El nuncio apostólico en Argentina -que representa diplomáticamente al Vaticano-, el polaco Miroslaw Adamczyk, fue citado para este jueves a una audiencia de mediación en el marco de la demanda civil que inició un grupo de víctimas de los abusos a los que los sometió el cura Justo José Ilarraz cuando eran adolescentes y cursaban el secundario como pupilos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, de Paraná. Ilarraz ya fue condenado en el fuero penal a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores, y ahora debe enfrentar una demanda civil.
No sólo está demandado civilmente el cura Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario y fundador de la Librería San Francisco Javier, que funciona en el Arzobispado, sino también la cúpula de la Iglesia de Paraná: el actual arzobispo Juan Alberto Puiggari, y el ahora cardenal y arzobispo emérito Estanislao Esteban Karlic. También, los sacerdotes Mario Gervasoni, ladero de Puiggari y condenado en la Justicia por falso testimonio, y Gabriel Battello, que en el juicio a Ilarraz admitió conocer los abusos aunque jamás los denunció.
El cardenal Estanislao Karlic está representado por el abogado Marciano Martínez; el arzobispo Juan Alberto Puiggari, por Mario Martínez; Ilarraz, pro el tucumano Jorge Muñoz. Los representantes legales de Karlic y Puiggari han dicho que los jerarcas católicos han dado vuelta sus bolsillos y que no hay nada para repartir. Que no pueden responder a la demanda civil. Por eso, la abogada Evangelina Bartoli, que representa a las víctimas, acudió a la Santa Sede, para que sea el jefe máximo de la Iglesia, el Papa Francisco, quien responda por las tropelías de uno de los suyos. Lo representará a Jorge Bergoglio el nuncio apostólico.
La notificación al cardenal polaco le fue cursada a través de una carta documento que le envió el mediador Iván Alejandro Pesuto. El texto fue enviado a la Nunciatura en Argentina a mediados de diciembre último. Pesuto espera contar con el testimonio del nuncio en una audiencia por la plataforma Zoom que tendrá lugar este jueves 4, a las 17.
El último jueves 3 de diciembre se concretó la tercera audiencia de mediación, y tras la ausencia en las dos primeras, esa vez participó el abogado de Ilarraz, Jorge Muñoz. En esas audiencias, la Iglesia de Paraná ha hecho saber que no está en condiciones de hacer frente a un resarcimiento económico para las víctimas, y sólo han manifestado que estarían en condiciones de dar acompañamiento terapéutico. Frente a esa posición renuente, la abogada Bártoli le pidió al mediador Pesuto que acuda más arriba en la línea jerárquica de la Iglesia y por eso este jueves intervendrá de la mediación el nuncio apostólico.
Sin cárcel
El tribunal que condenó a Ilarraz en 2018 a 25 años de cárcel -de momento, está con prisión preventivo, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná- planteó en sus fundamentos, contenidos en 327 páginas, que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.
En 2019, la Cámara de Casación Penal, al confirmar la condena, le asestó un duro golpe a la Iglesia de Paraná por haber encubierto los abusos del cura Ilarraz en el Seminario. En su voto, el juez Alejandro Cánepa explicó que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
También el fallo de Casación fustigó la investigación interna que ordenó el entonces arzobispo Estanislao Karlic en 1995 y que derivó en la sanción del destierro para Ilarraz tras probarse los abusos cometidos. “Las personas a quienes les fue confiado el ´secreto´ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”. Y agrega: «Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado (Karlic y el arzobispo actual Juan Alberto Puiggari), más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños”.
El caso tuvo una tercera resolución, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en marzo de este año confirmó lo resuelto por los tribunales inferiores, aunque con voto del juez Bernardo Salduna el alto cuerpo receptó un recurso extraordinaria de la defensa de Ilarraz y mandó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo de prescripción.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora