- Por Paola Robles Duarte (*)
El médico ginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, condenado en 2019 por la Justicia de Río Negro por haberse negado a practicar un aborto legal a una adolescente de 19 años que había sido violada, y que tras ser inhabilitado para desempeñarse en esa provincia buscó y consiguió que el Ministerio de Salud de Entre Ríos le habilitar la matrícula -aunque después se volvió atrás con la medida- fue denunciado penalmente por cobrar sueldo del Estado rionegrino y no desempeñar sus tareas.
La exdiputada provincial de Río Negro Marta Silvia Milesi y la actual concejal de la ciudad de Cipoletti María Victoria Alfonso hicieron notar que el profesional es médico con dedicación exclusiva en el sistema sanitario rionegrino y por el ordenamiento legal vigente tiene vedada la posibilidad de desempeñarse en la actividad. Pero la matrícula que le otorgó Entre Ríos en septiembre último, y con vigencia hasta 2025, era para trabajar en clínicas privadas.
Denuncia Penal Rodríguez La… by Entre Ríos Ahora
“Teniendo en cuenta dicha situación de hecho es que nos asombramos al conocer por medios periodísticos que el mismo prestó servicios en forma privada en la ciudad de Gualeguaychú (…) infringiendo de esa manera las obligaciones contraídas con este Estado provincial, el que a la fecha continúa abonando el salario del mismo”, dice la denuncia penal presentada el lunes 30 de noviembre ante los fiscales Juan Pedro Peralta y Hernán Trejo.
Y resaltan que Rodríguez Lastra “continúa percibiendo la totalidad de su salario pese a encontrarse usufructuando licencia psiquiátrica desde hace más de dos años, situación que es irregular de acuerdo con la normativa provincial.
Cómo estalló el caso
El pasado 22 de noviembre, Entre Ríos Ahora informó que el Ministerio de Salud a cargo de Sonia Velázquez, había matriculado a Leandro Rodríguez Lastra para el ejercicio de la medicina en territorio entrerriano. Esto disparó una serie de cuestionamientos que llegaron al ámbito nacional y cobraron la forma de carta pública, dirigida al gobernador Gustavo Bordet y firmada por más de 80 organizaciones feministas, sociales, políticas y culturales de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, como así también por funcionarios municipales de la ciudad donde uno de los referentes del movimiento nacional Salvemos las Dos Vidas se habría radicado para inaugurar su consultorio privado: Gualeguaychú.
La matrícula N° 12.642 le había sido otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025. La habilitación se la dio Entre Ríos aún cuando el médico había recibido una condena –ratificada en una segunda instancia por la Justicia de Río Negro- a “dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos” y “a un año y dos meses de prisión en suspenso” al haber sido hallado culpable por impedir la práctica un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años, víctima de una violación. Este fue el argumento central en el que se basó la resolución difundida por el Ministerio de Salud para inhabilitar, en noviembre, la matrícula provincial del médico que antes le había otorgado en septiembre.
La amenaza del médico a Salud
Luego de hacerse pública la medida del Estado entrerriano, poco tardó el abogado Damián Torres, representante legal del ginecólogo celeste, para confirmar a este medio que llegará a Paraná, con intención de denunciar penalmente a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al asesor legal de la cartera a su cargo, Germán Coronel, por “abuso de autoridad”.
“En las próximas horas iremos a Entre Ríos para contactarnos con algún colega de allá, y acudir a la Justicia de dicha provincia, no solo para que se habilite la matricula del médico Leandro Rodríguez Lastra sino incluso, en caso que no den marcha atrás con esta ilegal decisión, acusar penalmente a los funcionarios que abusaron de su autoridad e incluso al Gobernador (Gustavo Bordet) por este acto contrario a la ley”, confirmó Torres.
Torres remarcó que “la inhabilitación solo alcanzaría (si la condena se confirmara en todas las instancias) para ejercer cargo público. Es más, la Fiscalía pidió que se lo inhabilitara para ejercer la medicina, lo cual fue rechazado por el juez y confirmado por el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Es decir, que Rodríguez Lastra puede ejercer la medicina de manera privada sin inconvenientes, en cualquier lado del país”.
El abogado explicó que “el Ministerio de Salud Entre Ríos no pudo constatar que Rodríguez Lastra tuviera antecedentes penales ya que no los tiene porque la sentencia aún no se encuentra firme”. Además, cuestionó que “no se le dio derecho a réplica según indica la propia ley de Entre Ríos, en vez de iniciarse un sumario para investigar la situación, se inhabilitó la matrícula constituyendo esto un acto de autoritarismo”.
Días después, Rodríguez Lastra confirmó el desembarco, y habló de “dictadura”, de “atropello” y de persecución “por pensar distinto” subiéndole el tono a la disputa que, promete, ser un escándalo judicial.
La nueva denuncia penal contra Rodríguez Lastra
Pero desde Río Negro, la voz de la médica jubilada y legisladora provincial con mandato cumplido, Marta Milessi, aporta un nuevo elemento que pone en jaque la habilitación de Rodríguez Lastra en la provincia de Entre Ríos: El cargo full time (dedicación exclusiva) por el que todavía cobra el médico celeste como jefe de servicio del hospital público de Cipolletti.
Este lunes 30 de noviembre, en un oficio dirigido a los fiscales jefes de Cipolletti, Juan Pedro Peralta y Hernán Trejo, Milessi junto a la concejal María Victoria Alfonso, denunciaron penalmente al médico antiaborto. En el texto, señalaron “la relación laboral establecida en el artículo 30 inciso D de la ley L1904, el cual describe el cargo que ostenta Rodríguez Lastra «cuarenta y cuatro (44) horas semanales, con dedicación exclusiva. Este régimen es incompatible con el ejercicio de la profesión, salvo la docencia bajo el régimen equivalente a la dedicación simple», sostiene la demanda.
Asimismo advirtieron que Rodríguez Lastra habría brindado «servicios en forma privada en la ciudad de Gualeguaychú, en el ámbito de la institución llamada Cooperativa Jeannot Sueyro infringiendo “las obligaciones contraídas con este estado provincial ya que hasta la fecha sigue cobrando salario del mismo”.
En otro tramo de la denuncia, aseguran que «Rodríguez Lastra continúa percibiendo la totalidad de su salario, pese a encontrarse usufructuando una licencia psiquiátrica desde hace más de dos años, situación que es irregular de acuerdo con la normativa provincial que regula la relación laboral de este y el Estado rionegrino, es decir los artículos 32 y 33 de la ley L3487» como así también «se configura bajo la incompatibilidad en el marco del artículo 19 inciso I (Desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y la jurisdicción en que hubiera sido designado) de la ley N° 3550 de «Ética e idoneidad de la función pública».
Según consta en la parte documental de la denuncia, por ese cargo con dedicación full time, Rodríguez Lastra cobra alrededor de 83 mil pesos de bolsillo, presentando eventuales certificados psiquiátricos que justifican el “reposo laboral” que lleva más de dos años, con la presentación en dos oportunidades ante las correspondientes juntas médicas.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Milessi opinó: “Por segunda vez Rodríguez Lastra vuelve a desconocer la legislación de la provincia de Río Negro. La primera vez fue cuando incumplió con la ley provincial que establece el acceso a la interrupción legal del embarazo y vulneró los derechos de la víctima. La segunda vez es ahora mismo, cuando desconoce que hay una ley que es la 1.904, la cual rige la carrera de los técnicos y profesionales de Río Negro, y que brinda el marco normativo para el contrato que Rodríguez Lastra firmó comprometiéndose a la dedicación full time en su cargo”.
“Nadie lo obligó a firmar ese contrato, pero la consecuencia de haberlo hecho es que tiene bloqueada la matricula, lo cual le impide ejercer en cualquier parte del país y mucho menos en el ámbito privado”, concluyó Milessi.
(*) Paola Robles Duarte es periodista en Gualeguaychú. Especial para Entre Ríos Ahora.