La disputa por la estancia Casa Nuestra, uno de los cinco campos de la familia Etchevehere, ubicado en la entrada de Santa Elena, se dirimirá en minutos en el despacho del juez subrogante Flores, en los Tribunales de La Paz, con la presencia de todas las partes en disputa.
La firma Las Margaritas SA, que integran Leonor Barbero Marcial, madre de Dolores, y sus tres hermanos varones, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, reclama esa tierra como propia, y argumenta que la única hija mujer de la familia cedió su participación en todas las empresas.
Dolores, en cambio, aliada al dirigente social Juan Grabois, dice que en todos los procesos en los que se dispuso la transferencia de bienes y propiedades de la familia ha venido siendo excluida mediante documentos en los que se ha falsificado su firma. Eso lo denunció en la causa que tramita la Justicia provincial desde 2011.
Y por eso, ahora, en alianza con Grabois, llevó el tema a la Justicia Federal: las denuncias las tramita ahora el fiscal federal Federico Delgado.
Aquí, hoy, se definirá si se procede a desocupar el campo Nuestra Casa, 370 hetáreas que los Etchevehere comparon en 2004 y que formó parte del patrimonio del Frigorífico Regional Santa Elena, y se lo restituye a la firma Las Margaritas SA. Dolores hizo valer los derechos que dice tener y el jueves 15 ocupó las instalaciones y cedió un 40% de la tierra a Proyecto Artigas.
En medio de ese pleito, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero hizo un llamado a la reflexión y a las conductas de las partes que están en conflicto por los campos de la familia Etchevehere, a fin de garantizar la paz social. Llamó a respetar la decisión de la Justicia que dirimirá el conflicto familiar y dirá efectivamente quién tiene derechos sobre esas tierras.
“Estamos con una situación muy difícil en el norte entrerriano, concretamente en la zona de Santa Elena en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar. No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una cesión de una de las propietarias o herederas hace a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas. Entonces, la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no. Hoy estamos con una audiencia judicial que se va a desarrollar en el curso de la tarde, hay un juez de la causa de la ciudad de La Paz que va a dirimir las distintas situaciones”, sostuvo la ministra Romero.
“El juez decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra. Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho”, aclaró. Y agregó: “Nosotros como Gobierno hemos venido acompañando la labor de jueces y fiscales porque la Policía es un auxiliar de la Justicia. Frente a una denuncia de delito de usurpación como la que hay en el Juzgado de La Paz, la Policía obedece estrictas órdenes de la Fiscalía y del Juez que entiende en la causa”, explicó la funcionaria provincial.
“Desde el Poder Judicial se va dirimir quién tiene la razón. Tenemos que situarlo en ese contexto a este conflicto. Se trata de una disputa judicial en la que ambas partes argumentan derechos”, agregó Romero. “Aprovecho para hacer un llamado a la reflexión y a las conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad, porque aparecen acá dos posiciones muy encontradas, muy disimiles, una que niega el derecho de la otra y así recíprocamente. Cuando un juez tome una decisión, siempre da un plazo para que las partes cumplan y siempre aconseja el cumplimiento de la sentencia sin llegar a ninguna acción por parte de la fuerza pública, cabe decir la sentencia judicial siempre es un mandato, Tendría que triunfar la racionalidad”, indicó la Ministra de Gobierno y Justicia.
La Policía está apostada en el lugar, de manera preventiva, hay 100 efectivos. Hubo audios muy fuertes que circularon por redes en tono más de amenaza que de convocatoria, pero nuestro objetivo es prevenir el delito y la violencia. Los audios que circularon son verdaderamente son preocupantes, tras el argumento de defender la propiedad privada están amenazando con males mucho mayores como atentar contra personas, es decir con comisión de otros delitos, por eso tiene que triunfar la racionalidad y el respeto de la ley”, finalizó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora