El concurso preventivo de El Diario, que se abrió en 2018 después de haber despedido a más de 80 trabajadores sin pagarles indemnización, ingresó otra vez en etapa de zozobra. El jueves 4 venció el plazo para que Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) presentara una propuesta de pago a sus acreedores, entre ellos los despedidos en 2018.
SAER presentó ante el juez del concurso, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia, un pedido de postergación de ese plazo, y además reunió una serie de voluntades de aceptación de una propuesta de cancelación de las deuda que consiste, básicamente, en pagar el 70%, sin intereses, en un plazo de cinco años, en cinco cuotas iguales, anuales y consecutivas. Y para los «créditos privilegiados», entre éstos, los extrabajadores despedidos, pagar el 70% sin ningún tipo de interés, con una entrega de $20 mil a cada acreedor, a pagar dentro de los 30 días de homologado el acuerdo en la Justicia; el resto, se pagará en cuotas mensuales a partir de un monto de $1 millón a repartir entre todos los acreedores.
La oferta empresarial ya fue aceptada, entre otros, por el Sindicato de Prensa de Entre Ríos; Andrés Arias, el abogado de SAER que en 2018 firmó los telegramas de despido de los 80 empleados; Construcciones del Paraná, la empresa «fantasma», eje de la denuncia de Dolores Etchevehere contra su familia por estafa. La investigación, que está en manos del juez de Transición Carlos Ríos, investiga el mecanismo de vaciamiento de El Diario en beneficio de una parte de los Etchevehere y del financista Walter Grenón, quien manejó el matutino entre 2010 y 2012; y Germán Buffa, que supo integrar el directorio de SAER, y está involucrado en la denuncia por estafa que formuló Dolores Etchevehere. Buffa, además, debe enfrentar un juicio en el que está también involucrado el exministro de Cultura, Pedro Baez, por manejo amañado de la pauta oficial. Alguna vez, la fiscal Matilde Federik calificó a Buffa como «testaferro» de Báez.
La oferta, claramente, resulta desventajosa para buena parte de los 80 despedidos en 2018 a quienes no se les pagó indemnización y ahora, tres años después de la desvinculación, podrían comenzar sus deudas salariales a razón de $20 mil el primer mes. Pero si SAER reúne las voluntades necesarias, el paso que sigue será la homologación judicial de ese acuerdo, y evitar así el camino de la quiebra.
Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la nave insignia que fuera de la familia Etchevehere, donde ahora tienen posición minoritaria, ha pasado por diferentes manos. En 2010, el financista Walter Grenón se quedó con el 60% de las acciones tras la venta de su participación de los hermanos Ivan y Arturo Roosvelt Etchevehere. La decisión ocurrió a la muerte de su otro hermano, Luis Félix, en 2009, último director de El Diario que representó a la familia.
Grenón se quedó hasta 2012 y en el ínterin protagonizó una serie de maniobras que en la Justicia se investigación ante el supuesto delito de vaciamiento: en connivencia con Leonor Barbero Marcia, viuda de Luis Félix Etchevehere, y sus tres hijos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y con participación de una empresa fantasma, Construcciones del Paraná, habrían transferido bienes de SAER.
Esa es lo que se investiga en la causa penal que tramita el juez Carlos Hugo Ríos, titular del Juzgado de Transición N° 1 de Paraná, y donde el 19de este mes Leonor Barbero Marcial está citada a declaración de imputada. Ya declararon sus tres hijos -Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere- y varios ejecutivos de SAER.
Mientras, el concurso preventivo de El Diario, que está a cargo del juez Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 y que incluye la demanda de 307 acreedores que reclaman el cobro de $178 millones, no encuentra cauce. La última audiencia que citó el juez Moia, el 28 de agosto de 2020, sirvió para que Rodolfo Alico, gerente de El Diario -llegó cuando el matutino estaba bajo el control de El Litoral de Santa Fe, y se quedó para siempre- pidiera una prórroga del concurso y expusiera ante el magistrado una serie de buenos deseos que, al final, no se han cumplido.
El Diario pidió 90 días de prórroga del concurso preventivo, para, en palabras de Alico en la audiencia ante el juez Moia, «apalancar» el producto, reposicionarlo en el mercado y ganar en anunciantes. «Mantener la compañía operativa nos va a permitir tener una clara visualización de la recomposición del mercado privado. Esa es la expectativa. El producto ha cambiado, sobre todo la edición de domingo, que es a la que apostamos», dijo entonces. Los deseos a veces chocan con la férrea pared de la realidad: la empresa ni siquiera ha podido cumplir con el pago en tiempo y forma de los salarios de la plantilla de empleados que quedó luego del desguace de 2018.
Ese plazo de prórroga se cumplió este jueves 4, y si el juez Moia no accede a un nuevo pedido de postergación del cierre del concurso, sobrevendrán los pedidos de quiebra sobre El Diario. Las gestiones de SAER, claro, apuntan en sentido contrarios: reunir avales para la oferta que hizo, y evitar el mal trago de una quiebra.
Aunque esa parece una salida improbable en función de los intereses que han comenzado a rodar.
Un abogado rosarino, Alexis Weitemeier, que se presentó como representante de los nuevos dueños de El Diario, tanteó a los trabajadores despedidos con una oferta de pago de la indemnización que se ubicó bastante lejos de las expectativas. El letrado dijo hablar por boca de sus patrones, que serían los empresarios Gustavo Scaglione y Orlando Vignatti, dueños de La Capital, de Rosario.
Scaglione es dueño de Canal 3 y Radio 2 de Rosario, y en la operación de compra de La Capital, en 2019, participó junto a Nahuel Caputto, de El Litoral. Según publicó el sitio especializado Puntobiz, la trasnferencia incluyó los diarios Uno de Santa Fe y Paraná, las radios LT8, FM del Siglo y La Red y la agencia de publicidad en vía pública Metrópolis.
Los nuevos inquilinos que piden pista en las oficinas del histórico edificio de Buenos y Urquiza buscan, antes de poner pie, allanar el camino en la Justicia y resolver el concurso. Y para eso, ya han juntado voluntades, aún entre actuales y exempleados de El Diario. Incluso, un Etchevehere, acreedor de su propia empresa, dio su consentimiento al acuerdo que pondrá fin al concurso judicial.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora