La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) se entrevistó hoy con el titular de la delegación Entre Ríos de la Asociación Pensamiento Penal, el abogado penalista Miguel Cullen, y con la referente de Vidaer, Carla Cusimano, quienes le expusieron los resquemores que ha generado la decisión de la Procuración General de la Provincia de poner reparos a la realización de juicios por jurados cuando se trate de causas por femicidios o abuso de menores.
Como reveló en exclusiva Entre Ríos Ahora, cerca de la Navidad de 2020 los fiscales de la Provincia fueron instruidos para que, previo a elevar a juicio por jurados una causa en la que estén involucrados los delitos de violencia de género, abuso y en los que estén involucrados niños o adolescentes se deberán pedir previamente la opinión de la víctima si quiere someterse a un jurado popular o prefiere que su caso sea juzgado por un juez técnico.
Una instrucción que dio a conocer el martes 22 de diciembre el Consejo de Fiscales -que reúne a los fiscales de coordinación de la Provincia- observó que la Ley de Juicio por Jurados N° 10.746 establece que deberán ser “obligatoriamente juzgados por jurados” los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión, “sin hacer ningún tipo de discriminación o salvedad, y sin prever procedimiento especial para los casos de delitos que tengan connotación de género, violencia contra las mujeres y para los abusos sexuales, incluso aquellos que tengan por víctimas presuntas a niñas, niños y adolescentes”.
En opinión del Ministerio Público Fiscal, en la sanción de la Ley de Juicio por Jurados se “ha pasado por alto” que “existe la posibilidad cierta de revictimización secundaria grave, al colocar a una víctima de violencia de violencia de género y sexual ante la necesidad de brindar su relato y exponer los hechos de los que fue víctima y demás circunstancias de vida relevantes, no ya ante las autoridades especializadas, sino frente a un jurado de doce personas de su propia comunidad”.
Cullen y Cusimano le transmitieron a la diputada Gaillard «su preocupación por la excepción planteada por la Procuración fiscal respecto a que no se aplique el juicio por jurados en delitos de femicidio o abuso sexual, contraviniendo lo dispuesto en la ley provincial que crea el juicio por jurados, que no lo hace por tipos de delitos sino por el monto de la pena cuando fuera por más de 20 años».
Al respecto, dijo la legisladora: «La aplicación plena del juicio por jurados es fundamental para garantizar el derecho a la justicia en tanto servicio público y procesos democráticos que verdaderamente sean reparadores del daño».
La posición de la Procuración fue cuestionada por la Asociación Pensamiento Penal, que salió en defensa de la Ley de Juicios por Jurados y de ese modo reprochó la oposición del Ministerio Público Fiscal. «No sabemos, no lo sabremos hasta que el sistema ruede en la práctica, si el resultado será todo lo promisorio que creemos o todo lo catastrófico que vaticinan quienes descreen de él. Lo cierto es que el resultado positivo o negativo del mismo, tendrá la legitimidad de haber salido del mismo pueblo», señaló la entidad. Y agregó: «La importancia está dada en que las propias personas que nos van a juzgar son también las que sufren hoy por hoy, las consecuencias de las decisiones (acertadas o erradas) de la propia justicia».
En una dura crítica al Procurador General Jorge García, la APP Entre Ríos recordó que la Procuración es el organismo que decide «quién va a ser investigado/a o cuál proceso o persona llegará a juicio o se resolverá de otro modo y de qué modo. Como todas las decisiones del Estado, estas decisiones necesitan también ser controladas, porque de lo contrario podríamos caer en una persecución o discrecionalidad intolerable para quienes militamos un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Dicho control debe estar en manos de las propias leyes que marcan su actuación, por un lado; y por los jueces que deben velar porque se mantenga en sus carriles. Para que se entienda, las leyes le marcan los límites de la actuación y los jueces les exigen dicho cumplimiento. Lo cierto es que (como en este caso), las leyes no les gustan (porque los limitan), critican el sistema legislativo, y los jueces que se animaron a poner algún límite han sido denostados incluso con críticas públicas totalmente indecorosas e irrespetuosas».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora