Las islas del Delta entrerriano es siempre un territorio de disputa de extraños que terminan usufructuándola. Es el caso de las islas de Victoria, que cada fin de semana explotan privados sin tributar nada al Municipio.

Este fin de semana, la Policía de Entre Ríos intervino en tres fiestas clandestinas, Club de Río, Sale Isla y Caramelo, y detectó altísima concentración de jóvenes, sin respetar distanciamiento social en medio de la etapa más feroz de la pandemia.

Fue así que efectivos de la Policía de Entre Ríos e inspectores de la Municipalidad de Victoria intervinieron en esos tres paradores instalados sobre la costa provincial en donde se realizaban encuentros festivos sin autorización. Se constataron conglomerados de personas en un número que iba de los 120 a 1.200 asistentes. Los lugares en los cuales se compartía música y alcohol estaban sobrepasados en su capacidad sin que se guardaran las medidas sanitarias de cuidado por la pandemia de Covid-19.

 Las inspecciones se efectuaron en la isla La Invernada, ubicada en Segunda Sección Islas del Departamento Victoria, al Sur del puente que une con la ciudad de Rosario. En esta zona del Delta se llevó a cabo un amplio procedimiento en el cual se constataron tres fiestas clandestinas en paradores no habilitados por la Municipalidad de Victoria. Es así que en los espacios denominados Sale Isla, Club del Río y Caramelo se labraron sendas actas por presunta infracción al Código de Faltas Municipal, en cuanto a las ordenanza que establecen los requisitos para realizar la actividad comercial llevada adelante, la habilitación de eventos bailables, así como la violación a las reglamentaciones sanitarias de prevención del coronavirus, se precisó oficialmente.

El oficial a cargo de la Comisaría de la 2ª Sección Islas, José González, comentó que el operativo se llevó adelante en base a datos que se venían manejando “en cuanto a la extremada concurrencia de gente” en fiestas sobre el borde costero. “Más que fiestas clandestina el rótulo que yo lo daría es de excesiva concurrencia sin cumplir los protocolos en paradores existentes en la zona ribereña frente a la ciudad de Rosario”.

“Esto se da porque estamos frente a una ciudad de 1 millón y medio de habitantes en donde tiene resentido sus espacios públicos para ocio debido al grado de la etapa en la que está la Pandemia. Además del importante parque náutico y las más de 20 guarderías que se encuentran en la ribera del Paraná hacen que se torne bastante complicada la prevención y que se puedan implementar medidas paliativas y de concientización de la gente para poder trabajar en condiciones adecuadas, evitando que se exponga a la gente y a la vez puedan trabajar los paradores”, reflexionó el policía. “Sucede que la concurrencia de la gente se da por cuestiones lógicas de pensar que son espacios abiertos, pero se debe tener en cuenta que igualmente se debe cumplir con un protocolo que se está tratando de trabajar y concientizar, dado las normas vigentes en cuanto Nación y Provincia”, finalizó.


Territorio en disputa

Las islas, aunque están más cerca de Rosario son de jurisdicción de Victoria.

De acuerdo a un informe producido por la Secretaría de la Producción, en el Delta la Provincia posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).


Claro que no toda esa extensión de territorio sigue bajo el dominio público, sino que en los últimos años empresarios ganaderos de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe se han ido apropiando de vastas extensiones de tierra, amparados en huecos de la legislación. Según un documento elaborado por la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares. Y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, pero por alguna razón los parcelamientos que han efectuado agrimensores involucran 58.500 hectáreas.


En agosto de 2008, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmó un dictamen que es la base de la estrategia que se ha dado la provincia en materia de tierras fiscales en disputa con particulares. Rodríguez Signes entiende que las islas del Delta son «bienes públicos» del Estado, «es decir, entre los denominados bienes del dominio público el Estado, ya sea nacional o provincial».

«Sin perjuicio de la teoría a la que se adscriba respecto de la propiedad de los bienes de dominio público (para algunos pertenecen al Estado y para otros, al pueblo), los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto por los bienes privados del Estado», fijó en su dictamen.

Con esa característica, las islas del Delta poseen dos peculiaridades definitorias, según el fiscal, son «inalienables» e «imprescriptibles». Y por eso adhirió a la teoría que considera inconstitucionales «a las leyes locales por medio de las cuales se hubiera autorizado la venta de islas o parcelas de islas del dominio público provincial». Y por eso se mostró partidario de «revisar» los títulos de propiedad otorgados a particulares en el Delta, obviando aquel principio de «inalienabilidad».

El cálculo oficial sostiene que hay unas 100 mil hectáreas de dominio público que fueron apropiadas irregularmente por privados en el Delta. Y Rodríguez Signes dice estar dispuesto a accionar judicialmente para recuperar propiedades cuyos títulos de propiedad estén viciados de alguna manera.

Fotos: Policía de Entre Ríos

De la Redacción de Entre Ríos Ahora