“Este juicio de cuya fecha nos notificamos en las últimas horas es la oportunidad que estábamos esperando para demostrar nuestra inocencia”.
De ese modo, el exgobernador y actual embajador en Israel se refirió a la decisión de la Justicia de ponerle fecha a la megacausa que irá a juicio a partir del 16 de septiembre próximo y se extenderá hasta el 16 de noviembre, y en la que se lo juzgará, junto a otros exfuncionarios de su gobierno, en tres causas: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
Son tres expedientes judiciales. El N° 11.808, cartulado «Urribarri, Sergio Daniel; Báez Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix;Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel s/Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública»; N°4385, caratulado «Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel, Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; Peculado y Defraudación a la Administración Pública»; y N° 6.399, caratulado «Urribarri, Sergio Daniel; Báez Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
Respecto de las acusaciones en su contra, que abarcan también a exfuncionarios y a empresarios, Urribarri sostuvo: “Se le ponen nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que muchas veces no se condicen con la realidad. En este caso, le dicen en algunos medios ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investigan cosas muy sencillas que se hacen en todos los gobiernos y que nosotros hicimos dentro de la legalidad y con el contralor de los organismos que establece la Constitución, que no realizaron ninguna observación”.
“Se trata en general de carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos en las rutas de la Provincia difundiendo distintas acciones y obras; una solicitada que publicamos en medios nacionales; spots publicitarios que realizamos para promocionar a la provincia en ocasión de la Cumbre del Mercosur que para los fiscales son una promoción de mi figura sin ninguna prueba que lo acredite; y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica, que fue parte de una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”, resumió el ex gobernador.
“No quiero adelantar la que será nuestra estrategia defensiva en el juicio, pero quiero que sepan los entrerrianos de qué se está hablando, qué es lo que se está investigando realmente y también que obramos dentro de la ley y así lo vamos a demostrar”, concluyó Urribarri.
El Tribunal que conforman los camaristas José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón fijó las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Por tres
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano».
La «causa de la vaca» es el resultado de un trabajo de peritaje que comprobaría que durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri, su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, contrató el servicio de instalación de cartelería publicitaria en las rutas de la provincia, y uno de los contratados resultó ser el cuñado Juan Pablo Aguilera, con la empresa que se le atribuye, Tep SRL.
El modo de justificar que aquellos carteles efectivamente se instalaron en aquellos puntos de la provincia que se había contratado fue mediante la captura de imágenes fotográficas, que, como prueba, se incorporaba al expediente de pago. Pero la sospecha que se instaló no bien se inició la investigación penal es que las fotos tenían una sospechosa coincidencia: eran todas prácticamente iguales, con apenas retoques para diferenciarlas a unas de otras de un modo torpe.
Durante una audiencia que tuvo lugar en Tribunales el fiscal Santiago Brugo hizo un comentario hilarante que, con el tiempo, resultó ser una prueba incontrastable de las irregularidades en esas contrataciones. «Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, dijo Brugo.
La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 las órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno “simulando” que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye “falsedad ideológica”.
El dictamen que emitió en septiembre de 2016 la fiscal Yedro es lapidario, y alcanzó a Urribarri, Báez, Aguilera y también al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.
Báez y Tamay están imputados en la causa “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
El último expediente es la causa en la que se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Germán Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora