El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, hizo lugar «parcialmente» a un recurso de amparo que presentó el dueño de la Estación de Servicios Laurencena SRL, Alejandro di Palma, contra el Ministerio de Energía de la Nación, el Ente Nacinal Regulador del Gas (Enargas) y la distribuidora Redengas SA, y a través del cual pidió que se deje sin efeto el incremento del precio del gas natural comprimido (GNC).
Di Palma aseguró en su presentación judicial que la facturacción de mayo respecto a marzo tuvo un fuerte incremento, y habló de «montos irrazonables por su exesiva onerosidad», ya que fue del 254,40%. Y calificó de «brutal» la variacción que hubo, modificación que, además, se aplicó sin convocar a audiencia pública.
Di Palma le hace saber al juez Ríos que su firma (que explota la estación de GNC de avenida Laurencena y la de avenida Ramírez y Sarobe) «es una empresa que adquiere gas y vende GNC a los rodados que son principalmente de baja gama y fundamentalmente destinados al servicio de pasajeros (taxi y remis)».
Pero la Justicia no se detuvo en el porcentaje del aumento, ni consideró si fue mucho o poco, sino que se fijó si en el procedimiento se respetaron o no las normas. En particular, si se había convocado a audiencia pública antes de aplicar el aumento.
Y para eso el juez Ríos se alineó con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obligó a convocar a audiencia pública antes de definir los aumentos. Cumplido ese requisito, además, se impusieron topes a las subas en el precio del gas natural.
Por eso, el el juez federal de Paraná hizo lugar «parcialmente» a la demanda de Estación de Servicios Laurencena SRL y ordenó a Redengas SA refacturarle los consumos a partir de mayo con la nueva tarifa con topes.
La medida alcanza a todas las estacines de servicio.
Es decir, ahora las estaciones de servicio pagan a un precio menor el gas, pero esa baja no se trasladó a los usuarios, que siguen pagando el GNC al mismo valor que empezó a regir con los aumentos.
Frente a esa situación, un grupo numeroso de taxistas efectuó una presenación en la Defensoría del Pueblo de Paraná para que intervenga ante lo que consideran una postura cartelizada de las estaciones de servicio, que fijan un precio sin incorporar la rebaja que ordenó el Enargas.
La presentación de los taxistas hace notar a la Defensoría que «el precio que pagan las estaciones de servicio por el gas que revenden bajó aproximadamente un 17%. Esta baja no se ha trasladado al precio al público, manteniéndose uniforme el precio en todas las estaciones de servicio».
El precio del GNC se mantiene en $10,99, que es el valor que se aplicó a partir del aumento que las estaciones de servicio cuestionaron en la Justicia. Y ese monto es «uniforme», sin variantes.
Como el a sunto excede a la Defensoría, el defensor Luis Garay dio intervención al titular de Defensa del Consumidor, Juan Carlos Albornoz, con una advertencia: la sospecha de que en Paraná los dueños de estaciones de servicio de GNC estarían aplicando prácticas cartelizadas, «acordando» un precio uniforme, sin espacio para la competencia.
Hoy ese precio está en $10,99 en Paraná, mientras que en Santa Fe el precio es de $8.
A pesar del fallo judicial que benefició a las estaciones de servicio de GNC, los usuarios siguen haciendo frente a un aumento que ya no existe.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.