“Regalaron bienes del Municipio sin una norma que los avale”
De ese modo se refirió la Fiscalía cuando resumió la acusación contra el exintendente de Crespo y actual coordinador de Inversión Pública de la provincia, Ariel Robles (PJ), quien comenzó a ser juzgado este lunes por el supuesto delito de peculado. Es en el marco de un expediente en el que se investigó la presunta distribución de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”.
También están acusados la exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel. Para Robles hay un pedido de pena de 4 años de cárcel y para sus exfuncionarios de 3 años y 6 meses de cárcel.
La causa se inició tras una denuncia del actual intendente de la localidad, Darío Schneider (Cambiemos).
La audiencia -que tendrá continuidad toda esta semana- fue presidida por el juez Pablo Vírgala y es acompañado por Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo. Por la acusación, los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano; y los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorellli.
En su alegato de apertura, la Fiscalía reiteró que en la causa hay prueba contra los imputados por haber desplegado una maniobra de entrega de materiales con fines proselitistas. En tanto, la defensa dijo lo contrario: planteó que se probará que fueron acciones sociales con respaldo documental a personas con necesidades.
A Robles, Winderholler y Waigel se les endilga haber autorizado “de forma reiterada y sistemática la entrega de materiales de construcción, mediante desagregadas compras directas por un monto total de $953.227”, que surgieron tras solicitudes que realizaron diferentes habitantes en el área de Acción Social del municipio. Esa maniobra, según la Fiscalía, habría sucedido en el período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, antes de las elecciones de octubre de ese año.
Según la tesis acusatoria, los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
Los alegatos
En su alegato de apertura, el fiscal Bongiovanni sostuvo que “la irregular utilización de los fondos tuvo un claro fin proselitista hacia al advenimiento de las elecciones de 2015, en la que Robles pretendía revalidar su gestión ante el municipio”.
En esa línea, aseveró que los imputados «aprovecharon la posición institucional de poder para validar y motivar un mecanismo no regulado y, en consecuencia, ilegítimo de transferencia gratuita de bienes, hacia terceros, pretendiendo amparar esa conducta en prestaciones sociales”. Al respecto, agregó: “Se dispusieron de fondos públicos como si fueran bienes propios. Le regalaron bienes del municipio sin ninguna norma que lo avale”.
Finalmente, expresó que “se trata de un caso de corrupción política, cuya naturalización en el día a día termina legitimando cualquier acción del Estado y perjudica al erario público”.
A su tiempo, el abogado de los imputados, Miguel Ángel Cullen, sostuvo que la imputación de la Fiscalía “mutó” respecto de la formulada en 2018, cuando se elevó la causa a juicio. “Dicen que no había nada y que se otorgaban subsidios de forma arbitraria, sin respaldo del sector de asistencia social. Aquí van a declarar los trabajadores sociales que prueban que sí lo había”, dijo.
“La prueba está a la vista. Cada uno de los expedientes respalda cada una de las acciones sociales que estableció el Municipio. El accionar se encontraba perfectamente establecido y reglamentado. La Fiscalía no va a poder probar lo que menciona. Tampoco van a poder probar esta suerte de aumento en las asignaciones sociales a medida que se acercaban las fechas de las elecciones de octubre de 2015”, añadió Cullen.
Al finalizar, sostuvo que “se va a probar la licitud absoluta del cumplimiento estricto de las funciones de un estado social de derecho. No va haber otro camino que la absolución de los tres coimputados”.
Testigos
La Fiscalía indicó que durante el juicio se escuchará como testigos al actual intendente Darío Schneider; quien dará cuenta de la instrucción sumarial que ordenó realizar al asumir, en 2015; Lilian Caballero, actual secretaria Legal y Técnica del Municipio de Crespo. Fue la encargada del sumario administrativo que, para la Fiscalía, desentrañó la operatoria irregular; Daniel Jacob, actual secretario de Economía y Hacienda, que también advirtió la presunta maniobra; Ana María Jacobi, trabajadora social; Mariela Hildermann, exviceintendenta de Crespo y expresidenta del Concejo Deliberante, quien, según la Fiscalía, declarará “que no tuvo intervención formal sobre la entrega de materiales”; la contadora Carolina Galuccio, de la Unidad Ejecutora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que realizó el informe contable requerido por la gestión de Schneider.
También comparecerán trabajadores del área de Acción Social y Desarrollo Social del municipio, que tramitaron las solicitudes de subsidios durante la gestión Robles; como así también el contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora