El abogado Martín Jáuregui se sumó a la representación de la familia de Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena en abril de 2016 y cuyo caso sigue impune. Actualmente, la familia López, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones civiles esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la causa y falle a favor de que se realice un nuevo juicio.
Los únicos imputados que tuvo el caso, y que lograron salir absueltos, fueron Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega.
“Al Estado le conviene reabrir la causa y evitar un juicio”, dijo el abogado con experiencia en demandas por responsabilidad civil del Estado. En su haber cuenta con más de cincuenta demandas ganadas tanto por negligencia en las cárceles como de gatillo fácil.
Por citar un caso conocido mediáticamente, en 2017 el letrado le ganó una demanda al Estado al representar a la familia de Víctor Andrés Rueda, un joven de 18 años, albañil y trabajador de la cosecha de arándanos de Concordia que fue asesinado el 26 de septiembre de 2014, por Carlos Buzzato e Ismael Ramat. Buzzato estaba siendo buscado por las fuerzas de seguridad, ya que estaba prófugo hacía 20 días de la Unidad Penal Nº 3 de Concordia. El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Carlos Rossi, le había otorgado las salidas transitorias en la modalidad socio familiar, es decir, que luego de realizar sus tareas debía volver al penal.
El fin de semana, Gabriel López, hermano de Gisela, informó a través de las redes sociales que recurrieron al abogado Jáuregui y su equipo “a los fines de que estudien el caso de Gisela López, nos den un diagnóstico y, si se puede, nos abran más posibilidades de las que lamentablemente visualizamos hasta este momento”.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el letrado confirmó que comenzó a analizar las diferentes resoluciones del caso y se apoyó en el voto de uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 20 de marzo de 2019, al confirmar las absoluciones, manifestó que fue deficiente la investigación penal preparatoria de la Fiscalía y cuestionó el fallo de la Casación Penal de Paraná, que por mayoría revocó el fallo de primera instancia y abrió la posibilidad de un nuevo juicio.
«De manera inexplicable, el voto de la mayoría de la Cámara de Casación recepta las infundadas argumentaciones del recurso fiscal en lo relativo a la determinación del lugar del hecho y considera de manera apodíctica que los magistrados de grado fraccionaron la prueba científica y sólo tomaron en consideración la información que servía a la hipótesis de que el hecho ocurrió en el lugar en que halló el cadáver de Gisela López, pero no se explica por qué no se ponderaron otros datos que indican como posible la hipótesis de la acusación y cuestionan la utilización de elementos de juicio de valor neutro para despejar este extremo fáctico», dijo entonces el vocal Miguel Ángel Giorgio.
Al respecto, Jauregui sostuvo: “Estoy analizando los diferentes pronunciamientos y me hizo mucho ruido el voto del vocal Miguel Giorgio en el último pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. Allí analiza la intervención del Ministerio Público Fiscal y entiende claramente la negligencia de la investigación penal preparatoria. Dice que la Fiscalía no tienen certeza del lugar del hecho y que la deficiencia probatoria quedó corroborada en el fallo de primera instancia. Además, critica el recurso de casación y el fallo de Casación Penal”.
En esa línea, el letrado puso énfasis en el rol de la Fiscalía: “Acá la responsabilidad es de la Fiscalía. Lo más grave del caso es que desde Fiscalía le habrían manifestado a la familia López que no soliciten querella porque ellos eran autosuficientes. Ahora, en la instancia en que está la causa no se puede nombrar un querellante. El plazo para hacerlo es del auto de apertura hasta el auto de elevación a juicio”.
En ese marco, explicó que su rol en el expediente estará enfocado a dos posibles alternativas: la reapertura de una nueva investigación y una demanda por responsabilidad del Estado, por presunta negligencia en la etapa investigativa.
“Veo muy difícil que el tema se dé vuelta en la Corte porque precisamente una parte el Estado, a través de su máximo organismo jurisdiccional (NdelaR: el STJ), expresó que la investigación penal del Ministerio Público Fiscal fue deficitaria. El Estado, siguiendo las convenciones internacionales en materia de violencia de género, tendría que haber potenciado los recursos para investigar, y no lo hizo. Eso provoca una responsabilidad internacional del Estado de Entre Ríos. Es decir, la víctima tiene la posibilidad de accionar contra el Estado. Al Estado le convendría reabrir el caso para evitar un juicio”, explicó Jáuregui.
Finalmente, respecto de la posibilidad de abrir otra investigación, sostuvo: “Estoy analizando casos de Norteamérica, donde hay antecedentes. Desde el punto vista jurídico tenemos como último salvavidas ver el recurso de la revisión: hay que volver al lugar de los hechos y volver a hablar con la gente porque para la reapertura hay que incorporar elementos nuevos que no hayan sido tenidos en cuenta en la primera causa. Mi energía se va a concentrar en ello”.
El caso
Gisela López desapareció la noche del viernes 22 de abril de 2016 a la salida de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Padre Fidel Olivera, de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz, a 150 kilómetros de la capital provincial. Dieciocho días más tarde, el 10 de mayo, fue encontrada asesinada en un descampado conocido como El Bajo, sobre la avenida Presidente Perón, cerca de su casa, en el barrio 120 Viviendas.
Un año después se realizó el debate oral y público, al que llegaron como únicos acusados Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, los absolvió al entender que no había pruebas contra los imputados.
El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo ante la Cámara de Casación Penal que el 25 de abril de 2018 anuló la sentencia absolutoria y ordenó hacer un nuevo juicio. Sin embargo, el defensor de los acusados, el abogado Roberto Alsina, presentó un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ, que el 20 de marzo de 2019 confirmó el fallo absolutorio de primera instancia. Daniel Carubia y Miguél Ángel Giorgio fueron quienes votaron por la confirmación del fallo absolutorio de primera instancia, mientras que Claudia Mizawak se había expresado en disidencia, es decir, a favor de que se realice un nuevo juicio.
El 3 de julio de ese año, la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia concedió el recurso extraordinario federal para que el caso por el femicidio de la santaelenense llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia (presidente), Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio.
Foto portada: Nicolás Ríos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora