El cardenal Estanislao Karlic, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, su secretario privado, el cura Mario Gervasoni, condenado en la Justicia por el delito de falso testimonio, y el sacerdote Gabriel Battello figuran en la lista de personas que se pidió que sean citadas en el marco de la demanda civil que iniciaron víctimas de los abusos sexuales del cura Justo José Ilarraz en el Seminario Arquidiocesano de Paraná.
Ya se dio el primer paso que es abrir la instancia de mediación, y se han propuesto los mediadores. La demanda involucra, de momento, a una de las siete víctimas de Ilarraz, pero en carpeta hay otros dos casos. Así lo reveló a Entre Ríos Ahora la abogada Evangelina Bartoli, que tramita la demanda civil.
Todos, según quedó de manifiesto en la causa penal que concluyó en condena a 25 años de cárcel para Ilarraz por abuso y corrupción de menores, estuvieron al corriente de los hechos. Karlic estuvo al frente de la Iglesia de Paraná desde 1983 y hasta que asumió Maulión, el 9 de julio de 2003. Este último se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puíggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011.
Por distintos caminos, uno y otro supieron de aquellos abusos denunciados por jóvenes que, en sus testimonios, acusaron a quien fuera prefecto de disciplina del Seminario Menor entre 1985 y 1993, Justo José Ilarraz.
Cuando ocurrieron los hechos, Puíggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funcionó en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer año, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.
Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la Curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán.
La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban Andrés Emilio Senger (ya fallecido), y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga.
En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza.
De acuerdo a lo que se sabe, el caso estalló cuando una de las víctimas le comentó los pormenores de los abusos del cura Ilarraz a un bedel de ese momento, el actual sacerdote Pedro Barzán. Barzán se lo comunica a su inmediato, Puiggari, y éste toma la decisión de poner en alerta al arzobispo Karlic.
¿Qué dijeron en la Justicia?
Los tres obispos declararon, por escrito, en 2014.
Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”. Una de las respuestas da cuenta por qué actuó como actuó: “Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”. Karlic respondió a preguntas de los querellantes, el fiscal y los defensores de Ilarraz.
“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.
También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.
El dato relevante de su testimonio está en la respuesta a la pregunta 26. Dijo Karlic: “No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.
“El padre Ilarraz manifestó ante mí su reconocimiento de los hechos, y pidió perdón”, reveló.
Puiggari dijo que se enteró de los abusos de Ilarraz “meses antes del comienzo de la investigación dispuesta por el Arzobispado de Paraná, en 1995”, y cita, con nombre y apellido, a tres víctimas: los únicos casos que conoció. Y vuelca todas las responsabilidades sobre las espaldas de Karlic: “No conozco cómo se llevó a cabo el procedimiento, ni las conclusiones ni las sanciones adoptadas sino hasta que tomé conocimiento de las actuaciones a mi llegada a Paraná (en 2011)”, dice su declaración.
Dijo que al tomar conocimiento de los hechos, no se comunicó la situación a los padres de las víctimas “porque ya tenían 18 años y era un delito de instancia privada”. Y luego abunda sobre lo mismo: “El delito investigado es de instancia privada y no podía hacer la denuncia en forma personal. Tomado conocimiento de los hechos, comuniqué enseguida al arzobispo de Paraná (Karlic) como es el proceder normal y ordinario dentro de la Iglesia Católica”.
¿Sabía Maulión de todo lo que sucedía con Ilarraz? Puiggari aseguró en la Justicia que en el momento que asumió como arzobispo, en 2003, “le comuniqué que en el Archivo de la Curia obraba un proceso investigativo sobre el Padre Justo Ilarraz”.
Ni Karlic, ni Maulión ni Puiggari acudieron al ordenamiento jurídico de la Iglesia para aplicar una sanción a Ilarraz. En su declaración judicial, Puiggari relata que el Código de Dercho Canónjico, en el canon 1.395, señala “que debe ser castigado con penas justas, sin excluir, cuando el caso lo requiera, la expulsión del estado clerical”.
Mario Gervasoni también supo de los abusos de Ilarraz, pero en su caso declaró en la Justicia que no sabía nada, y por eso fue condenado en 2019 por falso testimonio. Le aplicaron una pena de un año de prisión condicional.
El cura Gabriel Battello supo de primera mano de los abusos que soportó una de las siete víctimas que llevaron a Ilarraz al banquillo, y se calló.
La víctima que le contó los abusos del cura Ilarraz es José Riquelme. Cuando los abogados querellantes Walter Rolandelli y Marcos Rodríguez Allende le preguntaron a Battello por qué no denunció esos hechos cuando tomó conocimiento, el sacerdote no supo qué contestar. “Lo dejó en libertad de acción al chico, para que él hiciera lo que mejor creyera”, comentó Rolandelli durante el juicio a Ilarraz, en 2018.
Battello ya había declarado en el juicio a Ilarraz en la etapa de instrucción, pero entonces nada reveló de esa confesión de una víctima. Misteriosamente, en el juicio oral recobró la memoria y recordó aquel hecho. Cuando declaró la primera vez, aseguró no saber nada de los abusos en el Seminario, que se reprochan a Ilarraz; este martes, en cambio, recordó que una víctima le había contado de los abusos.
En la instancia penal, Ilarraz fue condenado en mayo de 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores -sentencia confirmada en 2019 por la Cámara de Casación Penal, y en 2020 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)-, aunque ahora el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se expida.
El propio Ilarraz reconoció los abusos en una carta que escribió el 18 de enero de 1997 y dirigida al Vicariato de Roma, que lo investigó: «La historia no comenzó desde el momento de mi llegada al mismo. Tampoco este tipo de situación morbosa puede ser localizada como la aparición concreta de un hecho que yo pueda señalar. Sin lugar a dudas que fue la concatenación de pequeños hechos de afectos desordenados que fueron dando a lugar a una familiaridad que no condice con la condición del hombre, ni menos de un cristiano y ni qué decir de la condición de sacerdote. Esta actitud descalificante que realicé con varios seminaristas, se centra alrededor de los años 1990-1991-1992. Fueron tres años o algo más, que reconozco como los peores años de mi vida».
Para la Justicia no se trató de simples desórdenes, sino de la comisión de delitos y por eso lo condenó. Ahora, Ilarraz deberá enfrentar, además, una demanda civil.
«Estamos preparando la instancia de mediación y buscando la jurisprudencia que respalde el reclamo antes de qué esté firme la sentencia penal. Creemos que la dilación del proceso penal frustra los derechos de las victimas a ser indemnizados, ya que estamos a casi 10 años de la denuncia», dice a Entre Ríos Ahora la abogada Evangelina Bartoli, representante legal de D. S. La mediación es un paso previo, antes de la demanda civil. E involucrará no sólo a Ilarraz sino a la cúpula de la Iglesia. «También creemos que tienen responsabilidad (el arzobispo Juan Alberto) Puiggari y (el cardenal Estanislao) Karlic por encubrir el delito. En una instancia previa a la judicial y obligatoria. En caso de que fracase la mediación, interpondremos una demanda civil. Entiendo que es el primer reclamo, hubo uno anteriormente pero llegó sólo hasta la instancia de medicación», añadió.
El tribunal que condenó a Ilarraz en 2018 a 25 años de cárcel -de momento, está con prisión preventivo, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná- planteó en sus fundamentos, contenidos en 327 páginas, que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.
En 2019, la Cámara de Casación Penal, al confirmar la condena, le asestó un duro golpe a la Iglesia de Paraná por haber encubierto los abusos del cura Ilarraz en el Seminario. En su voto, el juez Alejandro Cánepa explicó que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
También el fallo de Casación fustigó la investigación interna que ordenó el entonces arzobispo Estanislao Karlic en 1995 y que derivó en la sanción del destierro para Ilarraz tras probarse los abusos cometidos. “Las personas a quienes les fue confiado el ´secreto´ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”. Y agrega: «Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado (Karlic y el arzobispo actual Juan Alberto Puiggari), más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños”.
El caso tuvo una tercera resolución, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en marzo de este año confirmó lo resuelto por los tribunales inferiores, aunque con voto del juez Bernardo Salduna el alto cuerpo receptó un recurso extraordinaria de la defensa de Ilarraz y mandó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo de prescripción.
La abogada Bartoli entiende que la discusión en la Corte no obstruye el inicio de la demanda civil, porque ya hay fallo definitivo a nivel de la Justicia provincial. Y por eso inició el camino para conseguir la reparación económica para una de las siete víctimas de Ilarraz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora