El empresario santafesino Walter Grenón, que adquirió en 2010 la mayoría accionaria de El Diario, posición que mantuvo hasta 2012, está citado este miércoles, a las 13, a declaración indagatoria ante el juez de Transición Carlos Hugo Ríos, que tramita una denuncia por estafa y vaciamiento de empresas que inició Dolores Etchevehere y que involucra a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sabastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
El trámite ya lo cumplió la hermana del empresario santafesino, Viviana Grenón, que estuvo en Tribunales el martes 24 de noviembre, aunque entonces se abstuvo de declarar. Lo mismo hará su hermano este miércoles, cuando asista acompañado de sus abogados, Guillermo Vartorelli y Alberto Sampayo.
Ya declararon los tres hermanos Etchevehere en la causa -no así la madre, que de momento fue liberada del compromiso- y hasta ahora el único que aceptó preguntas y declaró durante varias horas fue el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Sus hermanos Arturo Sabastián y Juan Diego se limitaron a negar las imputaciones. Otro que acudió ante el juez Ríos es el empresario Germán Buffa, complicado en otras investigaciones penales en la Justicia, que no dijo nada: se abstuvo. El 22 de diciembre está citado Luis Alberto Guevara, otro exdirectivo de El Diario.
Los Grenón, son según la denuncia de Dolores Etchevehere y la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, una pieza clave en el «vaciamiento» de El Diario.
Walter Grenón resultó uno de los principales aportantes en la campaña de Alberto Fernández. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2019, el principal aportante a la campaña del actual presidente Alberto Fernández resultó ser el santafesino Walter Roberto Grenón, que contribuyó con $1.8144.000.
Una cifra parecida aportó a través de dos de sus empresas, la financiera Nexfin y la inmobiliaria Arroyo Ubajay SA, las dos empresas clave en las maniobras de «vaciamiento» de El Diario, de Paraná, denunciadas en la Justicia por Dolores Etchevehere, y que mereció también una denuncia penal ante el Juzgado Federal por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia de la Procelac ante el Juzgado Federal de Paraná, en junio de 2015, fue por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de $4,5 millones contraídos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra. Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo Etchevehere.
La Procelac concluyó que las pruebas «sugieren» que «dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados» y que «en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero», en este caso, la propia mutual.
Los denunciados resultaron ser Leonor María Barbero Marcial y Luis Miguel, Arturo, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, como miembros de la sociedad Construcciones del Paraná, y Walter Roberto Grenón, como representante de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS). La Procelac concluyó en su investigación que se «habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo» -sobre los que no se encuentra acreditada su existencia- con la mutual AMUS con el objetivo de «posibilitar el hecho de que la empresa Construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los] que en realidad carecería» y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario. Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi 3,3 millones de pesos.
«Es preciso subrayar que resulta sugestivo y poco creíble que en los contratos de mutuo presuntamente instrumentados entre la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Construcciones del Paraná S.A. se haya omitido establecer avales o garantías genuinas a favor de la mencionada mutual, máxime si se tiene en cuenta la importancia de la suma de dinero implicada», indicó la Procelac en la denuncia.
También puso de relieve que «de la prueba disponible no surgen datos concretos que permitan ratificar que aquella sociedad haya operado realmente en el mercado inmobiliario ni que haya desarrollado actividad económica alguna, ni antes ni después de las operaciones investigadas». La Procuraduría a cargo del fiscal Gonella también ponderó la «evidente vinculación entre los integrantes que conforman la mutual y el Grupo Etchevehere».
La denuncia identifica a Walter Roberto Grenón como quien administra y dirige la mutual AMUS por intermedio de su hermana, Viviana Graciela Grenón, presidenta de la asociación. Walter Grenón, indica la denuncia, está vinculado con las firmas Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A. que a su vez adquirieron por unos $10,8 millones otros siete inmuebles de SAER.
En los mutuos entregados a la Justicia figuran como presidente de AMUS Miguel Angel Casim y como tesorera, Marcela Fabiana Walpen. Esto es lo que apareció en los papeles. Pero quien ofició de negociadora entre los Etchevehere y Grenón para la confección de los mutuos fue Sandra Renón, directora de la empresa Nexfin. Y del lado de Las Margaritas SA, el negociador fue Guillermo Budassoff, contador de los imputados, y Esteban Vitor, síndico de la empresa, y ahora diputado provincial por el PRO, según publicó el diario Página 12.
El 27 de diciembre de 2017, el entonces fiscal y hoy juez de juicio Alejandro Joel Cánepa firmó una solicitud de indagatoria para Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial, que siguió al suspendido trámite fijado para el 21 de febrero de ese año, con una reformulación de los hechos investigados en la causa denunciada por Dolores Etchevehere: se les atribuyó a los tres hermanos y a la madre, esta última como presidenta de Las Margaritas SA, y sus hijos, como socios, haber solicitado préstamo al Banco Itaú por U$S 250.000 a tasa subsidiada «y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco». La devolución del crédito por parte de la sociedad al Banco fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante cheques de pago diferido, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa «por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú».
«De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido», señala el dictamen.
Cánepa también apuntó al «vaciamiento» de la empresa editora de El Diario, SAER, de la que son socios los Etchevehere. Dijo en su dictamen que «existen indicios suficientes» de que «contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A» a la que fueron transferidos «mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, ´vaciarla´. La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente. Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades. Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. Es decir, que el dinero volvía a su ´dueño´ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora