La administración del gobernador Gustavo Bordet salió a condenar enfáticamente la ocupación, desde el jueves 15, de la estancia Nuestra Casa, propieadad de Las Margaritas SA, de la familia del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, ubicado a 15 kilómetros de Santa Elena.
«Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza», afirmó el ministro de Producción, Juan José Bahillo, y aclaró: «También está la obligación de ser responsables». Bahillo recordó que «el apego a la ley es un deber». También especificó que “este caso tiene matices que resolverá la Justicia, no el Gobierno”.
Este mediodía la Sociedad Rural convocó a manifestarse frente al acceso del campo Casa Nuestra, ocupado por Dolores Etchevehere, en guerra patrimonial con su familia. La mujer «donó» al Proyecto Artigas y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del dirigente Juan Grabois, un 40% del predio de casi 400 hectáreas, uno de los cinco campos que posee la familia Etchevehere. El pleito será tratado durante una audiencia que tendrá lugar a las 15 de hoy en los Tribunales de La Paz, que tramita una denuncia penal por usurpación.
«La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado», resaltó el titular de la cartera productiva en relación a la disputa en el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere. Frente a ello, adelantó que «este Gobierno jamás va a favorecer una usurpación, sencillamente porque se trata de un acto ilegal, contrario a la Constitución”.
Bahillo indicó que la situación desatada en el establecimiento ubicado en el Departamento La Paz se dirime en el ámbito de la Justicia y –definió- “este gobierno actuará de acuerdo a lo que se resuelva en los Tribunales”.
Asimismo, “condenamos cualquier hecho delictivo. El apego a la ley es un deber y nunca estaremos de acuerdo con que se atente contra la propiedad privada”, insistió Bahillo.
En relación a la manifestación prevista para hoy en el acceso a la explotación, impulsada por dirigentes ligados al ruralismo, dijo: “Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, y también está la obligación de ser responsables; sé que se dispuso que la Policía asegure el derecho a la libre manifestación de las personas, pero la presencia policial debe ser acompañada por un sentido de la responsabilidad por parte de la dirigencia».