El nuncio apostólico en Argentina -el representante diplomático del Vaticano-, el polaco Miroslaw Adamczyk, sería citado como parte en la demanda civil que tres víctimas iniciaron a la Iglesia Católica de Paraná y al cura Justo José Ilarraz, condenado en 2018 por los gravísimos abusos sexuales y corrupción de menores ocurridos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.
Esa es la estrategia que se plantea la abogada Evangelina Bártoli, que representa a 3 de las 7 víctimas que llevaron a juicio a Ilarraz, finalmente condenado a 25 años de cárcel en la causa penal. Esa condena fue confirmada en 2019 por la Cámara de Casación Penal, y en 2020 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y ahora llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un planteo de prescripción que motoriza el abogado de Ilarraz, Jorge Muñoz.
La demanda civil, que sigue a la condena en la instancia penal, está de momento en mediación con el mediador Iván Pesutto. Este jueves 3 fue la tercera audiencia de mediación, y tras la ausencia en las dos primeras, esta vez participó el abogado de Ilarraz, Jorge Muñoz. En esas audiencias, la Iglesia de Paraná ha hecho saber que no está en condiciones de hacer frente a un resarcimiento económico para las víctimas, y sólo han manifestado que estarían en condiciones de dar acompañamiento terapéutico.
El ofrecimiento de la curia llega un cuarto de siglo después de que tomara conocimiento de los gravísimos abusos que perpetró Ilarraz en la casa de formación del clero ubicada en la zona del Brete; 8 años después de que se presentara la primera denuncia penal en la Justicia; 3 años después de que Ilarraz resultara condenado a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores. La indolencia de la jerarquía católica paranaense se enfrentó en la audiencia de mediación de este jueves con el llanto quebrado de una de las víctimas, que los responsabilizó del estrago en su vida.
El cardenal Estanislao Karlic está representado por el abogado Marciano Martínez; el arzobispo Juan Alberto Puiggari, por Mario Martínez; Ilarraz, pro el tucumano Jorge Muñoz. Los representantes legales de Karlic y Puiggari han dicho que los jerarcas católicos han dado vuelta sus bolsillos y que no hay nada para repartir. Que no pueden responder a la demanda civil.
Pero la Iglesia de Entre Ríos tiene sus propios bienes: 995 propiedades. Una sola está a nombre de la Iglesia Católica Argentina. El resto se divide entre tres propietarios: Arzobispado de Paraná, Obispado de Concordia y Obispado de Gualeguaychú. El Arzobispado de Paraná tiene 573 propiedades divididas así: una en Villaguay, una en Tala, 3 en Federal, 9 en Victoria y 38 en Villaguay, las restantes 521 en departamento Paraná. El Obispado de Concordia registra, en toda su jurisdicción, 250 propiedades. De ese dos y medio centenar, 41 están en el departamento Colón, 68 en Federación, una en Paraná (pese a que no corresponde a la jurisdicción), 28 en Federal, 7 en San Salvador y 105 en Concordia. El Obispado de Gualeguaychú tiene 168 propiedades, así distribuidas: 8 en Gualeguay, 11 en Islas, 36 en Tala, 21 en Uruguay, 14 en Victoria y 79 en Gualeguaychú.
Ninguna de esas propiedades paga impuestos. Tampoco los vehículos. La planta automotriz de la Curia es importante en Entre Ríos. En total, hay 217 vehículos anotados a nombre de la Iglesia Católica que, como tal, no pagan impuestos. La diócesis de Paraná tiene 181 curas y 129 autos. La diócesis de Gualeguaychú tiene 56 curas con 69 vehículos. Una situación extraña porque implica que habría más de un auto por sacerdote, aunque hay que aclarar que esa cifra comprendería a rodados a cargo de mojas y otros religiosos. En tanto la diócesis de Concordia, tiene 45 curas 19 autos registrados, según un detallado informe que realizó el periodista Jorge Riani.
Pero ante la renuencia local, la abogada de las tres víctimas que iniciaron la demanda civil pedirá que se cite como parte al Vaticano, a través del nuncio apostólico en la Argentina.
La Justicia ya ha dicho que la Iglesia de Paraná fue responsable de los abusos de Ilarraz y que en vez de denunciarlos, los encubrió. Así lo planteó en su fallo la Cámara de Casación Penal en 2019 al confirmar la condena de primera instancia. El juez Alejandro Cánepa sostuvo en su voto que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
En marzo de este año el caso tuvo una tercera resolución, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en marzo de este año confirmó lo resuelto por los tribunales inferiores, aunque con voto del juez Bernardo Salduna el alto cuerpo receptó un recurso extraordinaria de la defensa de Ilarraz y mandó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo de prescripción.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora