La empresa Patagonia Flight Service SA y el Gobierno de Entre Ríos mantienen un pleito judicial en los Tribunales de Paraná por la contratación de un servicio de vuelos privados. La firma asegura que prestó servicios durante 2017 para Líneas Aéreas de Entre Ríos SA (LAER); mientras que el Gobierno niega haber formalizado contrato alguno.
La empresa que inició la demanda perteneció al empresario Diego Martín Colunga Campo, de buenas relaciones con la familia del expresidente Mauricio Macri. La firma fue disuelta en 2019.
En la causa ya hubo un fallo a favor de la empresa, que fue apelado por la Fiscalía de Estado.
En concreto, la firma demandó el cobro de $258.734,91 en concepto de servicios de traslados aéreos impagos, desde el 6 de marzo de 2017, con más intereses. Al fundamentar la demanda, el abogado de la empresa Patagonia Flight Service SA, Ladislao Uzín Olleros, aseguró que LAER, al tener su servicio inactivo, tercerizó la prestación de vuelos y, en ese marco, solicitó a Patagonia el transporte aéreo de pasajeros y cargas desde y hacia la provincia de Entre Ríos –al aeropuerto de Paraná – con puntos de destino y regreso similar de Buenos Aires.
La demanda fue respondida por Luis Alfredo De Mayer, interventor de LAER, quien negó que se hayan contratado los servicios de Patagonia. “No existe contrato alguno que acredite el vínculo entre ambas empresas aeronáuticas, que conforme surge del Código Aeronáutico, según el artículo 68, el contrato de locación de aeronaves produce la transferencia del carácter de explotador del locador al locatario, y ese contrato debe constar por escrito y ser inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves a los fines de los artículos 66 y 67 del mencionado Código”, respondió.
Asimismo, aseguró que la empresa que inició la demanda no demostró u ofreció prueba que avale su reclamo.
Sin embargo, el juez Civil y Comercial Nº 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionese, hizo lugar a la demanda de Patagonia Fligth Service y condenó al Estado entrerriano a pagar $258.734,91, más intereses. El fallo está fechado el 15 de mayo de 2020.
Demanda Patagonia Flight Se… by Entre Ríos Ahora
En la resolución, el magistrado sostuvo que “con la pericial contable, queda establecido que la operación existió, que la registración –facturación aportada por la parte actora, se encuentra asentada en los libros de comercio, lo que ratifica la certificación contable acercada por la actora”.
Además, impuso las costas del juicio al Estado, que también debe hacerse cargo de los honorarios del abogado Uzín Olleros, regulados en $110.170; $77.120 para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y $23.940 para el perito contador que intervino, Adrián Maximilaino Federik.
Sin embargo, el fallo de Coglionese no quedó firme, puesto que el Estado apeló ante la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná.
Lo cierto es que el Tribunal al que recurrió el Estado se declaró incompetente ya que consideró que se trata de un pleito meramente comercial y que el Tribunal que debe intervenir es la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial. El fallo es del 26 de octubre de 2020.
“El pleito se resuelve subsumiendo la situación de hecho presentada por las partes, aplicando el Código Civil y Comercial, no el derecho administrativo; más allá de la presencia del Estado provincial, que, en el supuesto traído a resolver actúa con su capacidad de derecho privado. Por tanto, no es competencia contencioso administrativa en primera instancia y tampoco es competencia de Alzada en virtud de la Ley de Responsabilidad del Estado ya que ésta regula, en esencia, los supuestos de reparación por daños en el marco de la actividad extracontractual estatal. No obsta a esta conclusión la disposición del artículo 10 de la referida ley 10636 (Ley de Responsabilidad del Estado) en tanto lo que allí se prevé es una disposición supletoria respecto de la ley aplicable pero que en nada incide sobre el Tribunal competente. Conclusión, el fuero en lo contencioso administrativo es, a nuestro juicio, incompetente para entender en el pleito; por lo que corresponde remitir estos actuados a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala en turno- a fin de que resuelva el recurso de apelación interpuesto”, concluyeron los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa, Hugo Rubén González Elías y Gisela Shcumacher. Marcelo Baridón se abstuvo de votar.
De esta manera, desde noviembre del año pasado, las partes esperan que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se pronuncie al respecto. Tiene dos posibilidades: confirmar la condena a favor de la firma aérea privada o revocar el fallo de primera instancia, que es lo que persigue el Estado entrerriano.
Patagonia Fligth Service y su vínculo con Macri
Dos aeroejecutivos vinculados al expresidente Mauricio Macri aparecen cuando se recorre la historia de Patagonia Fligth Service. La firma se disolvió en 2019, y hasta entonces al frente de la misma se encontraba Diego Martín Colunga Campo. Se trata del hijo de un hombre cercano a la familia Macri, Carlos Colunga Campo, quien trabajó en el grupo Socma y en la empresa Macair Jet, también vinculada al expresidente. Esta última firma fue vendida a Avianca cuando Macri llegó al poder.
Diego Colunga Campo también aparece como titular de la firma de vuelos Únicos Air, junto a David Rubén Yacobitti.
Según el edicto publicado el 12 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, Patagonia Fligth Service SA se integró de la siguiente manera: Presidente: Diego Martín Colunga Campo; Director Titular: Carlos Benjamín Colunga López: Director Suplente: Cristian Hernán Candia.
Sin embargo, en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2019, se informó que “por Asamblea Extraordinaria Nº 29 del 17/05/2019 se resolvió la disolución y liquidación anticipada de la sociedad, designándose al Sr. Diego Martín Colunga Campo como liquidador, quien aceptó su cargo en el mismo acto y constituyó domicilio especial en Malabia 1414, Piso 7º, Dpto. “A”, C.A.B.A”.
En septiembre de 2016, Carlos Colunga y su hijo Diego fueron involucrados por el kirchnerismo por supuestas licitaciones amañadas en la contratación de vuelos por parte de la gestión Macri. Se dijo entonces que el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, lanzó una licitación a medida de las empresas de la familia Colunga por $36 millones para contratar aviones privados tanto para los viajes nacionales como los internacionales. A la licitación se presentó una sola empresa: Únicos Air. “Esta empresa prestó servicios a Macri durante su campaña presidencial y también es proveedora del Gobierno de la Ciudad. También fue involucrada en una denuncia periodística en el alquiler de aviones privados al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán”, señala un artículo del periodista Werner Pertot, de Página 12. Tras las críticas de la oposición, la licitación fue dada de baja.
El 12 de marzo de 2017, en una entrevista con Infobae, Diego Colunga habló de su relación con la familia Macri y de los negocios que entabló con gobiernos kirchneristas, entre ellos, mencionó que trabajó para dos líneas aéreas estatales: LAER y Aerochaco.
Sobre su relación y la de su padre –Carlos Colunga- con Franco Macri y Avianca, respondió: “Mi padre trabajó con el grupo por casi 30 años. En un momento los dos fuimos empleados del Grupo Socma. Yo me fui en 2011 y comencé con emprendimientos propios. Hoy en día tengo una de las compañías de aviación ejecutiva más grandes del país. Mi padre continúa en el mismo trabajo que viene realizando hace más de 20 años, que es gerenciar Macair Jet, y debido a la venta de la compañía al día de hoy es empleado de Avian Líneas aéreas. Yo ya no tengo ninguna relación con el grupo SOCMA o Avianca”.
En tanto, sobre su relación con el Kirchnerismo, señaló: “Si bien en los años que tengo en el sector trabajé para los políticos y empresarios más importantes del país, la verdad es que no tuve buena relación con el kirchnerismo más allá de algunos amigos que se identifican con ese movimiento.
En el sector causaron mucho daño: la cantidad de aviones se desplomó, las importaciones de repuestos se hicieron casi imposibles, no se permitió la entrada de inversiones al sector, la cantidad de personal capacitado disminuyó y cuando todo el mundo crecía en pasajeros transportados y cantidad de aeronaves, en Argentina fuimos para atrás. Durante la gestión de Cristina trabajé en el armado de dos líneas aéreas para provincias que estaban desesperadas por conseguir vuelos regulares. Son LAER (Líneas Aéreas de Entre Ríos) y Aerochaco, ambas provincias con gobernadores K. Pero la presión del gobierno nacional las obligó a cerrar definitivamente. Muchas políticas instaladas en los últimos años, casi todas a decir verdad, siguen vigentes y este gobierno no ha hecho mucho por cambiarlas todavía. Hay que repensar la ANAC, el ORSNA y la normativa aduanera para el sector”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora