El fiscal Martín Abraham tiene en marcha una investigación penal contra el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, por el supuesto delito de incumplimiento de sentencia judicial.
El caso tiene su origen en una resolución que firmó el 9 del actual el juez Civil y Comercial Ángel Moia en el marco de una acción por inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia Económica que iniciaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El 8 de septiembre último, Moia había resuelto hacer lugar a una medida cautelar planteada por los cuatro sindicatos del Estado en el marco de una medida de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Solidaria y dispuso «la suspensión de la aplicación del artículo 6° de la Ley 10.806 respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos, pasivos de la administración pública provincial y municipal». Se trata del apartado que dispone aportes extra por parte de los pasivos para licuar el creciente déficit de la Caja.
Pero el 28 de octubre, el titular de la Caja de Jubilaciones dictó la resolución N° 4.484, que suspendió la aplicación de la cautelar. Primero, el 8 de octubre, el titular de la Caja solicitó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que emita una opinión legal para determinar los alcances del fallo cautelar, y adujo como fundamento la existencia de una supuesta falta de claridad en la sentencia de Moia. El día 22 de octubre, Rodríguez Signes emitió el dictamen N° 0328/20 «interpretó» el fallo del juez, según una presentación que hicieron los sindicatos en la Justicia, y de esa manera «limitó, grosera e insustentadamente, su alcance afirmando – por una parte- que como los pasivos de la administración pública provincial y municipal no son todos, aconsejó restringir los alcances de la medida cautelar sólo a los pasivos que fueran dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, quedando excluidos los pasivos dependientes de los entes descentralizados, autárquicos y los pasivos de los otros poderes del Estado».
Los gremios acudieron a la Justicia y el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 dispuso, el 9 del actual, declarar la «nulidad» de la resolución de la Caja N° 4.484, que «interpretó» la cautelar. A la vez, consideró que hubo «incumplimiento de la medida cautelar» resuelta el 8 de septiembre en el marco de un planteo de inconstitucionalidad de la Emergencia Solidaria. y exhortó a la Caja a «la inmediata rectificación de su conducta». En ese marco, el juez dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal con denuncia de incumplimiento de sentencia.
Esa denuncia por supuesto incumplimiento de sentencia judicial por parte de la Caja quedó en manos del fiscal Martín Abraham.
Pedido de apartamiento
De igual modo, la resolución de Moia está en apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), medida impulsada por la Fiscalía de Estado. Pero también hay un pedido de apartamiento del magistrado en la tramitación de causas por inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia.
«Por un lado, apelamos esa resolución, con lo cual no está firme -explicó a Entre Ríos Ahora el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes-, no obstante la causa penal que impulsó el juez se abre igual. Pero otro lado, le pedimos a Moia que se aparte de la causa, porque en reiteradas ocasiones, tribunales de alzada le han llamado la atención por el hecho de no apartarse porque es incompetente para tramitar acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, persiste en esa actitud, incomprensiblemente».
Si bien aseguró que la causa penal impulsada por el juez Moia se abrió, Rodríguez Signes dijo que esa investigación «no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Lo único que hacemos es defender a la Provincia en juicio, y ahora lo único que falta es que esa defensa sea calificada como penalmente punible. Es algo que está fuera de toda lógica».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora