Dolores Etchevehere se abstuvo de declarar este viernes ante los fiscales de La Paz que le imputan el delito de usurpación y desobediencia judicial, en el marco de la causa por la ocupación de la estancia Casa Nueva, ubicada cerca de Santa Elena.
La causa se abrió el jueves 15 de octubre a partir de la denuncia de su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, presidenta de Las Margaritas SA, por la ocupación del campo Casa Nueva, por parte de Dolores y el grupo Proyecto Artigas y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
Dolores estaba citada a declarar este viernes por la mañana, pero finalmente se supo que se abstuvo. Así lo confirmó uno de los abogados defensores, Patricio Cozzi, quien recientemente se sumó al equipo defensivo de la mujer. La defensa la integran Lisandro Mobilia, Daniela Verón y Cozzi.
El lunes es el turno de declarar del abogado Facundo Taboada, también acusado de usurpación. El letrado, siguiendo la misma actitud de Dolores, también podría abstenerse.
Desde la Fiscalía de La Paz aseguraron que, cumplido el trámite, siguen con la investigación penal preparatoria. «En la audiencia de declaración de imputado, lo que hacemos es informarle el contenido de los hechos que se le imputan y la evidencia que tenemos. Es su derecho declarar o no. La declaración se puede hacer cuando la defensa considere pertinente», explicó María Constanza Bessa, quien está a cargo de la investigación junto al fiscal Oscar Sobko.
Sobre la apelación de la defensa a la resolución de la jueza María Carolina Castagno, que habilitó el desalojo de la estancia, la fiscal dijo que aún no fueron notificados formalmente de la presentación.
«No nos han notificado formalmente nada. La defensa nos informó que iban a presentar la Casación y desde el Tribunal de Casación no se ha informado nada todavía», señaló.
Finalmente, explicó que «el acto de hoy nos permite continuar con la investigación preparatoria. Ahora vamos a solicitar algunas medidas de prueba más, que tienen que ver con documental».
En cuanto a declaraciones de testigos, indicó: «El primer día, el jueves 15, me presenté personalmente en el campo y tomé declaración de todos los empleados rurales y esos testimonios están agregados al legajo».
El caso
El ingreso al campo en el paraje El Quebracho, a 12 kilómetros del acceso a Santa Elena, en el departamento La Paz, se produjo el jueves 15 de octubre, por la mañana.
Ese mismo día, Leonor Etchevehere presentó la denuncia por usurpación. Más tarde, el viernes 23 de octubre, Dolores obtuvo un fallo a favor cuando el juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, denegó el pedido de desalojo formulado por la Fiscalía y el querellante Rubén Pagliotto. En su resolución, sostuvo que el campo no había sido inventariado en el juicio sucesorio que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná, a cargo del juez Martín Furman.
Sin embargo, el jueves 29, la resolución fue revocada por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, que dispuso el inmediato desalojo de la estancia. La magistrada atendió el planteo de los fiscales y la querella, que sostuvieron que Dolores ya no integraba la sociedad Las Margaritas, que controla el campo, puesto que en 2018 cedió sus acciones a una sociedad llamada Mirus SA.
El desalojo de Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas se produjo ese mismo jueves a las 19.
La imputación dice que el 15 de octubre, alrededor de las 11, Dolores Etchevehere y Facundo Taboada «ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48».
Se agrega que «una vez en el interior del perímetro del Casco de dicho establecimiento, se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020».
Luego, la imputación dice que «además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento», le comunicaron «a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos».
«Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.», finaliza la descripción del delito endilgado.