En la primera jornada del juicio al exintendente de Crespo y actual coordinador de Inversión Pública de la provincia, Ariel Robles (PJ), por el supuesto delito de peculado, declararon cinco testigos: dos funcionarios de Cambiemos, una exviceintendenta de la misma fuerza y dos empleadas municipales. La audiencia tuvo una duración de más cinco horas.
El debate continuará este martes, desde las 15, con la declaración de otros cinco testigos.
En el juicio se discute la presunta distribución -por parte de Robles y otros dos funcionarios- de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”. La causa se inició en 2016, tras una denuncia del actual intendente de la localidad, Darío Schneider (Cambiemos).
La tesis de los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani es que existió un sistema de entrega de materiales de construcción con un fin proselitista. Afirman que se entregaban elementos a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 03/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
En tanto, los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, sostienen que la gestión de Robles realizó acciones de ayuda social y que redujo la distribución de materiales antes de las elecciones de octubre de 2015 para que no se “confunda” o “politicen” dichas acciones.
En la causa también están acusados la exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel. Para Robles hay un pedido de pena de 4 años de cárcel y para sus exfuncionarios de 3 años y 6 meses de cárcel.
Tras los alegatos de apertura, cinco testigos declararon ante los jueces Pablo Vírgala, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo.
Los primeros testigos
La abogada y actual asesora legal del municipio de Crespo, Lilian Caballero, fue la primera testigo en responder las preguntas de la Fiscalía y la defensa.
La funcionaria de Cambiemos afirmó que “cuando estábamos en períodos electorales, en la ciudad se comentaba que había camiones de corralones yendo a casas particulares a entregar materiales”.
Y señaló que cuando asumió la gestión de Cambiemos, detectaron “órdenes de pago de materiales que iban dirigidos a particulares y que era una deuda flotante que había quedado de la gestión anterior”.
Mencionó también que se realizó la apertura de una instrucción sumarial y una auditoría externa – a través de la Universidad Nacional del Litoral- en la que se registraron irregularidades en la compra y entrega de los materiales a particulares.
Sobre las compras de los materiales para quienes los solicitaban, aseguró que “no había informes socioeconómicos en el que se detalle por qué se entregaban materiales a esas personas”.
Asimismo, sostuvo que “cuando se acercaban las elecciones esas entregas se cortaron, porque en los medios de comunicación se estaba haciendo mucho ruido con eso”. Sin embargo, se retractó de su comentario cuando el abogado Miguel Ángel Cullen le pidió que aclarase si el comentario era su interpretación.
Luego fue el turno de Hernán Jacob, actual secretario de Economía, Hacienda y Producción del municipio. El funcionario no agregó demasiado al caso, ya que sólo dio cuenta de cómo encontraron facturas impagas emitidas por corralones de la zona.
“Encontramos una serie de deudas a pagar que nos llamó la atención. Era una situación de deuda abultada. Rondaba los $12 millones de deuda flotante, en un presupuesto de $170 millones. Representaba el 8% de la deuda flotante. El intendente me preguntó qué eran esas facturas de corralones, que tenían escrito un domicilio, un nombre de entrega y, en muchos casos, un teléfono de contacto. A los materiales no los recibía la municipalidad, sino un particular”, aseveró.
Luego el funcionario comentó que, en la gestión que integra, para entregar materiales a personas que lo necesitan, primero realizan un informe socioambiental, a cargo de una asistente social. Y consideró que durante la gestión de Robles no se cumplió ese paso, ya que consideró que las planillas presentadas ante la solicitud de materiales no eran informes socioambientales.
A su tiempo, Mariela Hilderman, exviceintendenta de Crespo durante el período 2015-2019 –es decir, en la gestión del radical Darío Schneider-, sólo confirmó que el 16 de noviembre de 2016 elevó al Departamento Ejecutivo un pedido de informe por la compra de materiales para la construcción durante el período 2014-2015, es decir, durante la última parte del gobierno de Robles.
Luego fue el turno de Ana María Jacobi, una trabajadora social que trabajó un período en la Dirección de Desarrollo Social durante la gestión Robles. La mujer dio cuenta de cómo era el procedimiento para la entrega de materiales a las personas que lo requerían. “Yo le enviaba un mail al encargado del obrador, él hacía la carga de la solicitud y se seguía su trámite. Nosotros no hacíamos informes, hacíamos una fichita y enviábamos por mail la lista de materiales que se solicitaban. En la ficha se recababan los datos socioeconómicos de la familia y algunos detalles de la vivienda, de salud y situación socioeconómica”, explicó al Tribunal.
Por último, declaró Irene Erhardt, una administrativa de Desarrollo Humano del municipio (exDirección de Acción Social). La empleada dijo que durante la última parte del gobierno de Robles estuvo a cargo del programa Pro Huerta, los programas alimentarios y de la entrega de materiales.
En su exposición, contó que “la orden que había era que las personas que llegaban a solicitar materiales hicieran una nota dirigida al intendente Robles y la dejaran en mesa de entrada”.
Su declaración terminó cuando recordó que en 2016 se abrió la instrucción sumarial. Dijo que entonces sufrió mucho estrés porque la gestión de Cambiemos le exigió ordenar los documentos de la gestión Robles al mismo tiempo que continuaba atendiendo a las personas que llegaban a solicitar ayuda al municipio.
En ese punto, la testigo recordó la situación entre sollozos: “Pasé por mucho estrés cuando me pidieron que haga fotocopias de los legajos. Me mandaron a hacerlo a una librería, siendo que en el municipio había tres fotocopiadoras. Tenía que desenganchar fichas y notas que estaban en una caja de resmas. Material de diciembre de 2014. Iba desarmando los legajos, los dejaba en la librería y tenía que seguir atendiendo a la gente. En un momento iba a llamar a un escribano o a un medio de comunicación. Incluso pensé llamar al secretario de Gobierno actual o al anterior. Era como que me había excedido de estrés. Después me llamaron para dar explicaciones y estaba nerviosa. Fue tan estresante tener todo eso. A mí me tenían al mismo tiempo con todos los papeles y atendiendo a la gente. Además, a las preguntas me la hacían tan rápido que me confundían”.
Tras ello, y ante la falta de preguntas de las partes, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15 cuando declaren otros 5 testigos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora