por el fraude». En el video, de más de 8 minutos, habla del «desprecio hacia las personas humildes y las mujeres».

«Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solo de las mujeres que, por ejemplo trabajaban en mi casa, sino también contra la de sus vínculos personales», dispara. «En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción, todos denunciados por mí ante la Justicia», añade. Y habla del «vaciamiento de El Diario, la evasión sistemática de impuestos. Todo bajo la mirada de fiscales, jueces y políticos y la participación necesaria de abogados, contadores y escribanos».

«Un día conocí a Juan Grabois -señala-. Es uno de los pocos que se plantan contra los que oprimen a los demás. Lo vi soportando también los ataques del poder. Cuando habló de reforma agraria, de la importancia de que la tierra sea el bien común, de reparar el despojo que sufrió tanta gente, me sentí identificada». Hoy, dice, «Juan Grabois es mi abogado. Ha analizado toda la administración de los Etchevehere corruptos y sabe quiénes son los que han operado para que esta cadena de delitos se lleve a cabo».

En la Justicia

Dolores Etchevehere ha recurrido a la Justicia para denuncia a sus hermanos.

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Banco Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

La causa N° 6.418 está caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”.

La pesquisa de los fiscales viró hacia el interior de las empresas de los Etchevehere y puso en foco una posible maniobra de vaciamiento.

Hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.

El periodista Sebastián Premici lo describe así: “Según datos de la AFIP, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011. Sin embargo, la empresa, cuyos accionistas son Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y la madre de éstos, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac. En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Diego Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima. Todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles”.

Y agrega: “En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto al grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por 4,5 millones de pesos hacia Construcciones del Paraná. La operación terminó de concretarse en septiembre de aquel año, luego de recibir las ayudas económicas de AMUS (Asociación Mutual Solidaria”.

La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.

Ese vaciamiento, según la tesis de los fiscales Cánepa y Ferreyra, no sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehere podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER, lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integran la familia y el ministro de Agroindustria de Macri. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.

El puzzle financiero, según la tesis de los investigadores, habría funcionado así: por cada escritura de venta de inmuebles –Urquiza 1119/23 (subsuelo), Urquiza 1119/23, Urquiza 1119/23 primer piso, Urquiza 1119/23 segundo piso, Camoirano 63, Etchevehere s/n, Urquiza y Buenos Aires- se confeccionó un contrato de mutuo –una parte entrega a la otra un bien para que use en provecho y, en un tiempo determinado, se lo devuelva-, del que habrían participado una mutual que hacía las veces de prestamista.

Así, un inmueble insignia de El Diario, el ubicado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, está en trámite de escrituración ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 a nombre de la Mutual 10 de Abril, operación que se pactó en una cifra ínfima, $2 millones.

Las maniobras escondieron un movimiento circular: el vaciamiento consistía en que por cada escritura de venta de un inmueble se confeccionó un contrato de mutuo, emitido por una mutual que hacía las veces de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná SA. Esta sociedad endosaba esos valores a favor de SAER por la escrituración de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los prestamistas. De modo que el dinero daba un giro circular, y volvía a su primer dueño, pero las propiedades cambiaban formalmente de dueños, aunque en la práctica quedaban en las manos de los mismos empresarios, con otra sociedad.

Pero a la par que se producían esas transferencias, fueron avanzando distintas causas en el fuero civil contra SAER. Por ejemplo, un juicio de ejecución por deudas impagas por tasas e impuestos a la Municipalidad y a la Provincia, que se entabló a Construcciones del Paraná, que es dueña de varios inmuebles,que SAER le vendió y luego le alquiló. Pero ocurrió un hecho insólito: la demanda no avanzó contra Construcciones del Paraná SA sino contra SAER, que se presentó en el juicio como el deudor efectivo.

Mientras, El Diario atraviesa su peor momento: sin editarse y con sus trabajadores en la calle, sin cobrar sueldos desde octubre de 2017.

La situación de El Diario intentó ser abordada en la sesión de la Cámara de Diputados de  este martes, con un proyecto de comunicación que presentó el diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos), que no fue considerado por sus pares del oficialismo.

La iniciativa de Kneeteman apunta a que se declare de interés “social y cultural a El Diario de Paraná, el medio gráfico más importante de la capital entrerriana, que con más de 100 años de historia supo ganarse un lugar de prestigio en la prensa provincial y nacional, jugando un rol relevante en la vida democrática de Entre Ríos y estableciéndose como un tradicional medio de información para la ciudad y la región”, según expresa en su articulado.

El legislador de Cambiemos lamentó que «no se apruebe este proyecto que es tan importante, teniendo en cuenta el momento por el que está atravesando El Diario. Sobre todo cuando se aprueban tantos otros declarando de interés cosas que muchas veces son irrelevantes”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.