La declaración indagatoria de hoy, a las 13, del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, se da luego de un largo proceso en los que hubo sucesivos aplazamientos de ese trámite y en los que el también expresidente de la Sociedad Rural Argentina pudo zafar de acudir a los Tribunales a responder por una denuncia por estafa que le interpuso su hermana Dolores, en 2011.
En diciembre de 2016, los fiscales Alejandro Cánepa -hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones- y Viviana Ferreyra pidieron por primera vez la indagatoria de los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial en una causa que se abrió en 2011 por una denuncia por estafa presentada por Dolores Etchevehere, hermana de los tres varones del clan.
Esa primera vez el trámite judicial, sin embargo, no prosperó a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El último pedido de indagatoria ocurrió el 9 de marzo de 2020, impulsado por el fiscal Álvaro Piérola. Ni aquella petición de Cánepa y Ferreyra, que se repitió tres veces, la última, en febrero de 2018, y las dos que formuló Piérola tuvieron trámite favorable. Hasta ahora, la decisión judicial había sido aplazar el trámite y liberar a los Etchevehere de cumplir con el trámite de la indagatoria. Eso fue así hasta que el 30 de octubre último, el actual juez de la causa por estafa, Carlos Ríos, firmó la orden de citación a indagatoria de la familia que durante un siglo dirigió los destinos de El Diario.
En el ínterin, la causa por estafa pasó por las manos de tres jueces: Susana María Paola Firpo, Pablo Zoff y, el último, Carlos Ríos. A mediados de octubre último, Entre Ríos Ahora consultó a Ríos el estado de avance de la causa y respondió: «Todavía no han sido indagados por el tema de la pandemia». Diez días después, al día siguiente de que se conociera la decisión de la jueza de juicio María Carolina Castagno de ordenar el desalojo de la estancia Casa Nueva, en Santa Elena, ocupada por Dolores Etchevehere y el grupo Proyecto Artigas, el magistrado firmó la resolución de citación a indagatoria de los Etchevehere.
Además de los Etchevehere -los tres hermanos, porque la indagatoria de Leonor Barbero Marcial fue suspendida- están citados los empresarios Walter Grenón y su hermana Viviana Grenón, ejecutivos de la firma Red Mutual, y poseedores de la mayoría accionaria de El Diario en 2010 hasta que vendieron su parte en 2012. También, dos de los administradores que ha tenido El Diario, Luis Guevara y Germán Buffa, sindicado en la Justicia como «testaferro» del exministro de Cultura, Pedro Báez.
El abogado del exministro de Macri, Rubén Pagliotto, aseguró a Entre Ríos Ahora que Etchevehere declarará ante el juez Ríos, que lo citó para este martes, a las 13, a declaración indagatoria en la causa por estafa. «Declararán. Ellos quisieron hacerlo y yo comparto plenamente que así sea», afirmó.
El 24 de este mes lo harán los otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere. La madre, de momento, ha sido liberada de ese trámite.
La causa investiga una serie de préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios de las empresas de los Etchevehere usaron en provecho propio, y las maniobras mediante las cuales a través de una sociedad fantasma, Construcciones del Paraná, «vaciaron» patrimonialmente a El Diario. En la tramitación de la causa, y a pedido del fiscal Alejandro Cánepa, la jueza Paola Firpo dispuso, el 29 de diciembre de 2017, trabar un embargo de 250 mil dólares a los Etchevehere. Ese día, además, se ordenó un allanamiento a la casa del entonces ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, en la Bajada Los Vascos, en la zona del Parque Urquiza. Pero la sangre no llegó al río: el allanamiento no fue tal porque Etchevehere aceptó entregar de forma voluntaria los libros de la empresa Las Margaritas SA que había pedido la Justicia.
Los hechos
La causa está caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”.
En un dictamen fiscal incluido en el expediente judicial, se lee: «Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 , los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco. Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas «Préstamos Banco Itaú» y «Cuentas Particulares Directores», por un monto de $1.066.000. La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 otorgado mediante Resolución del Banco de la Nación Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 01/11/2016.
“De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido».
Después, agrega: “Que por otro lado, atento a lo denunciado por Dolores Etchevehere -hoy querellante- vengo a formular requerimiento de instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere,; y Luis Alberto Guevara, con domicilio en la calle Esteves Saguí Nº 31, piso 2, depto «b», Liniers, CABA; en su calidad de integrantes del Directorio de la firma SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos, CUIT Nº 30-50009231-5, con domicilio en la calle Urquiza Nº 1.100 de Paraná), durante el período 2011/2015, por el presunto delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), el que se verificaría a partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante como de terceros vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión.
“Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento – ya que ha sido objeto de numerosas versiones periodísticas – que tanto el Directorio como los accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya investigación se requiere, o sean otras las personas quienes – por su calidad funcional – se vean involucrados en las mismas.
“Aquello último también se relaciona directamente con el hecho por el cual se requiere (en el pto. anterior) la indagatoria de los nombrados – salvo, aún, de Guevara – dado que existen indicios suficientes que surgen tanto de la denuncia en cuestión, como de la Resolución de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Ministerio Público Fiscal de la Nación) que diera inicio a las actuaciones ya citadas radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, de que contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, ´vaciarla´.
“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.
“Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades.
“Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos.
“Es decir, que el dinero volvía a su ´dueño´ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio.
“Así habrían sido objeto de tales operaciones, las transferencias hacia la firma Construcciones del Paraná S.A., los inmuebles sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4);8) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano.
“Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios de los autos ´Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración´, que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de $2.000.000, con pacto de retroventa.
“Tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán, sobre todo porque la misma operación se reitera en el Expte. Nº 19036, caratulado ´Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración´, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, y que se adjunta a la presente.
“Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la querellante – existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevehere hacia el grupo familiar sindicado -.
“De esa forma, entiendo que – prima facie – y atento el estadío procesal en que nos encontramos, puede atribuírseles a los nombrados Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, que ´durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, en su carácter de miembros del Directorio de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos, realizaron la venta simulada de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4); hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. – cuyos socios resultan Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere -, a precio vil y por debajo de los de mercado, que en realidad encubrían préstamos de dinero otorgados por ésta última hacia SAER, y – a su vez – de las firmas Asociación Mutual Unión Solidaria y Asociación Mutual 10 de abril hacia aquella, obligando así de manera abusiva y desapoderando patrimonialmente a la sociedad cuyos intereses y bienes dirigen y administran, en perjuicio de los socios y de otros terceros que se vinculan laboral y/o comercialmente con la misma. La maniobra de vaciamiento consistía en que por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una de esas mutuales que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná S.A; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. De esa forma, el dinero tenía un movimiento circular por el cual volvía al prestamista original, mientras que los bienes involucrados en tales operaciones cambiaban de titular, que a la postre eran las mismas personas físicas que administraban SAER, despojando a esta última de tales bienes. Por otro lado, también durante el período sindicado, los nombrados simularon la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano; y 2) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, plano de mensura Nº 10558; y 3) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de mensura Nº 40108 – todos de la ciudad de Paraná – hacia la firma Asociación Mutual 10 de Abril a partir de la suscripción de los respectivos boletos de compra y venta, con pacto de retroventa, por valores muy por debajo de los de mercado, encubriendo otro tipo de operaciones financieras – préstamos de dinero – en detrimento de SAER, de sus socios, y de los terceros que se relacionan comercial y/o laboralmente con aquella´”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora