El Ministerio de Salud dispuso la clausura provisoria de una droguería propiedad de Marcos Benito Torner, hermano de la exconcejal radical Adriana Torner (2011/2015), y además la «inhabilitación permanente», a la vez que confirmó el inicio de un sumario administrativo al propietario del local por una serie de irregularidades detectadas y no subsanadas. De ese modo, corrigió una resolución de 2016 que había dispuesto el cierre definitivo
La medida está contenida en el decreto N° 2004, del 18 de noviembre de 2020, firmado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el gobernador Gustavo Bordet, y publicado en el Boletín Oficial este martes 26 de enero de 2021, y es en respuesta a un recurso de apelación jerárquica que había presentado Torner con patrocinio legal del abogado Javier Martínez contra una resolución de Salud del año 2016.
Torner cuestionó el acto de notificación por parte del Estado de lo dispuesto a través de la resolución N° 2.747, de año 2016, que fue puesta en conocimiento del propietario de la droguería el 5 de febrero de 2019. El trámite lo cumplió un empleado, en el domicilio de la droguería, «diligenciada sin notificar, con la leyenda del oficial notificador del Ministerio de Salud: ´La persona que se encuentra se niega a recibir la presente. Se dejó copia por debajo de la puerta de ingreso´».
Torner se quejó por considerar que «la resolución que cuestiona contiene el vicio de falta de motivación, en tanto carece de fundamentación adecuada. Señala que nunca solicitó el cierre del establecimiento sino la suspensión por obras, por lo que el cierre definitivo dispuesto en la norma fue una acción propia de la administración resuelta como sanción por infracción a reglas dispuesta sin sumario administrativo, por tanto ilegal. Que del texto de la resolución surge que sólo se hace hincapié en la actuación de la farmacéutica y el conflicto laboral con su personal y la falta de actividad de la droguería y, a continuación sin más, se dispone el cierre definitivo sin expresar fundamento jurídico alguno o norma legal violada que conlleve semejante sanción», según el texto del decreto N° 2.004.
La disposición por la que se lo inhabilita a Torner para seguir con su negocio de medicamentos le reprocha «una actitud sino negligente, cuanto menos desinteresada del propietario de la droguería -ahora recurrente- con relación a las presentaciones realizadas y a la situación expuesta en ellas, dejando al descubierto irregularidades sin subsanar y que de manera alguna satisfacen los requerimientos legales, en este orden, no puede el recurrente instar un procedimiento, tal como lo hizo con las presentaciones (…), desentendiéndose luego del curso que siguió su trámite por más de cuatro años (…) ausentándose incluso del domicilio de la droguería sin denunciar una nueva dirección, haciendo infructuosas las notificaciones de aquellos actos, cuyo dictado el mismo instó».
Salud destaca la realización de tres inspecciones a la droguería Torner por parte del Departamento Integral del Medicamento. En las dos primeras, el 14 de febrero de 2014 y el 8 de agosto de 2014, los inspectores «fueron atendidos por el Sr. Torner quien le indicó que no se terminaron las reparaciones del edificio y que por dicho motivo no se están realizando actividades. Cabe destacar que en ambos casos, no se le permitió constatar las afirmaciones del propietario de la droguería al no admitirles el ingreso al local alegando que no estaría en condiciones de ser examinado». Luego, el 10 de octubre de 2014, el propietario de la droguería «comunicó al Departamento de Integral del Medicamento la suspensión de actividades de la droguería como tal, como así también que la Farmacéutica Nora Stagnaro -Directora Técnica- no pertenecía más a la misma. Finalmente en el acta de fecha 14/01/2015 se constató el efectivo cierre de la droguería, al consignarse: ´Sin Director Técnico desde el 11/11/2014. Motivo generador de la Inspección: constatación de cierre´».
La resolución de Salud señala que desde el 14 de febrero de 20140 «la Droguería Marcos B. Torner no realizaba actividades, siendo que en fecha 14/01/2015 se constató su efectivo cierre. Desde aquella fecha se ha impedido a la autoridad de aplicación verificar el cumplimiento de las condiciones legales para el funcionamiento del establecimiento como tal». Y señala que si bien Torner «puso en conocimiento de la autoridad el cese de la Directora Técnica, no obra constancia alguna de haber regularizado posteriormente dicha situación designando un reemplazante». En ese punto, la cartera sanitaria admitió el error y señaló que «ante la ausencia o carencia de la Directora Técnica, la autoridad de aplicación está obligada a disponer la clausura provisoria del establecimiento para luego, transcurrido el plazo legalmente previsto de 90 días corridos desde que aquella medida se hiciera efectiva, proceder finalmente a su inhabilitación permanente, además la norma no establece una facultad ni requiere la sustanciación de un sumario para hacer efectiva la medida, sino impone a la autoridad administrativa una obligación a su cargo, una vez constatada la situación fáctico descripta por la norma».
Se trató, al final, de una mera formalidad, en la que la Administración admitió el error de procedimiento, y corrigió la clausura «definitiva» por una «clausura provisoria» por no haberse cumplido antes los pasos previsto en la normativa vigente. Casi siete años después de iniciadas las actuaciones, vuelve a observar las serias irregularidades en el funcionamiento de la droguería de la familia de la exconcejal Torner, y disponer su clausura.
En la Justicia
La situación de la droguería Torner se agota en una discusión sobre errores administrativos. Marcos Benito Torner tiene una causa penal abierta en la Justicia Federal y está pronto a ir a juicio. La causa está en manos del juez federal Daniel Alonso. Torner está acusado por los delitos de venta sin autorización de medicamentos que requieren receta médica para su comercialización y por el ejercicio de la actividad farmacéutica sin tener título o habilitación especial.
La investigación surgió en 2017, a raíz de un monitoreo fiscal y financiero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que se detectaron operaciones de compra de medicamentos por montos muy elevados. En un cruce de datos fiscales y movimientos financieros durante los años posteriores al cierre de la droguería se detectaron importantes diferencias entre lo declarado por Torner –que no tenía actividad declarada ante el fisco– y lo informado por distintos laboratorios que eran proveedores que habían sido proveedores de su droguería. Por ejemplo, facturas y remitos librados por Pfizer SRL, Laboratorios Bagó SA, Bayer SA y Roemmers SA, entre otros laboratorios y droguerías, a nombre de Torner; y otros emitidos por el propio Torner a diversos destinatarios, según contó el sitio Página Judicial.
La droguería había sido habilitada el 9 de febrero de 2009, mediante la Resolución Número 87/09 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y estuvo activa hasta el 1 de octubre de 2014 en que el Ministerio de Salud provincial decretó la suspensión de las actividades y el cierre el 11 de noviembre. La sospecha es que la cadena de distribución de medicamentos continuó más allá de esa fecha y por eso la AFIP denunció una evasión de impuestos estimada en $12.471.374,28 por actividades no declaradas durante los períodos 2015, 2016 y 2017.
En febrero de 2018, en un allanamiento realizado en un galpón ubicado en calle 9 de Julio 593, a pocos metros de Feliciano, se encontraron miles de medicamentos, algunos de venta libre, otros que se venden bajo receta y algunos que solo se pueden comercializar bajo receta archivada. También se encontró una cantidad exorbitante de dinero. Había 3.101.242 pesos, 198.444 dólares estadounidenses y 1.000 euros en cajas y escondrijos en los lugares más insólitos del depósito.
En abril de 2018 se realizó otro allanamiento, esta vez en una precaria vivienda de calle José Rodó 436 donde Torner había reinstalado el negocio, y otra vez se incautaron cientos de cajas con medicamentos de las mismas características. Hubo otro allanamiento en el galpón de calle 9 de Julio 593, en marzo de 2019, donde nuevamente se incautaron cajas con medicamentos que Torner seguía comprando a los laboratorios y revendía.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.