“Esto no es un tema de una familia, esto no es algo, como quieren presentar, como una consecuencia de un conflicto familiar. Esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes”.

Bajo un aguacero, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, dirigió un encendido discurso fuertemente político ante la convocatoria que se reunió en la puerta de la estancia Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, en el marco de la disputa legal que mantiene la familia con Dolores Etchevehere y su Proyecto Artigas, que desde el jueves 15 del actual se instalaron allí.

Los tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, más la madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial, se subieron a un palco improvisado desde donde pronunciaron encendidos discursos.  Junto a ellos, el exdiputado nacional y tío de los hermanos, Arturo Roosvelt Etchevehere. El caso de la disputa por ese campo está cruzado por un enojoso trámite de sucesión familiar que se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 7, de Paraná, más recientes presenciales de Dolores Etchevehere contra su familia ante el fiscal federal Federico Delgado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A ese puzzle de actuaciones judiciales, se suma una denuncia por estafa de Dolores contra su madre y sus tres hermanos que se sustancia en el Juzgado de Transición N° 1, a cargo de Carlos Ríos. Y el último pleito, por usurpación, a cargo del juez de Familia de La Paz, Raúl Damir Flores, que subroga al juez de Garantías Walter Carballo. El magistrado no hizo lugar al pedido de desalojo formulado por los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa, y esa decisión fue apelada ya por el Ministerio Público Fiscal y el abogado de los Etchevehere, Rubén Pagliotto.

Este domingo se conoció una novedad judicial, la recusación del juez Flores por parte de los Etchevehere.

El exministro macrista dijo hoy en las puertas del campo de Paraje El Quebracho que él, sus hermanos y su madre son los “legítimos dueños” de la estancia ocupada por su hermana y los militantes de Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Y reclamó al gobernador Gustavo Bordet que exprese de forma enfática la defensa de la propiedad privada y condene la usurpación.

Etchevehere endilgó al Gobierno provincial y principalmente a la administración del presidente Alberto Fernández de “apoyar con dinero y poder político a los usurpadores de este campo”.

“El camino no es el del robo, del arrebato, de la usurpación sino que el camino es el de la verdad, de la ley, y de la justicia. Es muy importante que el poder político asuma su responsabilidad y que también los jueces probos, que los hay, asuman la suya para simplemente volver las cosas a su orden. Es muy importante que este caso se resuelva con la ley en la mano, que este caso se resuelva sacando a los usurpadores del lugar al que nunca debieron haber entrado”, fustigó el también expresidente de la Sociedad Rural Argentina.

Etchevehere sostuvo la relevancia del modo cómo se resuelva el conflicto suscitado en el campo familiar de Santa Elena. “Va a haber un antes y un después en el tratamiento de la propiedad privada en Argentina –aseguró-. Es muy importante que el antecedente quede, y que establezca que vale la pena cumplir la ley, que vale la pena estar a derecho, porque ellos son los violentos, ellos son los usurpadores, y nosotros no somos lo mismo”.

El dirigente macrista anunció en su enfático discurso que él, sus dos hermanos y su madre se mantendrá acampando a las puertas del campo en disputa. “Vamos a estar en la puerta de este campo hasta que la Justicia saque a los ocupantes ilegales. Así sea esta tarde, en una semana, un mes o, si cabe, hasta el fin del mundo, acá vamos a estar”, arengó.

Después, se metió en la grieta: “No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner”.

Para Etchevehere, los integrantes del Proyecto Artigas, que están adentro del campo junto a su hermana Dolores, son “100 vagos”. Y se preguntó: “¿Quién financia a estos tipos, quién los protege, quién puede mantener 100 personas, de qué viven? Viven de los impuestos de todos nosotros. Tenemos que dejar atrás la Argentina de la vagancia, del clientelismo. No podemos seguir financiando delincuentes”.

Al final, Leonor Barbero Marcial Etchevehere, la mamá del clan familiar en disputa, reclamó al gobernador Bordet y a su ministro de Producción, Juan José Bahillo, que salgan a defender “la propiedad privada”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora