El Poder Judicial manifestó su rechazo a la decisión de la administración del gobernador Gustavo Bordet de otorgar un aumento mediante sumas fijas que se dispuso por decreto del Ejecutivo, ya que de ese modo se desconoce la Ley de Enganche Salarial en la Justicia, que rige a través de la Ley N° 10.068.
En un pronunciamiento que firmaron en forma conjunta los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Procurador General, Jorge García, el Defensor General, Maximiliano Benítez, y los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) hicieron saber del «absoluto consenso en manifestar la vehemente defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, leyes nacionales y en las leyes provinciales N° 8.069 y N° 10.068».
En la declaración que consensuaron, rechazan «enfáticamente la medida impulsada por el Gobierno provincial mediante el Decreto N° 1634 (…), que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales».
La decisión del Gobierno de otorgar aumentos por decreto para el último trimestre del año se adoptó luego de dos sucesivas reuniones -el 26 de septiembre y el 1° de octubre- y ante el rechazo sindical a las dos propuestas de aumento salarial en la Administración Pública. A través del decreto N° 1.634, dictado el 6 del actual, el Poder Ejecutivo dispuso otorgar a “los agentes y empleados del Estado provincial, de los escalafones General, Sanidad, Vial, Seguridad, Justicia, docentes, Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Tesorería General, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, a cuenta del incremento que logre acordarse en la mesa paritaria de negociaciones sectoriales, una suma fija mensual, provisoria, la que será no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial”.
Con los haberes del mes de octubre los empleados y pasivos de la administración pública que perciben hasta 120.000 pesos cobrarán una suma fija mensual a cuenta de futuras paritarias, según lo fija el decreto Nº 1.634.
Los activos cobrarán la suma de $4.000 cuando su salario nominal no supere el monto de $35.000.
La suma de $3.500 cuando su salario nominal sea mayor a $35.000 y menor o $55.000.
La suma de $3.000 cuando su salario nominal sea mayor $55.000 y menor o igual a $120.000.
Pero ese camino encontró un rechazo cerrado en la Justicia. Desde el Poder Judicial expresaron que esa oposición «se funda en que la misma atenta contra la Ley N° 8.069 de porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, la que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarias/os y trabajadoras/res, percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un Vocal del Superior Tribunal y, de la manera dispuesta por el Decreto N° 1634 se rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial».
En la Justicia señalan que «no desconocemos que estamos ante una atípica e imprevista situación sanitaria. Somos conscientes y reconocemos la difícil situación económica y social que atravesamos, producto de la pandemia por Covid-19, en la provincia y en la nación. Tan es así que, con la firme convicción de que todos debemos colaborar para ayudar a los que más lo necesitan, el Poder Judicial de Entre Ríos impulsó medidas y acciones concretas para afrontar la emergencia sanitaria y económica».
Señalaron también que «tenemos pleno conocimiento de la difícil situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos, pero estamos convencidos que la misma no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignados en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente. Además, de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8% del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo».
Así, señalaron, «no pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo que romperían un orden armónico que funciona sin reparos desde hace más de 30 años y en aras a su necesaria preservación venimos haciendo sacrificios desde hace muchos meses y estamos dispuestos a acompañar los que la provincia requiera; mas, deseamos, exhortamos y hacemos votos por que se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora